DERECHO AMBIENTAL CONCEPTOS INTRODUCTORIOS COMPETENCIA NACIONAL Y PROVINCIAL SANCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS. CRITERIOS PARA FIJAR SANCIONES - PowerPoint PPT Presentation

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DERECHO AMBIENTAL CONCEPTOS INTRODUCTORIOS COMPETENCIA NACIONAL Y PROVINCIAL SANCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS. CRITERIOS PARA FIJAR SANCIONES

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derecho ambiental conceptos introductorios competencia nacional y provincial sanciones civiles, penales y administrativas. criterios para fijar sanciones – PowerPoint PPT presentation

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Title: DERECHO AMBIENTAL CONCEPTOS INTRODUCTORIOS COMPETENCIA NACIONAL Y PROVINCIAL SANCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS. CRITERIOS PARA FIJAR SANCIONES


1
DERECHO AMBIENTALCONCEPTOS INTRODUCTORIOS
COMPETENCIA NACIONAL Y PROVINCIAL SANCIONES
CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS. CRITERIOS
PARA FIJAR SANCIONES
  • Mercedes Díaz Araujo
  • Directora de Infracciones Ambiental de la
    Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
    de la Nación

2
DERECHO AMBIENTAL
  • El derecho concibe la solución de los problemas
    jurídicos como un remedio útil a los problemas
    cotidianos e individuales, es decir debe resolver
    el caso concreto.
  • También funciona como la formulación de pautas de
    acción generalizables ordenados al logro de un
    fin la justicia.
  • Es particular y universal al mismo tiempo.

3
DERECHO AMBIENTAL
  • El derecho ambiental incorpora un nuevo fin
  • Ordenar las conductas hacia la protección del
    ambiente
  • El concepto de justicia debe tutelar los derechos
    colectivos, los intereses generales, difusos y
    particulares a gozar de un ambiente sano, apto
    para el desarrollo de las actividades
    productivas.
  • La generaciones futuras son un sujeto de derecho.

4
DERECHO AMBIENTAL
  • El derecho ambiental, la obligación de respetar
    el ambiente han sido objeto de análisis por más
    de treinta años.
  • Por qué el sistema jurídico incorpora lentamente
    la problemática ambiental?
  • Porque las instituciones, las reglas de la
    dogmática jurídica y las leyes poseen en su
    naturaleza una vocación de universalidad.

5
DERECHO AMBIENTAL
  • Regula conductas públicas y privadas.
  • El Estado es sujeto de la obligación de regular.
  • No es neutro porque persigue un resultado, es un
    sistema finalista.
  • Responde a un objetivo macro que es la
    sustentabilidad y varios objetivos derivados
    protección de la biosfera, de la salud humana,
    entre otros.

6
Derecho ambiental
  • Su contenido es evidentemente social y al mismo
    tiempo es considerado un derecho personalísimo.
  • Se constituye como un derecho subjetivo
    público/privado con base constitucional.
  • Los institutos ortodoxos del derecho o clásicos
    resultan disfuncionales responsabilidad por
    daños al ambiente, prevención antes que reparación

7
RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
  • Como bien jurídico merecedor de protección
    alcanzó en nuestro país el mayor rango de
    resguardo con la instauración constitucional.
  • El derecho constitucional, en su versión
    decimonónica, miraba sólo las relaciones del
    hombre contra el Estado.
  • El Estado era visto como el perturbaba al hombre
    en su individualidad. Las constituciones
    decimonónicas tradicionales se preocuparon en
    poner límites al Estado.

8
  • La garantía constitucional básica, la más
    tradicional, es la libertad y la herramienta para
    garantizarlo es el hábeas corpus.
  • El hombre tiene derecho a su libertad, a que el
    Estado no lo detenga sin causa prevista por una
    ley anterior.
  • El derecho civil tradicional, fue el derecho de
    las relaciones entre los particulares.
  • El derecho civil y el derecho constitucional eran
    dos órdenes que andaban por caminos paralelos,
    que nunca tenían por qué encontrarse.

9
  • Los derechos de reacción, los derechos sociales o
    de segunda generación y los derechos de tercera
    generación surgen en función de la contaminación
    de las libertades.
  • El deber público de protección ambiental hace que
    la sustentabilidad no sea solamente un derecho de
    rechazo frente al Estado, sino un mandato de
    protección y actuación.

10
Desarrollo sostenible
  • Un orden constitucional ambiental y un orden
    constitucional económico, obligan a una
    armonización de valores y objetivos, es el
    desarrollo sostenible.
  • En 1994 se incorporaron en el art. 41 de la CN
    los conceptos de desarrollo sustentable y de
    utilización de los recursos naturales y en el
    art. 76 inc. 19) el concepto de desarrollo humano
    y el de crecimiento armónico de la nación y de
    poblamiento de su territorio y en el art. 124
    de dominio provincial de los recursos naturales.

11
El deber del Estado
  • La CN establece el deber de preservar el ambiente
    como un deber correlativo de cada uno de los
    titulares del derecho.
  • Establece expresamente el deber de las
    autoridades de proveer a este derecho, a la
    utilización de los recursos naturales y a la
    preservación del patrimonio natural y cultural y
    de la diversidad biológica y a la información y
    educación ambientales.
  • Para evitar que fuera una formulación teórica el
    art. 43 estableció la Acción de Amparo par la
    protección de los derechos ambientales, humanos y
    de los usuarios y consumidores.

12
El deber del Estado
  • Los principios de acción preventiva y de
    racionalidad de los procesos decisionales, deben
    informar toda la actividad del Estado.
  • Los poderes públicos (Poder Legislativo, Poder
    Judicial y Poder Ejecutivo) están obligados a
    una acción positiva, una realización efectiva,
    debiendo dotar de contenido ambiental la
    legislación, la actividad judicial y la actuación
    de la Administración.
  • Habilita las potestades públicas de intervención
    sobre todos los bienes que sean relevantes en
    relación a la calidad ambiental.

13
El deber del Estado
  • La protección ambiental debe estar incorporada en
    todas y cada una de las acciones, normas y
    políticas que componen el campo de actividad del
    Estado.
  • El deber público de proteger el ambiente se es
    una obligación del Estado demandable por los
    particulares.
  • Se modifica el status jurídico de los ciudadanos,
    a su condición pasiva de beneficiarios, se suma
    la responsabilidad en la gestión de los intereses
    de la comunidad.

14
El deber del Estado
  • Es un verdadero mandato imperativo y operativo
    que obliga al Estado a abstenerse de contrariar
    el derecho de gozar de un ambiente protegido.
  • Debe realizar efectivamente ese mandato de
    acción, dictando las leyes necesarias,
    protegiendo de manera positiva en su accionar y
    obligando a los particulares a cumplir con su
    deber de proteger el ambiente.
  • El Estado cumple su deber constitucional a través
    de sus tres campos de actuación función
    legislativa, función jurisdiccional y función
    ejecutiva o administrativa.

15
El deber del Estado
  • A través de la función legislativa se sancionan
    normas, previo proceso deliberativo para asegurar
    su validez.
  • A través de la función judicial o
    jurisdiccional, se resuelve conflictos en la
    aplicación de las normas a instancias de
    particulares y del Ministerio Público y concreta
    situaciones jurídicas.
  • La función administrativa, garantiza la
    ejecutoriedad del orden jurídico, por medio de la
    actividad administrativa.

16
FEDERALISMO AMBIENTAL
  • Todo análisis de la cuestión jurisdiccional debe
    partir del presupuesto de la existencia de una
    estructura constitucional que la ley no puede
    transgredir, y que tampoco puede alterarse o
    modificarse por acuerdo de partes.

17
  • El Estado unitario es aquel en que la
    organización constitucional responde a la triple
    unidad de la soberanía, el poder del E y de los
    gobernantes.
  • El poder es único en su fundamento, su estructura
    y su ejercicio.
  • Puede tener mayor o menor grado de
    descentralización.
  • En el otro extremo, tenemos la Confederación de
    Estados que es una unión política de Estados
    soberanos.

18
  • El Estado Federal, es un E soberano, formado por
    una variedad de Estados. Su poder nace de la
    unidad estatista de los E miembros.
  • Se reparte el poder político entre dos grupos de
    entidades el Estado federal y los E miembros.
  • El principal elemento es el reparto de poderes.
  • Tiene una Constitución escrita, en la que se
    realiza el reparto de competencias.

19
  • La integración del Estado Federal Argentino
    (según Sagues) se da en tres niveles de poder El
    Estado Nacional, el gobierno federal y los
    gobiernos provinciales.
  • Queda configurado como un Estado con un orden
    jurídico total representado por la CN y compuesto
    por el Gobierno federal y las comunidades
    jurídicas parciales (Provincias y CABA).
  • La soberanía la detenta el Estado Nacional y las
    provincias son autónomas.

20
  • Gobierno Nacional Es el orden federal en que se
    unen los gobiernos locales para el logro de las
    funciones más importantes en su conjunto.
  • Detenta la representación del Estado federal que
    es republicano en su forma de gobierno.
  • La forma republicana de gobierno implica una
    férrea división de poderes a) un legislativo
    bicameral, un ejecutivo con funciones
    expresamente establecidas y un poder judicial que
    entiende en materias expresamente establecidas.

21
  • Las provincias
  • Se encuentran sometidas a la supremacía federal
    (art. 31), tienen un poder constituyente
    secundario y su autonomía es de primer grado.
  • El art. 123 dice que Cada Provincia dicta su
    propia Constitución conforme lo dispuesto por el
    art. 5. El art. 5 establece el piso inderogable
    para las autonomías provinciales.

22
  • La CN precede a las C Provinciales, es decir, el
    origen jurídico de las Provincias está en la CN.
  • La CABA goza de un status constitucional especial
    y es debido a su transitoriedad, ya que mientras
    territorialmente siga siendo capital de la
    Nación, el Congreso Nacional conserva ciertas
    facultades, que parcialmente limitan la autonomía
    porteña.
  • Municipios La CN garantiza su autonomía.

23
  • Las relaciones internas en la estructura federal
    argentina
  • a) Supra subordinación. La supremacía federal.
  • El art. 31 dispone que el derecho federal se
    integra por la CN, las leyes del Congreso
    (federales y de derecho común) y los tratados
    internacionales prevalecen sobre todo el derecho
    provincial, incluidas las Constituciones
    provinciales.

24
  • El derecho federal es supremo siempre dentro del
    acotado marco de competencias expresamente
    acordadas a la Nación en la CN.
  • Esta regla se ejecuta entre otros a través de la
    intervención federal y el recurso extraordinario
    federal.
  • Principio de participación implica reconocer la
    participación de las provincias en la formación
    de las decisiones del gobierno nacional (el
    Senado se conforma por miembros representantes de
    las provincias).

25
  • Principio de coordinación El art. 121 establece
    que las provincias conservan todo el poder no
    delegado por esta Constitución al gobierno
    federal y el que se hayan reservado por pactos
    especiales al tiempo de su incorporación.
  • Derecho común Art. 75 inc. 12, la Nación dicta
    los Códigos de fondo y las provincias los
    aplican.
  • Art. 75 inc. 19, la Nación dicta las bases y las
    provincias las normas de desarrollo.

26
  • Art. 41 la Nación regula y las provincias
    complementan.
  • Antecedentes de la cláusula ambiental argentina
    1972 Cumbre de Estocolmo establece en su
    principio 1 El hombre tiene el derecho
    fundamental a la libertad, a la igualdad y a
    condiciones de vida adecuadas, en un ambiente
    cuya calidad le permita una vida en dignidad y
    bienestar y tiene la solemne responsabilidad de
    protegerlo para las generaciones presentes y
    futuras.

27
  • El segundo principio establece Los recursos
    naturales de la tierra incluyendo el aire, agua,
    suelo, flora y fauna y ejemplos representativos
    de ecosistemas naturales deben ser salvaguardados
    por el beneficio de las futuras y presentes
    generaciones mediante cuidadosa planeación y
    manejo adecuado.
  • Se crea el concepto del desarrollo sustentable.

28
  • De acuerdo con la distribución de competencias
    que emerge de la Constitución Nacional, los
    poderes de las provincias son originarios e
    indefinidos en tanto que los delegados a la
    Nación son definidos y expresos. Dentro de este
    contexto, debe ser interpretada la delegación de
    competencias en materia ambiental.

29
  • La introducción de competencias compartidas y del
    establecimiento de una coadyudancia legislativa
    por parte de la Nación y las Provincias en
    materia ambiental.
  • Un nuevo marco dentro del cual deberán
    establecerse las pautas interpretativas de la
    cuestión competencial en materia medioambiental.

30
  • Antes de la introducción del nuevo artículo 41 en
    la Ley Suprema, las provincias, en virtud del
    art. 121 C.N., se reservaban su competencia
    exclusiva en materia ambiental. Dicha competencia
    incluía las potestades legislativa,
    administrativa y judicial en dicha materia.

31
  • A partir de la reforma constitucional de 1994,
    las provincias argentinas delegaron en forma
    expresa a la Nación la facultad de establecer
    normas de presupuestos mínimos en materia
    ambiental.
  • El artículo 41, tercera parte, regula el
    federalismo ambiental.

32
  • La Nación dictará las normas de presupuestos
    mínimos de calidad ambiental y las provincias las
    necesarias para complementarlas.
  • Esta nueva atribución de la Nación delegada en
    forma expresa por las Provincias, introduce una
    novedad en el sistema constitucional argentino.

33
  • Tal novedad radica en la naturaleza limitada de
    la competencia legislativa, que deberá
    circunscribirse a establecer las normas de
    presupuestos mínimos de calidad ambiental que las
    provincias complementarán.
  • La Nación no puede, por lo tanto, establecer un
    régimen completo ambiental, sino que debe
    limitarse en su objeto al establecimiento de
    mínimos ambientales que las provincias
    complementarán.

34
  • La complementación se hará de acuerdo a las
    necesidades, requerimientos y política en la
    materia. Por otra parte, tal delegación
    competencial no implica una alteración de las
    jurisdicciones provinciales.

35
  • No obstante la aparente claridad del artículo 41
    de nuestra Constitución, la delimitación de los
    ámbitos de actuación nacional y provincial sigue
    generando dificultades. Entendemos que tal
    dificultad está dada
  • Por la complejidad de la materia, su carácter
    ubicuo o expansivo.

36
  • Se encuentra presente, como perspectiva, en cada
    una de las ramas del derecho objeto de los
    Códigos de fondo.
  • Su vinculación inmediata con el comercio y el
    transporte interprovincial que lleva a
    plantearnos si la Nación detenta una jurisdicción
    ambiental exclusiva con base en la cláusula de
    comercio.

37
  • Y si una ley complementaria dictada por las
    Provincias puede llegar a ser impugnada por
    afectar el comercio y el transporte.
  • El establecimiento de una política nacional
    ambiental como facultad concurrente entre Nación
    y Provincias y la aplicación del principio de
    subsidiariedad

38
  • La relación entre legislación de protección
    ambiental y el dominio de los recursos naturales
    por parte de las Provincias establecido en el
    art. 124 CN.
  • La protección ambiental se encuentra directamente
    vinculada con materias tales como el comercio
    interprovincial e internacional, los tratados
    internacionales, así como también con las
    distintas materias de regulación objeto de los
    códigos de fondo.

39
  • Se debe analizar la responsabilidad civil por
    daños ambientales, delitos ambientales, aspectos
    ambientales de las actividades normadas por el
    Código de Minería, etc.
  • Y la potestad nacional de dictar las normas
    necesarias para proveer al bienestar general.

40
  • Esta vinculación con las materias enumeradas,
    sumado a que cada una de estas materias suponen
    soportes competenciales distintos, en algunos
    casos concurrentes, hace necesaria una precisa
    delimitación del alcance de la competencia
    establecida por el artículo 41 C.N.

41
  • El art. 75 inc. 13 de la Carta Magna (ex 67 inc.
    12 CN) establece la competencia del Congreso
    Nacional para legislar en materia de comercio
    exterior e interprovincial.

42
  • La posibilidad de que la Nación detente una
    jurisdicción exclusiva en materia ambiental por
    la vía de su vinculación al comercio y el
    transporte interprovincial arroja dos posibles
    respuestas
  • Si la respuesta es positiva, será resorte del
    Congreso Nacional todo lo referido a los aspectos
    de protección ambiental vinculados con el
    comercio y el transporte interprovincial,
    resultando la Nación la autoridad competente para
    reglar y aplicar todos los aspectos ambientales
    relacionados

43
  • La Nación tendrá facultades para autorizarlo,
    prohibirlo, condicionarlo o reglar la calidad de
    las cosas transportadas en virtud de la
    incidencia directa que pudieran tener las normas
    ambientales en el comercio y el transporte
    interprovincial.
  • Si la respuesta es negativa, la Nación no podrá
    recurrir a la cláusula de comercio para
    atribuirse jurisdicción en aspectos ambientales
    vinculados con el comercio y el transporte
    interprovincial

44
  • Normas de presupuestos mínimos y normas de fondo
    El artículo 75 inc. 12 establece la potestad del
    Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo,
    sin alterar las jurisdicciones provinciales.
  • Las normas penales ambientales, o normas
    ambientales en materia civil o minera, pueden ser
    complementadas?

45
  • Las provincias no se hayan facultadas por el
    artículo 41 de la Constitución Nacional para
    dictar normas complementarias de leyes nacionales
    de protección ambiental cuando éstas se refieran
    a las materias objeto de los códigos de fondo.

46
  • Las normas que dicte la Nación son un piso y las
    Provincias quedan habilitadas a colocar un techo
    mas alto para complementarlos y que las
    provincias se encuentran habilitadas para
    complementar y extender el resguardo ambiental.

47
  • La delimitación del techo de las normas
    complementarias nos sitúa frente a un tercer
    interrogante el de si una norma complementaria
    ambiental, dictada por una provincia, puede ser
    objeto de impugnación por interferir, afectar o
    incidir en el comercio interprovincial.

48
  • Complementariedad entre los art. 41 y 124.
  • Jurisdicción y dominio La jurisdicción puede ser
    definida como una masa de competencias en un
    órgano de poder, sobre las bases de las funciones
    que son propias del Estado, para cumplir con
    determinadas actividades o finalidades.

49
  • El artículo 41 de la Constitución Nacional puede
    ser estudiado en relación con la facultad
    concurrente de la Nación de planificar y
    establecer las pautas generales en materia de
    política ambiental.
  • Tal potestad de ordenar la política ambiental
    nacional en concurrencia con las provincias
    encuentra su encuadre constitucional genérico e
    implícito en las llamadas potestades
    concurrentes, art. 75 inc. 19 (ex. art. 67 inc.
    16).

50
  • Los requisitos para que una ley sea técnicamente
    considerada una ley de presupuestos mínimos
    serán
  • El establecimiento de una protección mínima
    conceder una tutela uniforme o común e imponer un
    mínimo de protección ambiental.

51
  • El respeto por el límite regulatorio los
    presupuestos mínimos deben ser tales permitiendo
    a las provincias ejercer sus competencias
    reservadas de desarrollo legislativo de manera
    acorde a sus propios ecosistemas y las facultades
    otorgadas por el artículo 124º de la Constitución
    Nacional.

52
  • Los requisitos que deben reunir las normas
    complementarias son
  • Las provincias no pueden establecer normas
    adicionales de protección en contra de la
    legislación de presupuestos mínimos y no deben
    ignorar, reducir o limitar la protección
    establecida en las normas de presupuestos
    mínimos.

53
  • Las normas complementarias de protección
    ambiental, podrán afectar el comercio
    interprovincial, siempre que las mismas respeten
    el principio de proporcionalidad y procuren
    evitar tales efectos.
  • Si las Provincias no dictan normas
    complementarias, las normas dictadas por la
    Nación serán de aplicación directa en los
    territorios provinciales por los jueces y las
    autoridades provinciales.

54
  • Las leyes de presupuestos mínimos podrán ser
    reglamentadas por el Poder Ejecutivo Nacional, en
    tanto normas federales.
  • La aplicación de tal reglamentación se verá
    restringida al ámbito de la jurisdicción federal
    exclusivamente.
  • Las provincias las complementarán y reglamentarán
    en su territorio.

55
Función legislativa
  • Cómo se legisla a efectos de cumplir el mandato
    constitucional de garantizar el derecho a gozar
    de un ambiente sano y apto para el desarrollo?
  • En qué consiste o como se realiza la función
    legislativa encaminada a la protección del
    ambiente?
  • Hay etapas, no siempre se legisló de la misma
    manera.

56
Función legislativa
  • La regulación sectorial, tiene como ratio
    fundamental la ordenación de la política
    sectorial.
  • Las leyes pueden existir y no plasmarse en la
    realidad, esto es un déficit de ejecución
    normativa, por que sus destinatarios públicos o
    privados no las aplican.
  • La falta de observancia de las normas puede
    constituir un déficit de aceptación,
    especialmente por ausencia de comprensión de lo
    correcto o justo de la decisión.

57
Función legislativa
  • El tratamiento de la materia ambiental tiene una
    amplia recepción en la regulación.
  • El cumplimiento de la norma por medio de
    controles y sanciones.
  • Si esto no se da, nos encontramos frente a
    déficits de control y sanción.
  • La problemática ambiental recibió desde antaño
    respuestas de orden legislativo tanto en el
    ordenamiento civil como en el ordenamiento penal.

58
Función legislativa
  • La regulación sectorial regula la protección del
    medio y de sus elementos aire, agua, suelo o de
    asegurar la regulación del agente contaminador
    (residuos y sustancias peligrosas).
  • Problemas
  • la cantidad de las mismas
  • se restringen a establecer límites y técnicas
    clásicas de control y sanción.
  • generan un monopolio de la protección ambiental
    en cabeza de las administraciones públicas.
  • cumplen mejor con la simbología de haber logrado
    una solución al problema ambiental y denotan un
    activismo legislativo.

59
Función legislativa
  • carácter sectorial
  • potenciar el derecho administrativo sancionador,
    acudiendo a mecanismos clásicos de control y
    sanción.
  • setenta hasta los 90 se dio una primera etapa de
    producción legislativa.
  • el Estado nacional, las provincias y aun los
    gobiernos locales o municipales, adoptaron normas
    ambientales.
  • hasta la introducción del art. 41, en nuestro
    país coexistieron normas provinciales
    ambientales, normas de adhesión dictadas por el
    Congreso Nacional, normas federales y normas
    municipales.

60
Función legislativa
  • En una segunda etapa, el derecho ambiental
    argentino se hace eco de la tendencia
    generalizada de legislar denominadas normas
    horizontales.
  • Se enfrentan a cualquier problema ambiental con
    independencia del sector concreto.
  • La evaluación de impacto ambiental es asegurar el
    cumplimiento de la normativa sectorial aplicable
    o, en el caso del derecho penal, los denominados
    tipos penales en blanco que reenvían a los
    estándares establecidos por las normas
    sectoriales.

61
Función legislativa
  • Las normas jurídicas por sí solas no bastan para
    alcanzar el objetivo ambiental.
  • Complejo entramado de constelaciones de poder,
    expectativas, actitudes valorativas y
    restricciones.
  • Un enfoque estratégico con el fin de hacer
    frente a los retos que se plantean en la
    actualidad es preciso superar el enfoque
    estrictamente legislativo y sustituirlo por otro
    estratégico. Este enfoque deberá utilizar
    instrumentos y medidas diferentes para influir en
    las decisiones adoptadas por las empresas, los
    consumidores, los políticos y los ciudadanos.

62
Función administrativa
  • Derecho administrativo/ dirección del
    comportamiento individual y colectivo con el
    objeto de alcanzar un determinado objetivo.
  • Función administrativa de regulación y control/
    depende casi en su totalidad de una actividad
    vigorosa por parte de la Administración que,
    monopoliza en su actividad o inactividad la
    obtención del logro del objetivo ambiental.

63
Función administrativa
  • Los sistemas jurídicos, incluyen mecanismos de
    control y sanción
  • mecanismos de estimulación tales como las
    técnicas de estimulación orientadas al mercado y
    las técnicas de fiscalidad y fomento.

64
Función administrativa
  • Las prohibiciones y sanciones suscitan muchas
    veces intentos de soslayarlas
  • Hay que buscar un estímulo de auto dirección de
    la sociedad además del sistema coactivo.
  • Las técnicas de estimulación de conductas basadas
    en criterios utilitaristas no funcionan por sí
    mismas sino que lo hacen en conjunción con las
    técnicas clásicas de intervención administrativa
    de control y sanción.

65
Función administrativa
  • El Estado interviene a través de técnicas
  • Las técnicas pueden ser ordenadas de acuerdo a su
    función preventiva, represiva, compensatoria y
    estimuladora.
  • El sistema de control y fiscalización funciona
    como el eje de toda la actuación de la
    Administración, ya sea en la aplicación de la
    legislación o como administrador de los bienes
    ambientales.

66
medidas preventivas
  • La autorización
  • La prevención se realiza mediante la adopción
    inicial de cautelas al iniciar actividades.
  • La regulación de libertades o derechos utiliza
    la prohibición para asegurar su efectividad.
  • La prohibición del ejercicio de los derechos sin
    un control administrativo preventivo, caso a
    caso, del cumplimiento de la regulación.
  • La autorización, levanta la prohibición.

67
medidas preventivas
  • La autorización
  •  La autorización no agota sus efectos en el
    momento concesional, ni petrifica la relación
    autorizado-autorizante, sino que es susceptible
    de variaciones.
  • La teoría del acto-condición permite someter a
    las industrias ya existentes y actividades en
    marcha a nuevas condiciones ambientales más
    exigentes, entendiendo la autorización ligada a
    un complejo normativo dinámico.

68
medidas preventivas
  • Fijación reglamentaria de estándares
  • fijar reglamentariamente los niveles de emisión o
    estándares de emisión de acuerdo a su incidencia
    ambiental,
  • establecer los parámetros máximos de
    contaminación que los elementos de la biosfera
    (aire, agua, suelo) deben tener, dando por
    supuesto que la situación es ilegal si las mismas
    no se dan.
  • son muy utilizadas para controlar la
    contaminación puntual, tanto atmosférica como
    acústica o por vertidos.
  • ventaja de seguridad económica, ya que
    proporcionan igualdad de los costos económicos de
    inversión en tecnología ambiental.

69
medidas preventivas
  • Fijación reglamentaria de estándares
  • Se complementa con la autorización como forma de
    encadenar una actividad a un orden normativo
    mudable y dinámico de acuerdo a las necesidades
    ambientales.

70
medidas preventivas
  • Regulación de materias primas o de los productos
  • Así como los estándares afectan en su conjunto a
    todas las actividades eventuales ocasionadoras de
    disfunciones ambientales, este tipo de regulación
    se dirige a los materiales usados en la
    actividad, por ejemplo, los combustibles o a la
    regulación de los productos, por ej.
    fertilizantes.
  • Son consideradas como las más eficaces ya que
    fijan las formas de funcionamiento en el mercado
    y pocos productores se animan a invertir en
    costos de instalación o reconversión de los
    procesos industriales para la fabricación de un
    producto de ilegal circulación.

71
medidas preventivas
  • Homologación
  • Consiste en la previa constatación por la
    Administración de las características de ciertos
    procesos o dispositivos
  • Se establece previamente los requisitos que deben
    cumplir los prototipos autorizados.
  • Los efectos se reiteran en el tiempo
    transmitiéndose a todos los productos fabricados.
    Los motores de autos, los aparatos reproductores
    de ruido, etc.
  • Los resultados son semejantes a los de la
    regulación de productos o materias primas y su
    principal ventaja es la de obviar el problema de
    control del resultado.

72
medidas preventivas
  • Imposición de niveles tecnológicos
  • La obligación genérica emplear la mejor
    tecnología existente en el momento para la
    reducción o eliminación de la contaminación.
  • La regulación respecto de las cualidades técnicas
    de los vertederos o de las incineradoras de
    residuos son ejemplos de esta forma de
    regulación.
  • Normalmente, este tipo de técnica se utiliza
    recurriendo a las cláusulas de mejor tecnología
    disponible, consideradas como conceptos jurídicos
    indeterminados.

73
medidas preventivas
  • Las clasificaciones, los inventarios y los
    registros administrativos
  • La reglamentación de estándares va acompañada de
    declaraciones administrativas.
  • Las declaraciones recaen sobre bienes o
    actividades que permiten controlar la relación
    jurídico pública.
  • La ley de protección de bosques, la de protección
    de la fauna y de suelos entre otras, la utilizan.
  • En el mismo sentido, la Ley de Residuos
    Peligrosos 24051 crea un registro de operadores y
    realiza la calificación de los residuos
    peligrosos por categorías y grupos.

74
medidas preventivas
  • Prohibiciones directas de actividades, órdenes,
    mandatos y obligaciones positivas
  • Si bien la actividad se considera lícita, la
    misma se encuentra sujeta a verdaderas órdenes de
    parte de la Administración.
  • Garantizar un resultado a través de la imposición
    de requisitos o trámites burocráticos que, de
    cumplirse, permitirían dar solución a un problema
    ambiental.
  • Las prohibiciones de actividades se encuentran
    relacionadas con la existencia de bienes
    protegidos, llegando a establecer la prohibición
    absoluta de cualquier actividad que tenga como
    objeto la producción de un daño a dicho bien.

75
medidas preventivas
  • Prohibiciones, órdenes, mandatos y obligaciones
    positivas
  • imponer obligaciones de hacer positivas, tales
    como contratar seguros, llevar registros,
    efectuar declaraciones periódicas.
  • la ley 24051 que propone una técnica de
    seguimiento del residuo desde la cuna a la tumba
    a través de la cadena de manifiestos emitidos por
    la autoridad ambiental.
  • es plenamente efectiva si de la infracción a las
    obligaciones de información y registro se derivan
    consecuencias jurídicas severas.

76
medidas represivas
  • Las sanciones administrativas
  • todas las normas de carácter ambiental sectorial
    atribuyen a la Administración potestad
    sancionadora.
  • el incumplimiento de las normas ambientales lleva
    aparejada en todos los ordenamientos la
    imposición de sanciones.
  • multas, suspensión de actividades y aún, en la
    clausura definitiva de la actividad o instalación
    de acuerdo a la gravedad de la infracción
    cometida y los criterios de reincidencia y
    negligencia.
  • eficacia de estas medidas, cuando el
    incumplimiento es generalizado y la
    Administración no puede o no quiere exigir su
    cumplimiento, resulta bajo o directamente nulo.

77
medidas disuasorias
  •  Se califican como arbitrios no fiscales, que
    pretenden conseguir por esta vía una cierta
    disciplina social.
  • Las típicas son las que en el ordenamiento
    jurídico se consideran tasas. Por ej. tasas
    especiales sobre los combustibles en función de
    su incidencia contaminadora o sobre determinadas
    actividades extractivas o directamente sobre los
    productos (pilas, neumáticos, entre otros).

78
medidas compensatorias
  • Pueden perseguir dos tipos de objetivos de
    carácter preventivo y de naturaleza reparadora o
    ambos al mismo tiempo.
  • Las tasas de vertido y otros tributos y recargos
    fiscales de carácter finalista destinados a
    financiar instalaciones que eliminen o atenúen la
    contaminación.
  • Las de carácter reparador tratan de hacer
    efectivo el principio de justa redistribución de
    costos, compensando a las víctimas de la
    contaminación por los daños sufridos.

79
medidas compensatorias
  • El derecho de daños reconoce la compensación en
    virtud de un interés individual y también en
    casos en que los intereses jurídicos son
    colectivos. CSJN en Beatriz Mendoza y Ley General
    del ambiente.
  • Pueden desplegar una función preventiva para los
    al permitir la búsqueda de vías para evitar el
    deber de compensar mediante la elección de una
    alternativa que no comporte perjuicios.

80
medidas estimuladoras
  • Animan a las empresas a conductas consideradas
    deseables frente a las medidas o técnicas de
    control y sanción.
  • Se materializan en tratamientos fiscales
    favorecedores para la empresa que adopten
    dispositivos preventivos de la contaminación.
  • Préstamos en mejores condiciones que en el
    mercado financiero o subvenciones programa de
    producción limpia actualmente en vigencia
    aplicado por la SAyDS.
  • Constituyen el anverso de las de tipo represivo.

81
instrumentos económicos
  • Las ayudas públicas o ayudas financieras son un
    incentivo de conductas ambientalmente aceptables
    de parte de los agentes contaminadores,
  • Transferencia desde los presupuestos de las
    administraciones a los agentes contaminantes.
    Ley de Bosque Protector.
  • Dentro de esta categoría se pueden incluir
    aquellos que utilizan los mecanismos de mercado,
    incidiendo en los costes y ventajas de las
    diferentes líneas de conducta de los agentes
    económicos.
  • Buscan "alterar" el funcionamiento del mercado.

82
instrumentos económicos
  • Limitaciones de estos instrumentos si funcionan
    autónomamente
  • Es muy difícil llegar a una internalización
    completa del coste social.
  • El productor normalmente no lo tiene en cuenta
    para determinar su producción.
  • Si ese coste en vez de ser socializado fuera
    incorporado por el productor a sus costes
    "privados" de producción, el nivel de producción
    sería menor y el precio del producto sería mayor.
    Alza de los precios.

83
instrumentos económicos
  • Impuestos ambientales
  • La economía desarrolló algunos instrumentos
    complementarios de más fácil aplicación que
    funcionan sobre la base de la complementación de
    las normas que establecen estándares o niveles de
    emisión, es decir con la regulación ambiental
    tradicional.
  • Una vez establecido un límite legal para la
    contaminación se instituye un sistema de
    impuestos que permitiría cumplir un nivel más
    bajo que el establecido legalmente.
  • Los impuestos más conocidos son los impuestos
    sobre emisiones (o tasas por contaminación), los
    impuestos sobre productos y las cargas
    administrativas.

84
acuerdos y consensos
  • Los acuerdos negociados
  • Consiste en establecer un régimen sectorial de
    naturaleza restrictiva muy intensa con
    herramientas de control y supervisión pero no con
    la finalidad de ponerlo en ejecución sino
    exclusivamente como la idea de utilizarlo como
    incentivo, por su dureza, para que los
    destinatarios del sistema se vean obligados a
    negociar con la Administración. Por ej.
    Declaración de Agente Contaminante- PRI- ACUMAR
  • El régimen negociado es voluntariamente aceptado
    de forma que la Administración ahorre recursos en
    costos de implementación .

85
Régimen jurídico contravencional
  • Se discute desde antaño si es el derecho
    administrativo sancionador es una derivación del
    derecho penal
  • Históricamente formaba parte del derecho penal.
  • En el siglo XVIII existían las sanciones de
    policía, comprendidas dentro de la investigación
    penal llevada a cabo por autoridades políticas.
  • A fines del siglo XVIII comienza el estado
    liberal y se puede observar el traspaso de las
    funciones represivas a la jurisdicción penal
  • En el siglo XX se despenaliza el injusto
    administrativo y la aplicación de sanciones se
    torna preventiva en muchos casos.

86
Régimen jurídico contravencional
  • comparte la naturaleza punitiva del derecho penal
    (Principio de legalidad) se separan ambas
    disciplinas y funciones porque se advierte que el
    derecho administrativo sancionador debe tener una
    mayor inmediatez con el bien jurídico protegido
    la actualización de la ley, su cumplimiento.
  • fin es disuadir a quienes intentan una conducta
    antijurídica
  • siglo XX se pasa de un derecho de carácter
    represivo a una esencia preventiva, de la
    exigencia de daños a la de riesgos y de la
    exigencia de culpabilidad a la de inobservancia
    de los mandatos normativos

87
Régimen jurídico contravencional
  • La sanción es una técnica de intervención que
    busca mantener la observancia de las normas,
    restaurar el orden jurídico y evitar la
    prevalencia de los actos contrarios a derecho.
  • Los principios se derivan de la CN y otros han
    sido introducidos por la jurisprudencia
  • Son el legalidad e irretroactividad de la ley, el
    de presunción de inocencia, de prescripción, de
    proporcionalidad

88
Régimen jurídico contravencional
  • La sanción representa la última fase del proceso
    de dirección y control actualiza la vigencia del
    mandato jurídico.
  • La sola infracción es suficiente para que la
    imposición de una sanción sea legítima aún ante
    la inexistencia de un daño concreto.
  • El aspecto subjetivo no gravita siempre como en
    el delito.
  • Los delitos violan un bien jurídicamente
    protegido y la contravención una norma creada en
    razón de mayor utilidad social.

89
Régimen jurídico contravencional
  • La sanción administrativa debe contener todos los
    elementos esenciales que hacen a la validez del
    acto administrativo
  • emanar de autoridad competente,
  • indicar los antecedentes de hecho y de derecho,
  • que su objeto sea física y jurídicamente posible
    y
  • que sean tanto motivadas como proporcionadas.
  • Las sanciones pueden consistir en multas,
    suspensión de actividades y aún, en la clausura
    definitiva de la actividad o instalación de
    acuerdo a la gravedad de la infracción cometida y
    los criterios de reincidencia y negligencia.

90
Régimen jurídico contravencional
  • La sanción se debe imponer siguiendo un
    procedimiento previo, con audiencia del
    infractor, producción de la prueba, etc. Estas
    garantías tienen como objeto proteger al
    inculpado y asegurar el acierto de la decisión.
  • Es siempre un acto administrativo que no produce
    cosa juzgada, puede ser recurrido por los
    distintos medios que el derecho establece a tal
    fin.
  • El principio de legalidad rige de forma absoluta.
    Establecer sanciones es facultad exclusiva del
    legislador y es indelegable.
  • El derecho penal está dirigido a toda la
    sociedad, al común de las personas, y el derecho
    administrativo sancionador está dirigido a quien
    se halla en situación de sujeción.

91
Régimen jurídico contravencional
  • Las contravenciones o faltas administrativas se
    diferencian de los delitos por los interés
    lesionados, las leyes contravencionales tutelan
    cautelarmente la prosperidad, las leyes penales
    la seguridad.
  • La contravención lesiona a la Administración como
    sujeto interesado en que los derechos sociales e
    individuales se ejerzan en orden.
  • La autonomía jurídica y la especificidad de las
    contravenciones consisten en la infracción al
    orden de la actividad administrativa.
  • La punibilidad contravencional se apoya
    jurídicamente en el punto de vista objetivo de la
    oposición a la regulación estatal de la
    actividad.
  • El aspecto subjetivo no desempeña ningún papel,
    por ello es indiferente a los efectos de la
    sanción saber si el transgresor obró dolosamente
    o culposamente.

92
Régimen jurídico contravencional
  • La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la
    Procuración han declarado, de manera uniforme,
    que deben estimarse de naturaleza penal las
    multas aplicables a los infractores, cuando
    ellas, en vez de poseer carácter retributivo del
    posible daño causado, tienden a prevenir y
    reprimir la violación de las pertinentes
    disposiciones legales .
  • La figura de la tentativa no es sancionada en el
    derecho administrativo ,si la norma la establece
    constituirá una previsión autónoma, con una
    sanción que deberá precisarse, lo mismo ocurre en
    el acto preparatorio.

93
Régimen jurídico contravencional
  • Ámbito de aplicación en el orden practico y
    según nuestro derecho constitucional, la
    aplicación de las sanciones administrativas tiene
    importancia jurídico política, dada la
    delimitación de las facultades represivas de la
    Nación y las provincias y de los órganos
    administrativos y judiciales.
  • Competencia nacional o provincial En materia
    penal, la legislación es de competencia nacional
    exclusivamente.
  • En materia contravencional la competencia le
    corresponde a las provincias y a la Nación,
    regular las transgresiones en sus respectivas
    jurisdicciones.

94
Régimen jurídico contravencional
  • A los fines de la procedencia del derecho
    administrativo sancionador, es innecesario el
    daño.
  • A diferencia de otras formas de actuación como el
    Derecho Penal o de Daños, el derecho
    administrativo sancionador se activa aún ante la
    falta de daño, ya que la sola infracción de la
    legislación administrativa es suficiente para que
    la imposición de una sanción sea legítima aún
    ante la inexistencia de un daño concreto.

95
Régimen jurídico contravencional
  • Prescripción de la acción y de la pena frente al
    vacio normativo y teniendo en cuenta la
    naturaleza o carácter preventivo o represivo de
    las sanciones, debe acudirse al Código Penal que,
    para las acciones contra hechos reprimidos con
    pena de multa (art. 65 inc 2) establece un plazo
    de 2 años.
  • El CP establece que el plazo de prescripción
    comienza a correr desde la medianoche del día en
    que se cometió el delito o si este fuera continuo
    desde que cesó de cometerse.
  • En cuanto a las causales de interrupción del
    curso de la prescripción , se ha afirmado que la
    secuela del juicio no puede ser otra que la
    sustanciación del sumario administrativo.
  • Rige también la aplicación supletoria del art. 67
    del CP que establece que la prescripción se
    interrumpe por la comisión de otro delito, por lo
    cual deberá verificarse si en los períodos que
    corren a) desde la infracción hasta la
    comunicación del sumario al administrado y b)
    desde ese momento hasta los dos años
    subsiguientes en que debió dictarse y notificarse
    la sanción de multa al infractor, el mismo ha
    cometido alguna otra infracción que permita tener
    por interrumpida la prescripción.

96
Régimen jurídico contravencional
  • Rige también la aplicación supletoria del art. 67
    del CP que establece que la prescripción se
    interrumpe por la comisión de otro delito, por lo
    cual deberá verificarse si en los períodos que
    corren a) desde la infracción hasta la
    comunicación del sumario al administrado y b)
    desde ese momento hasta los dos años
    subsiguientes en que debió dictarse y notificarse
    la sanción de multa al infractor, el mismo ha
    cometido alguna otra infracción que permita tener
    por interrumpida la prescripción.
  • Ejecución de multas el acto administrativo que
    impone la multa carece de ejecutoriedad propia,
    de ahí que en caso de falta de pago por parte del
    sancionado, el cobro compulsivo debe gestionarlo
    la administración ante el órgano judicial.

97
Sanciones ambientales en jurisdicción nacional
  • Las Leyes ambientales establecen en todos los
    casos un régimen sancionador para el caso de
    incumplimiento de las obligaciones allí
    establecidas.
  • Si bien el control y aplicación de las leyes
    ambientales es potestad de las provincias, la
    Nación a través de la SAyDS tiene competencia
    cuando se da la interjurisdiccionalidad o cuando
    el sujeto infractor se encuentra bajo su orbita
    de competencia por sujeción al régimen legal
    aplicable.
  • La Dirección de Infracciones Ambientales ejerce
    sus funciones, dentro del ámbito de gestión de la
    Subsecretaría de Control y Fiscalización
    Ambiental y Prevención de la Contaminación junto
    con otras Direcciones (residuos peligrosos,
    fauna, de prevención y recomposición de la
    contaminación) en la órbita de competencia de
    jurisdicción nacional.

98
Sanciones ambientales en jurisdicción nacional
  • La función primaria de la DIA es sustanciar en la
    esfera administrativa nacional, las actuaciones
    infraccionales previas a la aplicación de las
    sanciones previstas en la leyes ambientales en
    las que la SAyDS sea autoridad de aplicación.
  • La función específica es sustanciar los sumarios
    con el objeto de realizar la investigación de los
    hechos sobre cuyo conocimiento y sanción, la
    SAyDS es autoridad competente
  • asegurando el derecho de defensa de los presuntos
    infractores,
  • posibilitando su efectiva participación en el
    procedimiento,
  • respetando la publicidad de los actos.

99
Sanciones ambientales en jurisdicción nacional
  • Garantizar el derecho de defensa implica
  • la oportunidad del administrado de expresar sus
    razones antes de la emisión del acto
    administrativo sancionatorio
  • el derecho de ofrecer y producir prueba y de
    controlar la sustanciada realizada por la
    Administración
  • la naturaleza del proceso sumario debe asimilarse
    a la naturaleza del proceso penal.
  • La Res. N 475/05 establece las diferentes etapas
    del sumario con el propósito de establecer un
    procedimiento único que garantice el derecho de
    defensa y la publicidad de los actos de la
    Administración.

100
Sanciones ambientales en jurisdicción nacional
  • El derecho administrativo sancionador también
    constituye una herramienta de política ambiental
    en el marco integral de los objetivos y funciones
    del PEN. Es una de las técnicas de intervención
    administrativa que buscan dar cumplimiento, a la
    obligación que la CONSTITUCIÓN NACIONAL pone en
    cabeza de las Autoridades de proveer al ejercicio
    a un ambiente sano.
  • El Reglamento debe servir como un instrumento
    adecuado tanto para la tutela de los derechos de
    los presuntos infractores derivados de la
    garantía constitucional del debido proceso
    adjetivo (Art. 18, Const. Nac. y art. 1º, Ley
    19.549), así como un camino para el logro de los
    fines constitucionales de la política ambiental,
    es decir no sólo con una finalidad represiva sino
    también preventiva.

101
Sanciones ambientales en jurisdicción nacional
  • El Reglamento establece el procedimiento sumarial
    mediante el cual la DIA investigará la comisión
    de presuntas infracciones.
  • Se determinará el o los responsables, el alcance
    de la responsabilidad y el Secretario de Ambiente
    aplicará las sanciones previstas en la normativa
    pertinente.
  • La interpretación y aplicación de la Res. 475/05
    se integra supletoriamente con las disposiciones
    de la Ley Nacional de Procedimientos
    Administrativos Nº19.549, su reglamento, el
    Decreto Nº 1759/72 y el Código Procesal Civil y
    Comercial de la Nación.

102
El procedimiento características
  • Los sumarios se instruyen en el ámbito de la DIA.
  • Será instructor el Director de la misma o el
    letrado que éste designe.
  • Es deber del Instructor dirigir el procedimiento
    sumarial.
  • Debe investigar los hechos, reunir pruebas,
    determinar responsables, y fijar y dirigir las
    audiencias de prueba y realizar las demás
    diligencias a su cargo.

103
El procedimiento características
  • El Instructor debe tener independencia en sus
    funciones, debiendo evitarse todo acto que pueda
    afectarla.
  • El reglamento establece las condiciones en que se
    realizarán las actuaciones previas al sumario
    actas de inspección, actuación de los
    inspectores, ingreso al establecimiento.
  • Informe técnico ambiental para dar a inicio al
    sumario, las áreas sustantivas, deben con
    posterioridad a que se labren las actas, remitir
    al Subsecretario, un análisis técnico de la
    situación ambiental que indique los aspectos
    ambientales relevantes, así como la normativa
    presuntamente infringida de la que surja la
    irregularidad que cabrá imputar como cargo.

104
El procedimiento características
  • Los Subsecretarios remiten a la DIA, junto con
    los antecedentes documentales que sustenten las
    posibles irregularidades, la solicitud de inicio
    del procedimiento sumarial.
  • En caso de grave peligro o de daño inminente para
    la salud y la vida de las personas y/o el
    ambiente, podrá recomendar o solicitar al
    Director de Infracciones Ambientales que se
    adopten, en el marco del sumario por instruirse,
    medidas preventivas.
  • Se procederá a confeccionar la imputación del o
    los cargos al presunto infractor, la cual deberá
    ser suscrita por el Subsecretario que resulte
    competente según la materia.

105
El procedimiento características
  • La imputación, se la notifica al presunto
    infractor a fin de que, dentro de los DIEZ días
    hábiles posteriores, efectúe su descargo, ofrezca
    la prueba que, según considere, haga a su
    derecho, y constituya domicilio en el radio de la
    CABA.
  • Una vez presentado el descargo se dictará el auto
    de apertura a prueba, ordenando las que considere
    conducentes y estableciendo el plazo para
    producirlas de acuerdo con la importancia y
    complejidad de ellas.
  • En el mismo auto deberán rechazarse, sin recurso
    alguno para el sumariado y dando cuenta motivada
    de las razones, aquellas pruebas que no reúnan
    los requisitos establecidos por los reglamentos o
    las que sean superfluas, inconducentes,
    manifiestamente improcedentes o dilatorias.

106
El procedimiento características
  • Concluida la etapa probatoria, el Instructor
    deberá realizar, el cierre del período probatorio
    mediante providencia y notificar al presunto
    infractor, al que se le otorgará un plazo para
    alegar sobre el mérito de las pruebas producidas.
  • El Instructor realizará el pertinente análisis
    técnico jurídico de las actuaciones y arribará a
    una conclusión por medio del informe
    correspondiente.
  • Si necesita de asesoramiento técnico para
    conformar su informe, el Instructor podrá
  • Citar a los agentes de los distintos sectores
    técnicos para que concurran a la sede de la
    instrucción, a fin de asistir en el análisis
    técnico de la cuestión.
  • Requerir, por escrito, la información necesaria
    de las distintas dependencias.

107
El procedimiento características
  • Para la aplicación de las sanciones se tendrá en
    cuenta el daño ambiental real o potencial
    ocasionado y la naturaleza de la infracción.
  • La conducta del infractor durante la
    sustanciación del sumario, se tendrá en cuenta de
    modo que el reconocimiento de la infracción
    cometida o, en su caso, el voluntario
    ofrecimiento de un cronograma de actividades de
    recomposición o saneamiento de la situación que
    originara el procedimiento sumarial, serán
    conductas valoradas positivamente al momento de
    apreciarse la sanción que corresponda aplicar.

108
El procedimiento características
  • La DIA eleva a la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
    JURIDICOS el sumario y el proyecto de resolución
    para que ésta practique el pertinente control de
    legalidad en forma previa a la suscripción del
    acto administrativo por el Secretario de Ambiente
    y Desarrollo Sustentable.
  • Una vez suscrito el acto, se procederá a su
    notificación, con indicación del o los recursos
    disponibles y su respectivo plazo.
  • Los recursos se rigen por el procedimiento de la
    Ley de Procedimientos Administrativos.

109
El procedimiento características
  • La actividad administrativa nunca puede ser de
    naturaleza jurisdiccional ni constituir
    válidamente el ejercicio de funciones sustraídas
    a los jueces.
  • Las resoluciones administrativas definitivas son
    siempre impugnables ante el órgano judicial.
  • El acto sancionador debe cumplir con todos los
    requisitos del acto administrativo que recaiga
    sobre una situación jurídica particularizada, que
    sea fehacientemente notificado, que sea regular
    cumpliendo las condiciones mínimas de
    procedimiento,
  • El acto administrativo se presume legítimo,
    exigible y hasta ejecutorio, es productor de
    efectos jurídicos y es impugnable tanto en sede
    administrativa como en sede judicial.

110
El procedimiento características
  • De las Medidas Preventivas
  • Tienen carácter excepcional .
  • Cuando del relevamiento realizado por las
    Direcciones Nacionales surgiere la comprobación
    técnica fehaciente de la existencia de grave
    peligro o de daño inminente para la salud y la
    vida de las personas y/o para el ambiente, podrá
    propiciarse el dictado de una resolución que
    suspenda preventivamente la inscripción del
    presunto infractor en los registros.
  • La suspensión preventiva no podrá superar el
    plazo de SESENTA (60) días corridos.
  • Podrán propiciarse otras medidas preventivas, de
    conformidad con las previsiones legales y
    reglamentarias aplicables a la actividad del
    presunto infractor.
  • Las medidas preventivas podrán disponerse durante
    toda la sustanciación del sumario.

111
El procedimiento características
  • De las Medidas Preventivas
  • En su caso, el acto que las disponga podrá
    proyectarse en el contexto de las actuaciones
    previas pudiendo, en tal supuesto, ser notificado
    con ocasión de la notificación de la
    correspondiente imputación o con posterioridad a
    ella.
  • Las medidas preventivas serán fijadas por
    resoluciones del Secretario de Ambiente y
    Desarrollo Sustentable.
  • Las Direcciones Nacionales competentes deberán,
    mediante informe fundado, señalar las razones que
    aconsejan la adopción de la o las medidas
    preventivas propuestas.

112
Regímenes legales de aplicación
  • Ley de Residuos Peligrosos N 24.051.
  • Es una ley federal, suceptible de ser adherida
    por las provincias.
  • Establece la jurisdicción nacional sobre la
    generación, manipulación, transporte, tratamiento
    y disposición final de residuos peligrosos cuando
    se tratare de residuos generados o ubicados en
    lugares sometidos a jurisdicción nacional o,
    aunque ubicados en territorio de una provincia
    estuvieren destinados al transporte fuera de ella.

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Regímenes legales de aplicación
  • La LRP establece que será considerado peligroso
    todo residuo que pueda causar daño, directa o
    indirectamente, a seres vivos o contaminar el
    suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en
    general.
  • En particular serán considerados peligrosos los
    residuos indicados en el Anexo I o que posean
    alguna de las características enumeradas en el
    Anexo II.
  • Y cuando, a criterio de la autoridad de
    aplicación, dichos residuos pudieren afectar a
    las personas o el ambiente más allá de la
    frontera de la provincia en que se hubiesen
    generado, o cuando las medidas higiénicas o de
    seguridad que a su respecto fuere conveniente
    disponer, tuvieren una repercusión económica
    sensible tal, que tornare aconsejable
    uniformarlas en todo el territorio de la Nación,
    a fin de garantizar la efectiva competencia de
    las empresas

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Regímenes legales de aplicación
  • Las disposiciones de la ley serán también de
    aplicación a aquellos residuos peligrosos que
    pudieren constituirse en insumos para otros
    procesos industriales.
  • Quedan excluidos de los alcances de la ley los
    residuos domiciliarios, los radiactivos y los
    derivados de las operaciones normales de los
    buques, los que se regirán por leyes especiales y
    convenios internacionales vigentes en la materia.

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Reg
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