INFORME DE EVALUACIN DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIN POSTSTAN

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INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
RECONSTRUCCIÓN POST-STAN

• Procurador de los Derechos Humanos

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I. CARÁCTER DEL INFORME

• Luego de los terribles acontecimientos provocados
  por el paso de la tormenta Stan por el territorio
  nacional, el Procurador de los Derechos Humanos
  presentó un primer informe de situación, en
  noviembre de 2005.
• En cumplimiento de su mandato legal de promoción
  y agilización de la gestión administrativa
  gubernamental, la institución del Procurador ha
  dado seguimiento a la respuesta que las
  instituciones del Estado han dado a las
  necesidades de la población que fue afectada por
  la tormenta.

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Carácter del informe

• De esa cuenta, el informe de evaluación que a
  continuación se presenta es el resultado de
• Las verificaciones de campo, efectuadas desde
  principios de octubre de 2005 hasta junio de
  2006, por el personal de las Auxiliaturas de la
  Procuraduría de los Derechos Humanos
• La información oficial proporcionada por diversos
  funcionarios que están al frente de las
  instituciones del Estado encargadas de la
  atención a las víctimas durante los procesos de
  emergencia, rehabilitación y reconstrucción
  post-Stan
• Datos facilitados por los Comités de Verificación
  del Proceso de Reconstrucción, constituidos en
  cada uno de los departamentos afectados (COVER)
  e,
• Intercambios sostenidos con las comisiones de
  Probidad, Reconstrucción, Transparencia, Finanzas
  y Derechos Humanos del Honorable Congreso de la
  República.

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II. ANTECEDENTES

• Los efectos destructores de la tormenta Stan se
  debieron, no sólo a su intensidad, sino también a
  las características orográficas, geográficas y
  geológicas de los territorios afectados.
• Adicionalmente, el grave deterioro del entorno
  ambiental coloca a buena parte del territorio
  nacional en una situación altamente vulnerable.

• Factores estructurales como la falta de vivienda,
  la pobreza y pobreza extrema, y los
  asentamientos humanos en áreas de riesgo y
  vulnerabilidad geoambiental, magnificaron y
  profundizaron los daños causados por la tormenta.

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Antecedentes

• La intensidad de las lluvias propias de la época
  se agudiza a partir de septiembre.
• El 3 de octubre de 2005 se anuncia la llegada de
  la tormenta tropical Stan al territorio nacional.
• Es hasta ese momento cuando CONRED decreta una
  alerta roja a nivel nacional.

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De los 22 departamentos que conforman el país se
reportaron daños en 15 de ellos, cuya extensión
territorial representa el 41.6 del territorio
nacional y su población total el 79.4. Los
afectados, directa o indirectamente, fueron más
de seis millones de personas. En rojo el área
más afectada por la tormenta En amarillo el área
moderadamente afectada
Antecedentes
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Antecedentes

• El sur y el occidente del país fueron las
  regiones más afectadas.

• Son éstas las que registran los más altos
  niveles de pobreza y los más bajos índices de
  desarrollo humano del país.
• Los datos oficiales reportados por la
  Coordinadora Nacional para la Reducción de
  Desastres CONRED- dieron cuenta de las
  siguientes cifras de daños

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Antecedentes

• 1158 comunidades afectadas
• 669 personas fallecidas y 844 desaparecidas
• El total de damnificados directos se calculó en
  alrededor de medio millón de personas.
• El carácter de la tragedia motivó diversas
  respuestas institucionales.

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Antecedentes

• Por su parte, el Procurador de los Derechos
  Humanos viajó a Sololá y luego a San Marcos,
  siendo el primer funcionario en presenciar la
  grave situación de los cantones Panabaj y Cuá
  (Santiago Atitlán, Sololá y Tacaná, San Marcos,
  respectivamente).
• Al parecer, el Gobierno de la República captó
  tardíamente la magnitud del desastre, lo cual
  incidió negativamente en la calidad y prontitud
  de la reacción en algunas regiones.

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III. LAS DEMANDAS SOCIALES

• De la fase de la emergencia a la de la
  reconstrucción, las demandas sociales se han ido
  modificando.
• La atención de las necesidades vitales más
  inmediatas (agua, alimentación y cobijo) ha dado
  paso al reclamo de soluciones a los problemas más
  estructurales.
• Junto a ello, la fiscalización social, ejercida
  por diversas vías, reclama mayor y mejor atención
  y más agilización en los programas y proyectos
  previstos por el Estado.
• Estas son las demandas que el Procurador de los
  Derechos Humanos ha conocido

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Las demandas

• 1. En la fase de emergencia
• Los pobladores afectados requirieron al
  Procurador, observar
• Se estableciera un control efectivo para evitar
  la especulación y el aumento en los precios de la
  canasta básica.
• Se les permitiera ejercer su derecho de
  priorizar, planificar y fiscalizar los proyectos
  a desarrollar, para que los mismos reunieran
  condiciones sociales y culturales pertinentes.

• Que se implementara un programa de ordenamiento
  territorial con base en el manejo sostenible de
  los recursos naturales delimitando las áreas
  productivas y las urbanizables.

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Las demandas

• 2. En la fase de reconstrucción
• Los damnificados manifiestan
• Que la problemática ocasionada por el Stan no se
  interprete como una nueva crisis, sino que se
  entienda como la profundización de la ya
  existente.
• Que el Estado no tiene capacidad de respuesta,
  organización, medios ni voluntad política para
  abordar los problemas ecológicos y climatológicos
• Que el Estado asuma la deuda histórica que
  mantiene con los pueblos indígenas ya que a éstos
  se les mantiene excluidos, marginados y
  postergados.

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Las demandas

• 3. En la fase de rehabilitación
• Que se condone la deuda agraria que las
  comunidades indígenas y campesinas han adquirido
  con el Estado y el sector privado, y la deuda de
  los micro y pequeños empresarios.
• Una distribución equitativa de la riqueza
  nacional.
• Terminar con la exclusión social.
• Reducir la pobreza y pobreza extrema.

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IV. LA ATENCIÓN DESDE LA PDH

• Atendiendo a los requerimientos planteados, el
  PDH solicita a las autoridades, tomar las medidas
  pertinentes para impedir la especulación de
  precios y el acaparamiento de productos básicos.
• Pone a disposición de CONRED todas las
  delegaciones departamentales de la PDH para los
  usos que se estimen convenientes.
• Las oficinas centrales de la institución se
  convierten en centro de acopio, en apoyo a
  CONRED.
• Se respalda la decisión del gobierno de declarar
  estado de calamidad pública.
• Se solicitó al Ministerio de Salud Pública y
  Asistencia Social, crear un cinturón sanitario
  para prevenir el brote de enfermedades epidémicas.

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Atención PDH

• Las 22 Auxiliaturas departamentales, se
  convirtieron en observadoras de las
  consecuencias del fenómeno climático y apoyaron
  la coordinación de la asistencia emergente en el
  rescate de víctimas, entrega de alimentos,
  medicamentos y albergues temporales.
• Se realizaron asambleas locales para identificar
  y conocer las necesidades de los afectados.
• En los 15 departamentos afectados se promovió la
  conformación de los Comités de Verificación del
  Proceso de Reconstrucción (COVER), y se les
  proveyó de apoyo para la celebración de un
  encuentro nacional que tuvo por objeto evaluar la
  respuesta institucional en el proceso de
  reconstrucción.

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V. LAS RESPUESTAS DEL ESTADO

• Las acciones iniciadas por el gobierno fueron
• En la emergencia asistencia alimentaria y
  despeje de vías.
• En la rehabilitación programas de láminas, en
  algunos casos albergues temporales y vaso de
  leche.
• En la reconstrucción identificación de programas
  y proyectos prioritarios, atención habitacional
  temporal y reconstrucción de alguna
  infraestructura básica.
• El carácter asistencialista de las acciones
  adoptadas por el gobierno, si bien era
  imprescindible para los primeros momentos, ha
  resultado insuficiente para las etapas
  posteriores.

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V.1 Las prioridades programáticas

• Una vez pasada la emergencia, dio inicio la etapa
  de planificación de la respuesta para la
  reconstrucción.
• De conformidad con información recientemente
  proporcionada por diversas instituciones del
  Estado a las comisiones de Probidad,
  Reconstrucción, Transparencia, Finanzas y
  Derechos Humanos del Congreso de la República,
  los proyectos definidos como prioritarios son

18
Fuente Instituciones gubernamentales
responsables de la reconstrucción.
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El número de proyectos asignados por departamento
es el siguiente
Fuente Instituciones gubernamentales
responsables de la reconstrucción.
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V.2 Lo presupuestado y lo ejecutado en 2005

• En los informes oficiales, sólo se hacen constar
  los datos de 14 de los 15 departamentos
  afectados.
• Sin embargo, esto no incluye información de la
  Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del
  Presidente y de la Secretaría de Coordinación
  Ejecutiva de la Presidencia.
• El presupuesto inicial aprobado para la inversión
  en la reconstrucción (Acuerdo Gubernativo
  533-2005), fue de 489 millones 157 mil 747
  quetzales distribuidos, así

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• De acuerdo con el área geográfica a atender,
  los recursos se distribuyeron de la siguiente
  manera.

Fuente Instituciones gubernamentales
responsables de la reconstrucción.

• Como puede observarse, en la distribución
  geográfica del gasto, quedaron 80 millones
  pendientes de asignación.

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Lo ejecutado 2005

• Luego de esta primera distribución de recursos,
  desde el Ejecutivo se hizo una asignación y se
  elevó el monto presupuestado, hasta un total de
  530 millones.
• El incremento se destinó básicamente al
  Ministerio de Agricultura, Ganadería y
  Alimentación.
• Luego de las entrevistas realizadas el 26 de
  abril pasado, por las diferentes comisiones del
  Congreso a los responsables de las instituciones
  encargadas de la reconstrucción, los diputados
  llegaron a la conclusión de que
• el gobierno privilegió la inversión y ejecución
  en obras de infraestructura (carreteras), que
  responden más a los listados geográficos de obras
  que se tenían proyectados y a los megaproyectos,
  en el marco de la aprobación del TLC, que a lo
  requerido por la emergencia.

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Lo ejecutado 2005

• Los informes proporcionados en dicha reunión
  evidenciaron que, en un 80 de los casos, los
  proyectos y programas no contemplan indicadores
  de avance físico.
• De acuerdo con la información de fuentes del
  gobierno, al mes de mayo de 2006, de los 773
  proyectos presupuestados
• 17 estaban arriba del 50 de su ejecución
• 24 estaban abajo del 50 de ejecución y,
• 732 no han iniciado o apenas están iniciando.

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Lo ejecutado 2005

• Ante la evidencia del bajo nivel de avance y
  resultados, los diputados de la comisión de
  Reconstrucción lamentaron que el marco legal de
  exención de licitaciones y cotizaciones que se
  otorgó al Gobierno, para que actuara de manera
  inmediata en la reconstrucción no fuera
  aprovechado, en perjuicio directo de las
  comunidades dañadas.
• Los señores diputados también señalaron cómo en
  los informes institucionales no se observa
  inversión suficiente en áreas prioritarias, como
  vivienda, atención en salud, educación, tierras
  para cultivos ni apoyo a programas de producción.

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V.3 Lo presupuestado y lo ejecutado en 2006

• En 2006, a cada entidad se le otorgó un monto
  adicional del Presupuesto Nacional de Gastos lo
  que entre todas las instituciones totalizó un mil
  59 millones 803 mil quetzales.
• De acuerdo con los cálculos del Organismo
  Ejecutivo el costo total de la reconstrucción es
  de 2,500 millones de quetzales.
• Entre lo asignado en 2005 y lo correspondiente a
  2006, se han garantizado un poco más de un mil
  589 millones de quetzales.
• Lo anterior significa que se acarrea un déficit
  de Q 910 millones y que no hay recursos
  económicos que garanticen el financiamiento pleno
  de la reconstrucción a nivel nacional.

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Lo ejecutado 2006

• En el primer cuatrimestre de 2006 se ha ejecutado
  el 28.63 del presupuesto asignado.
• Este porcentaje está determinado por la nula
  ejecución del Ministerio de Comunicaciones y el
  1.60 de ejecución de los Consejos
  Departamentales de Desarrollo.
• Por su parte, el MAGA, FIS y FONAPAZ han
  ejecutado casi el 100 y la CONRED el 69.52 de
  los recursos.
• El MICIVI y los Consejos de Desarrollo cuentan
  con 600 y 225 millones de quetzales,
  respectivamente. Los recursos están destinados a
  la reconstrucción de la infraestructura vial y de
  servicios básicos, pero no se han ejecutado.

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Ejecución presupuestaria del Programa de
Reconstrucción por la Tormenta Tropical
STAN(Primer cuatrimestre 2006 con información
actualizada al 17/05/06)
Fuente Ministerio de Finanzas del portal
Transparencia Fiscal
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VI. LA VOZ DE LAS POBLACIONES AFECTADAS

• Los Comités de Verificación del Proceso de
  Reconstrucción COVER-, surgen inducidos por la
  PDH ante la falta de participación de la sociedad
  civil en la planificación, ejecución y
  fiscalización de los proyectos de reconstrucción.

• En el primer encuentro nacional de los COVER,
  representantes de las poblaciones afectadas
  señalaron que
• No se ha respetado la identidad y costumbres de
  las poblaciones afectadas, que en su mayoría son
  indígenas.

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• No se ha tomado en cuenta su opinión para
  establecer prioridades en programas y proyectos
  por lo que consideran que el Estado ha violado su
  derecho a la participación en los procesos de la
  reconstrucción post Stan.
• En la fase de emergencia, se evidenció la falta
  de coordinación entre las instituciones
  involucradas lo cual impidió que la ayuda
  humanitaria llegara a los lugares con la
  prontitud requerida.
• Las respuestas a las necesidades de vivienda,
  salud, medios de producción, alimentos y vías de
  comunicación han sido insuficientes.

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Necesidades de la población y respuesta
gubernamental
Fuente COVER - Instituciones gubernamentales
responsables de la reconstrucción.
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VII. CONCLUSIONES

• A partir de la información recogida, el
  Procurador de los Derechos Humanos señala
• Que se ha producido un comportamiento
  administrativo lesivo a los intereses de las
  víctimas de la tormenta tropical Stan en tanto,
  los datos cualitativos y cuantitativos muestran
  ineficacia de la gestión gubernamental, en sus
  planes y en la ejecución de las obras preventivas
  y restauradoras correspondientes al proceso de la
  reconstrucción nacional además de haberse
  demostrado un alto nivel de descoordinación entre
  las autoridades responsables de atender la
  emergencia.

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Conclusiones

• Ha habido omisión en la atención a los derechos
  económicos y sociales de la población puesto que
  los proyectos no se orientaron a la emergencia
  preventiva y restauradora, sino a la continuidad
  del trabajo normal de construcción y
  mantenimiento de la infraestructura.
• Se ha violado el derecho a la participación
  política de las víctimas de la tormenta, pues se
  limitó la posibilidad de que las comunidades
  definieran las políticas, planes y proyectos de
  reconstrucción, así como que intervinieran en la
  identificación, formulación, ejecución y
  evaluación constante de las obras preventivas y
  restauradoras requeridas en las diversas
  comunidades.

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Conclusiones

• La información suministrada hasta ahora por las
  diversas instancias gubernamentales, evidencia
  que
• El gobierno dispuso de suficientes recursos y
  recibió facilidades para su inversión, a través
  de la emisión de las medidas normativas que
  liberaban a las autoridades de los procedimientos
  de control tradicionales como cotizaciones,
  licitaciones y demás regulaciones. Sin embargo,
  el bajo nivel de ejecución de los proyectos
  demuestra que se ha producido un comportamiento
  administrativo lesivo a los intereses de las
  víctimas.

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Conclusiones

• Ante el cierre de espacios de participación en
  las políticas y planes de reconstrucción, la
  población afectada se organiza en Comités de
  Verificación COVER- y solicita el acompañamiento
  y asesoría del PDH. Sin embargo, las autoridades
  no los reconocen ni les dan la importancia que
  les corresponde con lo cual se viola el derecho a
  la participación.
• El derecho a la seguridad de las personas, se
  pone en entredicho cuando a casi ocho meses de la
  tormenta Stan, no se habían formulado aún, planes
  ni acciones de prevención para contrarrestar los
  efectos de la época de lluvias del presente año.

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Conclusiones

• Es una omisión de gravedad política y social del
  Estado, no proteger la vida, la seguridad e
  integridad de las personas y en general, el
  bienestar de la familia y la sociedad las cuales
  constituyen condiciones básicas que permiten la
  plena realización del trabajo como medio de
  desarrollo y prosperidad, en un ambiente de paz y
  gobernabilidad con lo cual se violan derechos
  individuales, económicos, sociales y culturales y
  el derecho al desarrollo y la paz.
• Dejar a las víctimas de desastres naturales y
  situaciones de emergencia similares sin
  asistencia humanitaria representa un atentado
  contra la dignidad humana
• (Asamblea General de Naciones Unidas.
• Resolución del 08 de diciembre de 1988)