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Diapositiva 1

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Seminario Internacional: Candados y Derechos: Protecci n de programas sociales y ... Esto es relevante dados los resultados posteriores detectados sobre todo en ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


1
Seminario Internacional Candados y Derechos
Protección de programas sociales y construcción
de ciudadanía. Mesa Experiencia de la sociedad
civil en vigilancia y monitoreo de programas
sociales. Enrique Valencia Lomelí Alto Consejo
por la Transparencia de los Programas Sociales
Federales Investigador de la Universidad de
Guadalajara Profesor Invitado en el Iteso
2
Especificidad Organizativa
  • Fue un Consejo convocado y creado por el PNUD
    (en consulta con partidos políticos y autoridades
    gubernamentales) para el Proyecto de Protección
    de Programas Sociales en Contextos Electorales
    (PPPSF). No fue una iniciativa inicial de los
    consejeros, a partir de su propia experiencia o
    militancia ciudadana fue una creación ad hoc,
    asumida por el conjunto de consejeros,
    convocados en su calidad de académicos expertos
    en materia electoral y en políticas sociales o de
    activistas con experiencia en organizaciones
    ciudadanas promotoras de la democracia en México.

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Compromiso complejo y acotado
  • A diferencia de las experiencias clásicas de los
    organismos ciudadanos emanados desde abajo, el
    Alto Consejo asumió un compromiso complejo y
    acotado en el que destacan las siguientes
    relaciones
  • relación con el PNUD, organismo convocante, lo
    que supuso diálogo y respeto al mandato propuesto
    en el acuerdo este organismo internacional y las
    autoridades públicas, acuerdo que originó el
    PPPSF
  • relación con las autoridades responsables de los
    programas sociales federales y, en acuerdo con
    ellas, creación de iniciativas de vigilancia
  • relación con un órgano técnico, convocado y
    coordinado por el PNUD, lo que generó diálogo y
    supervisión de sus actividades de investigación y
    difusión
  • relación con los activos y plurales medios de
    comunicación en un marco de polarización
    electoral (preeminencia de la nota fuerte
    políticamente, no necesariamente de la nota
    sustantiva)
  • relación con un cuerpo plural, creado ad hoc, de
    colegas consejeros, lo que implicó la búsqueda
    (no fácil ni evidente) de una actuación coherente
    y sólida en el marco de un mandato específico.

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  • El Alto Consejo debía contar con este conjunto
    de lógicas sociales articuladas en el PPPSF, en
    la búsqueda de una red de apoyo a la protección
    de los programas sociales. Podría caracterizarse
    el ejercicio del Alto Consejo en la intersección
    de la diplomacia y la consejería ciudadanas en
    defensa de los derechos sociales.

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Lecciones de las experiencias de
vigilanciaciudadana de los programas sociales.
  • 1.1 El ejercicio del Alto Consejo permitió el
    análisis de los mecanismos de protección
    institucionalizados en ocho programas con
    presupuesto superior a 2,000 millones de pesos en
    2006. El análisis concluyó en un Informe público.
    Se pudo así reunir trabajo de cabildeo, de
    especialidad técnica y de vigilancia ciudadana.
    Aunque no cubrió la gama amplia de la política
    social y se limitó fundamentalmente a programas
    sociales de acción frente a la pobreza.

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  • 1.2 A partir de las áreas programáticas
    vulnerables detectadas en esta investigación,
    el Alto Consejo emitió un conjunto de
    recomendaciones dirigidas a las autoridades
    responsables. Se trató de Exhortos y
    Recomendaciones, no de acciones de carácter
    vinculatorio. Las únicas presiones fueron las
    auto-asumidas por las autoridades (en especial
    Sedesol) y las por la fuerza político-moral del
    PNUD y en menor medida del Alto Consejo.

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  • 1.3 La parte central de los Exhortos y
    Recomendaciones estaba dirigida, por una parte,
    a pugnar por garantizar el acceso a la
    información y la rendición de cuentas sobre los
    programas sociales en el contexto electoral, y
    por otra a fortalecer la perspectiva de los
    derechos sociales. Básicamente el Alto Consejo
    exhortaba a las autoridades a cumplir la Ley y
    sus propios ordenamientos programáticos en la
    teorización propuesta por Guillermo ODonnell
    en este mismo Seminario lo que el Alto Consejo
    exigía era el Derecho al Estado, a lo que llamó
    el Derecho a la Autenticidad de las Políticas
    Sociales. En ocasiones exigir esta
    autenticidad de las políticas públicas no
    tiene mucho raiting en los medios informativos.

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  • 1.4 Qué tan eficaz fue este ejercicio de
    demanda de autenticidad de las políticas
    sociales en el marco de la polarización? Es muy
    difícil medir los resultados, como lo atestiguan
    los mismos informes del PPPSF. Las autoridades
    recibieron el Informe y los Exhortos-Recomendacio
    nes. No los rechazaron y en general manifestaron
    interés en atenderlos.
  • Lo que podemos decir es que resultado de esta
    situación, de la presencia de los medios y de
    los contactos con organizaciones civiles, el
    tema de la protección de los programas sociales
    en un marco electoral se puso en la esfera
    pública, lo mismo que la necesidad de fortalecer
    la perspectiva de los derechos.

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  • 1.5 El ejercicio del Alto Consejo detectó
    acciones federales (y algunas estatales)
    dirigidas a proteger los programas sociales en
    el contexto electoral sin embargo no se ha
    construido una política transversal, coherente,
    global de protección. Esto es relevante dados
    los resultados posteriores detectados sobre todo
    en materia de difusión y comunicación social
    gubernamental.

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  • Se encontraron retrocesos significativos
    mientras algunos programas (en particular
    Oportunidades) generaban campañas masivas de
    información y de educación desde la perspectiva
    de los derechos, la publicidad gubernamental en
    el marco electoral (fundamentalmente
    presidencial) desarrolló campañas también masivas
    (y más poderosas que las de Oportunidades) sobre
    los programas sociales como acciones
    gubernamentales en una primera etapa sin respetar
    la normatividad de la propia Ley General de
    Desarrollo Social en su artículo 28 y en una
    segunda etapa, asumiéndolo sólo de manera
    parcial. Estudios recientes sobre este periodo
    (15 de enero a 15 de mayo de 2006) señalan la
    transmisión de 462,000 spots en radio y
    televisión.

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  • 1.6 Las informaciones solicitadas a los
    organismos responsables de estos programas en
    general fueron entregadas al PPPSF. Una de las
    lecciones es que, con las alianzas adecuadas, es
    posible lograr una relación productiva con los
    funcionarios de los programas sociales en
    materia de información y seguimiento. Sin
    embargo, la información recibida fue
    fragmentada, heterogénea y desagregada, lo que no
    permitió una valoración del cumplimiento. La
    lección aprendida es que la vigilancia ciudadana
    de los programas sociales no es únicamente labor
    en periodos electorales, por definición
    delimitados (aunque no tan cortos en el caso de
    México) se requiere procesar información de
    manera sistemática y promover que las autoridades
    generen información homogénea y coherente.

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  • 1.7 El Estado es un complejo heterogéneo de
    actores sociales, con diversas concepciones sobre
    la ciudadanía y en específico sobre los derechos
    sociales. Este postulado teórico se constató en
    lo que se refiere por ejemplo al compromiso y
    cultura de derechos en el marco de polarización
    electoral lo que coincide con resultados de
    investigaciones recientes, en las que se ha
    encontrado que el abanico de la diversidad
    cultural en este sentido es muy amplio desde una
    especia de concepción de taylorismo social,
    mientras otros van consolidando una cultura de
    ciudadanía integral.

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  • Sin embargo, La lección aprendida es que pueden
    fortalecerse redes de acción en defensa de los
    derechos no sólo entre actores civiles (lo que
    sería un error desde mi punto de vista), sino
    redes amplias en las que interactúan organismos
    internacionales, grupos de expertos y consejeros,
    y funcionarios públicos. En la medida en que se
    amplíe esta red (empresarios, organizaciones
    políticas y sociales) y se logre constituir un
    fuerte bloque promotor de una ciudadanía
    integral, los resultados serán más relevantes.

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2. Recomendaciones a partir de las experiencias
de vigilancia ciudadana de los programas sociales.
  • 2.1 La vigilancia ciudadana de los programas
    sociales, a favor de los derechos y de la
    ciudadanía integral no puede restringirse a los
    periodos electorales. Se requiere una vigilancia
    permanente que genere información coherente y
    sistemática, y que impulse junto con los
    organismos públicos especializados la
    transparencia y la rendición de cuentas.
  • 2.2 Para que la protección de los programas
    sociales sea cada vez más efectiva se requieren
    cambios culturales notablemente entre los
    funcionarios públicos, dirigidos hacia un
    reforzamiento de la ciudadanía integral. Para
    ello son indispensables campañas de educación de
    funcionarios al respecto. Pero no sólo los
    cambios culturales también son necesarios entre
    empresarios, organizaciones civiles y medios de
    comunicación. Por ello, el reforzamiento en la
    esfera pública de estos debates son esenciales y
    por definición de largo aliento.

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  • 2.3 Se requieren consolidar las redes amplias en
    defensa de la ciudadanía integral y, por ende, en
    defensa de la autenticidad de los programas
    sociales (en defensa del derecho al Estado).
    Centrar la vigilancia de los programas sociales
    únicamente en las organizaciones civiles o en
    iniciativas diplomático-ciudadanas sería un
    error. Se requieren alianzas amplias, como las
    que apuntan en este proyecto.
  • 2.4 En el marco de estas redes amplias, si no se
    avanza en la protección de los programas y
    políticas sociales en el ámbito local-regional,
    los resultados serán muy limitados. Citemos por
    ejemplo la posible utilización política de las
    escuelas en periodos electorales. Es importante
    promover ejercicios de protección de políticas
    sociales en ámbitos locales/regionales, con la
    construcción de redes enfocadas espacialmente.

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Propuestas para una agenda pública de reformas a
partir de las experiencias de vigilancia
ciudadana de los programas sociales.
  • 3.1 Es central reglamentar la propaganda
    gubernamental en materia de programas sociales,
    no sólo en periodos electorales pero también en
    ellos. En particular debe evitarse la asociación
    e identificación personal de los funcionarios
    gubernamentales con los programas sociales, debe
    regularse la cantidad de propaganda en periodos
    electorales y debe reforzarse la asociación de
    propaganda gubernamental con campañas a favor de
    los derechos.
  • 3.2 Es necesario profundizar el debate público
    sobre la ciudadanía integral y en específico
    sobre la vigencia de los derechos sociales y
    culturales. En el marco de la Reforma del Estado
    este debate en la esfera pública es prioritario.
    Una reforma que no incluya reforzar la ciudadanía
    integral será una reforma incompleta.

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  • 3.3 En este sentido, es necesario reformar las
    acciones de combate a la pobreza para incorporar
    la concepción del derecho a un nivel básico de
    bienestar para todo ciudadano. Mientras no se
    incorpore esta concepción de derecho en una forma
    plena, las acciones de defensa de los programas
    sociales estarán limitadas a la denuncia
    ciudadana y a las auto-candados incorporados en
    los programas sociales.
  • 3.4 Paralelamente, es necesario avanzar en la
    universalización de algunos servicios básicos
    como educación, salud y atención a adultos
    mayores. La universalización efectiva puede
    también convertirse en un poderoso instrumento
    institucional para limitar la utilización
    política (ilegal o ilegítima) de las políticas
    sociales. Los casos de la salud y de las
    pensiones son particularmente sensibles en
    condiciones de pobreza.
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