SEGUNDA SEMANA

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• SEGUNDA SEMANA
• LA ACCION PENAL

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LA ACCION PENAL

• El derecho de la acción penal es un derecho
  fundamental, que les asiste a todos los sujetos
  del derecho, y que se ejercita mediante la puesta
  en conocimiento del Juez Penal de una notitia
  criminis haciendo surgir en el órgano
  jurisdiccional la obligación de dictar una
  resolución motivada y fundada sobre su inadmisión
  o sobre la finalización del proceso penal.

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• La acción penal como un derecho
• El derecho de acción penal es un auténtico
  derecho fundamental previsto en el derecho a la
  tutela judicial efectiva (consagrado en el
  artículo 139º inciso 3. del art. 139º de la
  Constitución Política).
• Es el acceso libre a los órganos de jurisdicción
  penal a fin de obtener de ellos una resolución
  motivada, fundada en derecho, congruente con la
  pretensión penal e incluso de ser posible el
  archivo del proceso por ausencia de alguno de los
  presupuestos que condicionan la apertura del
  propio procedimiento.

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• Titularidad de la acción penal
• La acción penal asiste a todos los sujetos de
  derecho que cumplan los requisitos de capacidad.
• Se distinguen los siguientes supuestos
• El Ministerio Fiscal El Ministerio Público
  tiene el deber de ejercitar la acción penal ante
  la sospecha de la comisión de un delito público.
• Las personas jurídicas La capacidad de las
  personas jurídicas en el ejercicio de la acción
  penal, es discutida, pero en España el Tribunal
  Constitucional ya se pronunció al respecto,
  señalando que las personas jurídicas pueden ser
  acusadoras populares.

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• Las personas físicas La capacidad de las
  personas físicas es amplísima, pueden dividirse
  en públicas (acciones populares) y privadas
  (acciones de querellas por ofensa y otras que
  señale la ley).
• Contenido
• La acción penal se ejercita mediante la puesta en
  conocimiento de un órgano jurisdiccional de una
  notitia crimins, quiere decir que sólo serán
  denunciados hechos con relevancia penal.

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• Objeto
• El objeto de la acción penal, no consiste en
  obtener la actuación del derecho de penar del
  Estado sino tan sólo de provocar la incoación
  del proceso penal en orden a obtener una
  resolución motivada y fundada que ponga fin al
  procedimiento.

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EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL

• El numeral 1) del Artículo 2º del nuevo Código
  Procesal Penal que El Ministerio Público, de
  oficio o a pedido del imputado y con su
  consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la
  acción penal (...)
• no todo consentimiento del imputado implica el
  reconocimiento de culpabilidad. Pues, a lo
  expuesto, añadimos que el asentimiento del
  investigado para la aplicación del Principio de
  Oportunidad puede obedecer a diversas causas,
  como por ejemplo para evitarse un engorroso
  trámite judicial. Sin embargo, tomemos esto con
  pinzas, este criterio no es genérico, puesto que
  por ejemplo en los casos de lesiones derivadas
  de un accidente de tránsito por colisión de dos
  vehículos, en los que la responsabilidad de los
  involucrados resulta siempre discutida, no
  podemos pretender para la procedencia del trámite
  de la Oportunidad el reconocimiento de

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• culpa por parte de aquéllos, bastará aquí la
  intención de tratar de llegar a un acuerdo
  respecto a los gastos de atención médica,
  curación, rehabilitación, etc. En cambio, en
  otros supuestos, como en los delitos de
  conducción de estado de ebriedad, donde la
  responsabilidad se encuentra acreditada
  fehacientemente (con el resultado del Certificado
  de Dosaje Etílico), el reconocimiento de culpa es
  requisito esencial, ya que de lo contrario, el
  Principio de Oportunidad no sería más que una
  puerta abierta para la impunidad, vulnerándose
  los fines del Derecho Penal. A lo que debe
  añadirse, la tutela de los derechos de defensa y
  presunción de inocencia del imputado.
• Ahora bien, en cuanto a la abstención del
  ejercicio de la acción penal , ésta consiste en
  una disposición emitida por el Fiscal que conoce
  el caso, por la cual decide la no formulación de
  denuncia penal ante el Juez competente o el
  pedido del sobreseimiento de la causa, cuando el
  hecho ya

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• se encontrara ventilando en instancia judicial,
  pero
• sólo hasta antes de formularse acusación.
• PRESUPUESTOS LEGALES
• Seguidamente, se enuncian los presupuestos o
• criterios de oportunidad, doctrinalmente
  distinguidos
• en la Falta de Necesidad de Pena y Falta de
• Merecimiento de Pena. El Principio de Oportunidad
• operará, pues, sólo en los siguientes casos
• Afectación Grave del Agente
• Cuando el agente haya sido afectado gravemente
  por
• las consecuencias de su delito (culposo o doloso)
• sancionado con pena privativa de libertad no
  mayor
• de 4 años, y la pena resulte innecesaria.
• Este es el supuesto de Falta de Necesidad de Pena
  

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• ya que la imposición de una sanción al autor de
  un hecho ilícito deviene en innecesaria por
  razones de humanidad y proporción, en vista que
  aquél ha sufrido de un daño físico o espiritual
  de consideración como consecuencia de su propio
  accionar delictivo.
• Delitos de Mínima Afectación al Interés Público
• Cuando se trate de delitos que no afecten
  gravemente el interés público, que se encuentren
  sancionados con una pena privativa de la libertad
  mínima no mayor de 2 años.
• El Delito de Bagatela es aquél que por su poca
  frecuencia o insignificancia no constituye una
  seria afectación al interés público, no
  repercutiendo trascendentemente sus efectos, por
  ende, en la Sociedad.
• Mínima Culpabilidad del Agente
• Cuando conforme a las circunstancias del hecho y
  las

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• condiciones personales del denunciado, el Fiscal
  aprecie la concurrencia de atenuantes como el
  Error de Tipo, el Error de Comprensión
  Culturalmente condicionado, la Tentativa, la
  Atenuación de la Pena, la Responsabilidad
  Restringida, la Complicidad y advierta que no
  existe ningún interés público gravemente
  comprometido en su persecución, teniendo en
  cuenta, además, que el hecho no se encuentre
  sancionado con más de 4 años de pena privativa de
  libertad.
• Tanto el supuesto de los Delitos de Mínima
  afectación al Interés Público como el de Mínima
  Culpabilidad del Agente corresponden al Criterio
  de Falta de Merecimiento de Pena, exigiéndose
  para la procedencia del Principio de Oportunidad
  que el agente haya reparado los daños y
  perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el
  agraviado en tal sentido.
• Se exige que el delito no haya sido cometido por
  funcionario público en el ejercicio de su cargo.

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• PROCEDIMIENTO
• En adelante el nuevo Código Procesal Penal nos
  acerca al PROCEDIMIENTO del Principio de
  Oportunidad, tanto a nivel Fiscal como Judicial.
  Marcándose claramente los Criterios de
  Oportunidad que nuestra legislación adopta,
  sumándose a los tres supuestos previamente
  explicados (Afectación Grave del Agente, Delitos
  de Bagatela y Mínima Culpabilidad del Agente) una
  taxativa relación de delitos, para los cuales se
  exige condiciones especiales, a fin de
  ubicárseles dentro de los alcances para al
  aplicación de la oportunidad.
• El Trámite del Principio de Oportunidad se inicia
  de la siguiente manera
• El Fiscal al tomar conocimiento de un hecho
  ilícito (sea por sí mismo, por denuncia de parte
  o informe policial) y apreciando suficientes
  medios probatorios

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• que acrediten su existencia, así como la
  vinculación del imputado con su comisión, y los
  supuestos previstos en el Artículo 2º del Código
  Procesal Penal, de oficio o a solicitud del
  imputado
• 1. Dispondrá la pertinencia para el inicio del
  trámite del Principio de Oportunidad, citando al
  investigado y al agraviado con el fin de realizar
  una DILIGENCIA DE ACUERDO, cuyo desarrollo
  constará en acta.
• Si el agraviado no asiste a la diligencia el
  Fiscal podrá determinar el monto de la reparación
  civil que corresponda.
• Si el imputado y la víctima no llegan a un
  acuerdo sobre el plazo para el pago de la
  reparación civil el Fiscal fijará el plazo, que
  no podrá exceder de 9 meses.
• Si los involucrados arriban a un acuerdo y éste
  consta en instrumento público o documento privado
  legalizado notarialmente No será necesario
  llevar a

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• cabo la diligencia de Acuerdo.
• 2. Una vez arribado el acuerdo y satisfecha la
  reparación civil el Fiscal expedirá una
  DISPOSICIÓN DE ABSTENCIÓN.
• La Disposición de Abstención impide (bajo
  sanción de nulidad) que otro Fiscal pueda
  promover u ordenar que se promueva acción penal
  por una denuncia que contenga los mismos hechos.
• Si se hubiera fijado un plazo para el pago de la
  reparación civil se suspenderán los efectos de
  la Disposición de Abstención hasta su efectivo
  cumplimiento.
• Si el obligado no cumpliera con el pago de la
  reparación civil se dictará Disposición para la
  Promoción de la acción penal, la cual no será
  impugnable.
• Si el imputado cumpliera con cancelar el total
  del monto de la reparación civil o el acuerdo al
  que haya

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• arribado con las víctimas.
• Facultad Adicional del Fiscal
• Aquí debemos de hacer un alto, pues el numeral 5)
  del artículo segundo bajo tratamiento, nos
  presenta una singular innovación, que consiste en
  la facultad que se otorga al Fiscal para que (en
  la Disposición de Abstención) imponga una sanción
  adicional al imputado, independientemente de la
  reparación civil a la que éste se hubiere
  comprometido, solicitando su aprobación al Juez
  competente. Medida que encuentra su justificación
  en el grado de responsabilidad del agente y en la
  tutela del interés público.
• De tal manera que, señala el código, si el Fiscal
  considera imprescindible, para suprimir el
  interés público en la persecución, sin oponerse
  a la gravedad de la responsabilidad, imponer
  adicionalmente (1) el pago de un importe a favor
  de una institución de interés social o del Estado
  y (2) la aplicación de las reglas de conducta,
  como la prohibición de

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• frecuentar determinados lugares prohibición de
  ausentarse del lugar donde reside sin
  autorización del Juez, comparencia mensual, entre
  otras previstas en el artículo 64º del Código
  Penal, solicitará la aprobación de la abstención
  al Juez de la Investigación Preparatoria, el que
  la resolverá previa audiencia de los interesados.
  
• Criterios de Oportunidad Adicionales
• Como lo hicimos notar, líneas adelante, el
  legislador ha optado por especificar los tipos
  penales a los cuales el Fiscal puede aplicar el
  Principio de Oportunidad, independientes a los
  tres supuestos tratados anteriormente.
  Estableciendo, asimismo, las condiciones
  especiales que deben de presentar para su
  procedencia.
• Es así que, el numeral 6) del artículo segundo
  del nuevo código adjetivo penal señala que
  procederá un acuerdo reparatorio en los delitos
  previstos y

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• y sancionados en los artículos 122º (Lesiones
  Leves), 185º (Hurto Simple), 187º (Hurto de Uso),
  189-Aº primer párrafo (Hurto de Ganado), 190º
  (Apropiación Ilícita), 191º (Sustracción de Bien
  Propio), 192º (Apropiación Ilícita - Formas
  Atenuadas), 193º (Apropiación de Prenda), 196º
  (Estafa), 197º (Defraudación), 198º (Fraude de la
  Gestión de Persona Jurídica), 205º (Daños), 215º
  (Libramiento Indebido), y Delitos Culposos.
  Excepto, cuando haya pluralidad importante de
  víctimas o concurso con otro delito que sea de
  igual o mayor gravedad, o afecte bienes jurídicos
  indisponibles.
• En estos casos
• El Fiscal (de Oficio o a pedido del imputado o de
  la víctima) propondrá un ACUERDO REPARATORIO.
• Si ambos convienen el mismo el Fiscal se
  abstendrá de ejercitar la acción penal.
• Si el imputado no concurre a la segunda citación
  o se ignora su domicilio o paradero el fiscal
  promoverá

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• la acción penal.
• Procedimiento a Nivel Judicial
• Cómo proceder si la acción penal ya hubiera sido
  promovida?
• El Juez de la Investigación Preparatoria, previa
  AUDIENCIA, podrá (a petición del Ministerio
  Público, con la aprobación del imputado y
  citación del agraviado) dictar Auto de
  Sobreseimiento -con o sin las reglas fijadas en
  el numeral 5) Imposición de Penas Adicionales-
  hasta antes de formularse la acusación, bajo los
  supuestos ya establecidos.
• El auto de sobreseimiento no será impugnable.
  Excepto
• (1) En cuanto al monto de la reparación civil
  si ésta es fijada por el Juez ante la
  inexistencia de acuerdo entre el imputado y la
  víctima, o

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• (2) Respecto a las reglas impuestas si éstas son
  desproporcionadas y afectan irrazonablemente la
  situación jurídica del imputado.
• Tratándose de los delitos previstos y sancionados
  en los artículos 122º (Lesiones Leves), 185º
  (Hurto Simple), 187º (Hurto de Uso), 189-Aº
  primer párrafo (Hurto de Ganado), 190º
  (Apropiación Ilícita), 191º (Sustracción de Bien
  Propio), 192º (Apropiación Ilícita - Formas
  Atenuadas), 193º (Apropiación de Prenda), 196º
  (Estafa), 197º (Defraudación), 198º (Fraude de la
  Gestión de Persona Jurídica), 205º (Daños), 215º
  (Libramiento Indebido), y Delitos Culposos, en
  los que no haya pluralidad importante de víctimas
  o concurso con otro delito que sea de igual o
  mayor gravedad, o que afecte bienes jurídicos
  indisponibles, basta la presentación del acuerdo
  reparatorio en un instrumento público o documento
  privado legalizado notarialmente, para que el
  Juez dicte auto de sobreseimiento.