PROCEDIMIENTO Y PROCESO

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PROCEDIMIENTO YPROCESO
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Funciones ordinarias o jurígenas del Estado

• Función legislativa Creación de normas
  jurídicas.
• Función jurisdiccional Solución de controversias
  con fuerza de verdad legal.
• Función administrativa Satisfacción inmediata y
  directa de las necesidades de la sociedad. Ej.
  Necesidades de seguridad, de salud, de educación,
  de previsión social, de derechos laborales, que
  son atendidas por los distintos Ministerios
  existentes, Etc. Es una función residual a las 2
  anteriores.

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Posiciones procesalistas sobre la distinción
entre Proceso y Procedimiento

• Primera Posición El Proceso es un concepto
  teleológico, pues implica que el juzgador de una
  controversia sea un tercero imparcial en tanto
  que el Procedimiento es un concepto formal, ya
  que se agota en la realización de una serie de
  actos que constituyen la materialización del
  Proceso.
• Segunda Posición El Proceso y el Procedimiento
  son exactamente lo mismo. El Proceso se halla en
  la realización de todas las funciones del Estado
  (legislativa, jurisdiccional y administrativa).
• Tercera Posición El Proceso constituye una serie
  de actos que se llevan a cabo a fin de obtener la
  decisión de un órgano jurisdiccional, en tanto
  que el Procedimiento busca el pronunciamiento de
  un órgano público distinto al órgano
  jurisdiccional.

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Posición de la doctrina administrativista

• La doctrina administrativista diferencia el
  Proceso del Procedimiento en base a las funciones
  ordinarias o jurígenas del Estado
  (administrativa, jurisdiccional y legislativa).
• Proceso y Procedimiento constituyen los
  instrumentos a través de los cuales se realizan
  dichas funciones ordinarias, pero cada uno de
  ellos sirve a la realización de una función en
  especial el Proceso sirve a la realización de la
  Función Jurisdiccional, mientras que el
  Procedimiento a la realización de la Función
  Administrativa.

• Proceso ------------) Función Jurisdiccional
• Procedimiento --------) Función Administrativa

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Las funciones ordinarias y las entidades públicas

• Las funciones legislativa y jurisdiccional son
  realizadas sólo por algunas de las entidades
  públicas, mientras que la función administrativa
  que es realizada por todas ellas. Ej. El Poder
  Judicial, el Tribunal Constitucional y el Poder
  Legislativo, realizan la función jurisdiccional o
  legislativa que la Constitución les encomienda,
  paralelamente a su función administrativa.
• Para el desarrollo de la función jurisdiccional
  o legislativa, utilizan el proceso o
  procedimiento especialmente previsto para ello en
  la ley, mientras que para el desenvolvimiento de
  la función administrativa, hacen uso del
  procedimiento administrativo previsto en la Ley
  27444 y las normas especiales.
• El Poder Judicial
• Función jurisdiccional solución de
  controversias civiles, penales, laborales, Etc.
  ----) vía procedimental El Proceso
  Jurisdiccional contenido en los Códigos Procesal
  Civil, Procesal Penal, Etc.
• Función Administrativa entrega de certificados,
  constancias, adquisición de bienes y servicios,
  Etc. ----) vía procedimental Procedimiento
  Administrativo contenido en los Reglamentos
  administrativos especiales, TUPA y la Ley 27444
  (LPAG).

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Las funciones ordinarias y las entidades
administrativas

• El Tribunal Constitucional
• Función jurisdiccional solución de
  controversias en materia constitucional. -----)
  vía procedimental Proceso Jurisdiccional
  contenido en su Ley Orgánica, su Reglamento y el
  Código Procesal Constitucional.
• Función Administrativa entrega de certificados,
  constancias, adquisición de bienes y servicios,
  Etc. ------) vía procedimental Procedimiento
  Administrativo contenido en Reglamentos
  especiales, su TUPA y la Ley 27444.
• El Poder Legislativo
• Función legislativa producción de normas ---)
  vía procedimental Procedimiento Legislativo
  contenido en Constitución y su Reglamento.
• Función Administrativa entrega de certificados,
  constancias, adquisición de bienes y servicios,
  Etc. ------) vía procedimental Procedimiento
  Administrativo contenido en Reglamentos
  especiales, su TUPA y la Ley 27444.

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El Procedimiento Administrativo

• Dr. José Bartra Cavero
• El procedimiento administrativo está constituído
  por una serie de actos que se inician con una
  solicitud o escrito ante una entidad
  (administrativa), con el propósito o interés de
  lograr su pronunciamiento, que se materializa
  generalmente en una resolución, accediendo o
  desestimando lo solicitado por el ciudadano.
• Jurisprudencia argentina
• El procedimiento administrativo es un conjunto
  de formalidades de índole procesal o rituaria,
  exigidas en la tramitación de las actuaciones
  propias de la vía administrativa y que desde
  luego constituyen el cauce jurídico necesario
  para garantía de los intereses de la
  Administración y de los particulares.

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El Procedimiento Administrativo

• Artículo 29 de la Ley 27444 (LPAG)
• Se entiende por procedimiento administrativo el
  conjunto de actos y diligencias tramitados en las
  entidades, conducentes a la emisión de un acto
  administrativo que produzca efectos jurídicos
  individuales o individualizables sobre intereses,
  obligaciones o derechos de los administrados.
• Que se debe entender por
• conjunto de actos y diligencia tramitados ante
  las entidades. El conjunto de actos
  administrativos (decisiones) que emiten las
  autoridades administrativas y actos
  procedimentales (trámites) que realizan los
  administrados ante cualquiera de las entidades
  indicadas en el Art. I del T.P. de la Ley 27444,
  con el objeto de preparar la decisión final sobre
  un asunto que interesa al administrado.

9
El Procedimiento Administrativo

• conducentes a la emisión de un acto
  administrativo. Como se ha dicho, los actos
  administrativos y los actos procedimientales que
  se realicen ante una entidad del Estado, tienen
  por finalidad la emisión de un acto
  administrativo definitivo (una decisión final)
  sobre un asunto de carácter administrativo, que
  interesa al administrado. Ejemplo Otorgamiento
  de una licencia, una pensión, Etc
• que produzca efectos jurídicos individuales o
  individualizables sobre intereses, obligaciones o
  derechos de los administrados. La decisión final
  del procedimiento es un acto administrativo y,
  por ello, produce efectos en la esfera jurídica
  del administrado, imponiéndole deberes u
  otorgándole derechos. La decisión final no puede
  ser un Acto de Administración Interna (decisión
  con efectos jurídicos al interior de la entidad)
  ni un reglamento administrativo (norma con
  administrativa efectos generales).

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Caracteres diferenciales entre Proceso y
Procedimiento Administrativo

• Preclusión e Informalismo. El proceso se
  encuentra basado en el principio de preclusión,
  apareciendo como etapas que una vez cumplidas no
  pueden reabrirse, mientras que en el
  procedimiento administrativo, prima el principio
  de informalismo como criterio rector en la
  sustanciación de los trámites procedimentales
  (numeral 1.6 del Art. IV del T.P. Ley 27444 -
  Principio de Informalismo).
• Cosa Juzgada y posibilidad de revocación
  judicial. En el proceso la institución de la Cosa
  Juzgada atribuye a la sentencia una inmutabilidad
  prácticamente absoluta, mientras que en el
  procedimiento administrativo, ello como regla
  general no acontece, pues la decisión final puede
  ser revocada por el órgano jurisdiccional
  posteriormente (Art. 218 de la Ley 27444
  Impugnación de los actos administrativos ante el
  Poder Judicial).

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Caracteres diferenciales entre Proceso y
Procedimiento Administrativo

• Administración Pública y juzgador independiente.
  El procedimiento administrativo es dirigido y
  coordinado por una de las partes intervinientes
  la Administración Pública, mientras que en el
  proceso, el juez constituye un órgano ajeno e
  independiente de las partes involucradas en la
  controversia. (numerales 1.3 y 1.5 del Art. IV
  del T.P. Ley 27444 (Principio de Impulso de
  Oficio y Principio de Imparcialidad).

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LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL-
LEY 27444 -
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Antecedentes

• El Procedimiento Administrativo se encuentra
  regulado en la Ley 27444, Ley del Procedimiento
  Administrativo General. Esta Ley fue publicada el
  11 de abril del 2001 y entró en vigencia el 11 de
  octubre de ese año.
• La Ley 27444 ha derogado la antigua Ley de
  Normas Generales de Procedimientos
  Administrativos aprobada por D.S. Nº 02-94-JUS.
• Ha dejado sin efecto la Ley Nº 25035, Ley de
  Simplificación Administrativa, de junio de 1989,
  y su reglamento, el D.S. 070-89-PCM, modificado
  por el D.S. 002-90-PCM.
• Ha derogado el Título IV del Decreto Legislativo
  Nº 757, Ley Marco para el Desarrollo de la
  Inversión Privada, de noviembre de 1991, y su
  reglamento, el D.S. 094-92-PCM.

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Contenido de la Ley

• La Ley consta de un Título Preliminar de 8
  artículos, el cual establece el ámbito de
  aplicación de la norma, los principios que rigen
  el procedimiento y sus fuentes.
• El título I regula el régimen de los actos
  administrativos concepto, modalidades,
  requisitos, nulidad y eficacia.
• El título II contiene las normas aplicables al
  procedimiento administrativo general.
• El título III establece el régimen de los
  mecanismos de revisión de los actos
  administrativos.
• El título IV regula los procedimientos
  especiales el procedimiento trilateral y el
  procedimiento sancionador.
• Finalmente, el título V establece las normas
  aplicables a la responsabilidad de la
  Administración Pública.

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Ambito de aplicación de la Ley

• El Art. I del T.P. prescribe que la Ley deberá
  aplicarse en todas las entidades de la
  Administración Pública. No da una definición de
  lo que es Administración Pública, pero indica
  textualmente qué entes deben ser considerados
  parte de la misma, a efectos de la aplicación de
  esta Ley. Entre éstos tenemos
• El Poder Ejecutivo.
• El Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cuando
  no realizan funciones legislativas o
  jurisdiccionales sino administrativas, como en
  los temas de gestión de personal, gestión
  patrimonial y administrativa, los procedimientos
  de licitación, concursos o adjudicación directa
  para la contratación de obras, Etc.
• Los Gobiernos Regionales.
• Los Gobiernos Locales. 

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Ambito de aplicación de la Ley

• Los Organismos a los que la Constitución y las
  leyes confieren autonomía
• La Superintendencia de Banca y Seguros
• El Jurado Nacional de Elecciones
• El Tribunal Constitucional (salvo cuando resuelve
  controversias en materia constitucional).
• La Contraloría General de la República
• El Banco Central de Reserva
• El Consejo Nacional de la Magistratura
• El Ministerio Público
• La Defensoría del Pueblo
• Las Universidades Nacionales

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Ambito de aplicación de la Ley

• Entre los organismos que son autónomos por
  disposición de la ley, tenemos
• La Biblioteca Nacional del Perú, de acuerdo a la
  Ley Orgánica del Ministerio de Educación, Ley Nº
  25762
• El Seguro Social de Salud (Essalud) según la Ley
  de Creación de Essalud, Ley 27056
• La Oficina de Normalización Provisional (ONP) de
  acuerdo a lo dispuesto por su Estatuto D.S.
  061-95-EF

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Ambito de aplicación de la Ley

• Las demás entidades y organismos, proyectos y
  programas del Estado, cuyas actividades se
  realizan en virtud de potestades administrativas,
  y por tanto se consideran sujetas a las normas
  comunes del derecho público, salvo mandato
  expreso de ley que las refiera a otro régimen.
  Entre éstos tenemos
• El Proyecto Especial de Titulación de Tierras y
  Catastro Rural (PETT)
• El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
  (PRONAA)
• El Programa Nacional de Manejo de Cuencas
  Hidrográficas y Conservación de Suelos
  (PRONAMACHCS)
• El Instituto Nacional de Recursos Naturales
  (INRENA)
• El Instituto Nacional de Bienestar Familiar
  (INABIF)

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Ambito de aplicación de la Ley

• Las personas jurídicas bajo el régimen privado
  que prestan servicios públicos o ejercen función
  administrativa, en virtud de concesión,
  delegación o autorización del Estado, conforme a
  la normativa de la materia. Entre éstas tenemos
• Concesionaria Vial del Peru S.A. COVI PERU S.A.
  (Red Vial Nº 6 Puente Pucusana - Cerro Azul -
  Ica)
• Lima Airport Partners S.R.L. (Aeropuerto Jorge
  Chavez)
• Terminal Internacional del Sur S.A. TISUR (Puerto
  de Matarani)
• Vega Upaca S.A. Relima (Limpieza publica del
  Cercado de Lima)
• Telefónica del Perú (Telefonía fija y movil)
• Luz del Sur S.A.A. (Energía eléctrica zona norte
  de Lima)
• Transportadora de Gas del Peru S.A. TGP
  (Transporte del gas de Camisea a Lima)

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Ambito de aplicación de la Ley

• El artículo II del T.P., en concordancia con la
  Tercera Disposición Complementaria y Final de la
  Ley, dispone que los procedimientos
  administrativos especiales (existentes o que
  pudieran crearse posteriormente), se regirán
  supletoriamente por las disposiciones contenidas
  en la Ley 27444, siempre y cuando su regulación
  no la contradiga. En caso contrario, es decir, si
  existe contradicción entre el procedimiento
  especial y la Ley 27444, se aplicará el
  procedimiento especial.

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Ambito de aplicación de la Ley

• Entre los procedimientos especiales a que hace
  referencia el Art. II del T.P., tenemos
• Los procedimientos tributarios
• Los procedimientos de contratación pública
• Los procedimientos de concesiones mineras
• Los procedimientos registrales
• Los procedimientos de reclamación por servicios
  públicos de telecomunicaciones, de saneamiento y
  de electricidad
• Los procedimientos de libre competencia,
  protección al consumidor, competencia desleal
• Los procedimientos sobre saneamiento y titulación
  de la propiedad
• Entre otros.

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Finalidad de la Ley

• El Art. III del T.P. de la Ley, señala que la
  finalidad de la norma es la de establecer el
  marco jurídico necesario para que el accionar de
  la Administración sirva al interés general,
  garantizando dos cosas al mismo tiempo el
  respeto a los derechos e intereses de los
  administrados y la sujeción del accionar de la
  Administración al ordenamiento jurídico vigente.

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Finalidad de la Ley

• El Art. III del T.P. consagra dos tipos de
  garantía una Garantía Administrativa, mediante
  la cual se busca que la Administración cumpla su
  labor sujetándose a las disposiciones legales y
  constitucionales vigentes, y una Garantía
  Jurídica, por medio de la cual se tiende a
  tutelar los derechos e intereses de los
  administrados contra los actos de la
  Administración Pública que pudieran resultar
  arbitrarios o poco reflexivos.

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Fuentes del Procedimiento Administrativo

• El segundo párrafo del Art. V del T.P. de la
  Ley, indica cuáles deben ser consideradas fuentes
  del Procedimiento Administrativo
• Las disposiciones constitucionales. La
  Constitución es la principal fuente del
  procedimiento administrativo, pues en ella se
  consagran los procedimientos y las atribuciones
  generales de los órganos del Estado. Por ejemplo
• Los artículos 94 y 96, en el caso del Congreso de
  la República
• El artículo 118, en el caso del Presidente de la
  República
• El Artículo 143, en el caso del Poder Judicial
• El Artículo 154, en el caso del Consejo Nacional
  de la Magistratura
• El Artículo 161, en el caso de la Defensoría del
  Pueblo

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Fuentes del Procedimiento Administrativo

• Los tratados y los convenios internacionales
  incorporados al ordenamiento jurídico nacional.
  Un ejemplo de cómo los tratados pueden constituir
  fuentes del procedimiento administrativo, lo
  encontramos en el futuro Tratado de Libre
  Comercio entre el Perú y los Estados Unidos, en
  cuyo capítulo denominado Compras Públicas, se
  establecen reglas aplicables a los procedimientos
  de adquisiciones del Estado en los que participen
  empresas de los países firmantes, como son los
  principios de transparencia, no discriminación y
  debido proceso.

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Fuentes del Procedimiento Administrativo

• Las leyes y disposiciones de jerarquía
  equivalente
• Dentro de esta clasificación se encuentran las
  leyes ordinarias, como la Ley 27444, que regula
  el Procedimiento Administrativo General
• Las leyes orgánicas, como la Ley Orgánica de la
  Defensoría del Pueblo, Ley 26520, la que
  establece como atribución de la Defensoría, la
  posibilidad de iniciar o participar en cualquier
  procedimiento administrativo de la Administración
  Pública
• Los decretos legislativos, por ejemplo el Decreto
  Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Desarrollo
  de la Inversión Privada, cuyo derogado Capitulo
  IV regulaba los TUPAs y el Silencio
  Administrativo
• Por el contrario, no pueden ser considerados
  fuentes del Procedimiento Administrativo los
  Decretos de Urgencia, por cuanto se refieren
  únicamente a materia económica y financiera.

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Fuentes del Procedimiento Administrativo

• Los Decretos Supremos y demás normas
  reglamentarias de otros poderes del Estado.
• Por ejemplo, el D.S. 070-89-PCM, reglamento de la
  Ley Nº 25035, derogada Ley de Simplificación
  Administrativa.
• En el caso del Poder Judicial, el Reglamento de
  Organización y Funciones de la Oficina de Control
  de la Magistratura (OCMA), Resolución
  Administrativa N 263-96-SE-TP-CME-PJ
• En el caso del Congreso, el Reglamento del
  Congreso de la República 
• Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los
  estatutos y reglamentos de las entidades, así
  como los de alcance institucional o provenientes
  de los sistemas administrativos.
• Las demás normas subordinadas a los reglamentos
  anteriores.

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Fuentes del Procedimiento Administrativo

• La jurisprudencia proveniente de las autoridades
  jurisdiccionales que interpreten disposiciones
  administrativas. Las resoluciones que los jueces
  y tribunales de la República expidan dentro del
  proceso Contencioso Administrativo o como
  consecuencia del ejercicio de las Acciones de
  Garantía.
• Las resoluciones emitidas por la Administración
  a través de sus tribunales o consejos regidos por
  leyes especiales, estableciendo criterios
  interpretativos de alcance general y debidamente
  publicadas. Estas decisiones generan precedente
  administrativo, agotan la vía administrativa y no
  pueden ser anuladas en esa sede. Entre estas
  podemos encontrar
• Los precedentes de observancia obligatoria del
  Tribunal Fiscal cuando se interpretan normas
  sustantivas o de procedimiento en materia
  tributaria

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Fuentes del Procedimiento Administrativo

• Las resoluciones del Tribunal de Contrataciones y
  Adquisiciones del Estado cuando se interpretan
  normas sustantivas o de procedimiento en materia
  de contratación con el Estado
• Las resoluciones del Tribunal Registral cuando se
  interpretan normas sustantivas o de procedimiento
  en materia registral
• Las resoluciones del Consejo de Minería cuando se
  interpretan normas sustantivas o de procedimiento
  en materia minera
• Los pronunciamientos vinculantes de aquellas
  entidades facultadas expresamente para absolver
  consultas sobre la interpretación de normas
  administrativas que apliquen en su labor,
  debidamente difundidas.
• Los principios generales del derecho
  administrativo.

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Fuentes del Procedimiento Administrativo

• El tercer párrafo del Art. V del T.P. indica que
  la jurisprudencia, las resoluciones
  administrativas, los pronunciamientos vinculantes
  y los principios generales del Derecho
  Administrativo, servirán para interpretar y
  delimitar el campo de aplicación de las normas
  administrativas a las que se refieren.
• De acuerdo al Art. VI del T.P., también
  constituyen fuentes, los actos administrativos
  emitidos por entidades distintas a los tribunales
  y a los consejos indicados en el Art. V, cuando
  dichos actos interpreten de modo expreso y con
  carácter general el sentido de la legislación, y
  sean publicados. Estos actos constituirán
  precedentes de observancia obligatoria para la
  entidad, pero podrán ser modificados por la misma
  entidad si se consideran equivocados o contrarios
  al interés general.

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Fuentes del Procedimiento Administrativo

• El artículo VII del T.P., establece que si las
  fuentes listadas en el Art. V no son suficientes
  para decidir la materia analizada en un
  procedimiento administrativo, las autoridades
  deberán aplicar los principios del procedimiento
  administrativo consagrados en el Art. IV, en su
  defecto, las fuentes supletorias del Derecho
  Administrativo (principios, doctrina,
  jurisprudencia) y, sólo en último caso, las
  normas de otros ordenamientos que sean
  compatibles con su naturaleza y finalidad
  (Proceso Civil).