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Límites constitucionales a la potestad
sancionadora de la Administración Pública

• Francisco Carruitero Lecca

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Constitucionalidad de la potestad sancionadora de
la Administración

• Estado Liberal de Derecho (frente al tipo de
  poder del Antiguo Régimen)
• Necesidad de monopolizar la potestad sancionadora
  del Estado .
• Racionalizar y someter dicha potestad a los
  mecanismos de limitación y control del poder,
  propios de esta nueva forma de organización
  estatal.

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Constitucionalidad implícita

• Aún cuando no hay reconocimiento expreso, hay
  reconocimiento tácito.
• La facultad sancionadora es inherente, porque a
  través de la potestad sancionadora de la
  Administración, esta puede cumplir sus fines
  constitucionales.
• Art. 44º Const. es deber del Estado la
  protección de los derechos fundamentales, la
  seguridad de la población, el bienestar general.

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La potestad sancionadora de la Administración
como facultad delegada

• La atribución de un autónomo poder sancionador a
  la Administración, la convierte en juez y parte.
• El poder sancionador de la Administración es una
  potestad no autónoma, esencialmente limitada, y
  sometida al control jurisdiccional.

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Límites constitucionales

• Principio de legalidad.
• Principio de motivación del acto administrativo
  sancionador.
• Principio de proporcionalidad en el Derecho
  Administrativo Sancionador.

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1. Principio de legalidad

• - Es una auténtica garantía constitucional de
  los derechos fundamentales .
• - Es un criterio rector en el ejercicio del
  poder punitivo del Estado Democrático.
• Const. Art. 2º.24.d)
• Nadie será procesado ni condenado por acto u
  omisión que al tiempo de cometerse no esté
  previamente calificado en la ley, de manera
  expresa e inequívoca, como infracción punible ni
  sancionado con pena no prevista en la ley
  (subrayado nuestro).

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Entonces...

• El principio de legalidad exige
• Que por ley se establezcan los delitos.
• Que las conductas prohibidas estén claramente
  delimitadas por la ley.
• Se prohíbe
• la aplicación por analogía
• el uso de cláusulas generales e indeterminadas
  en la tipificación de las prohibiciones.

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Jurisprudencia TC

• Exp. Nº 2050-2002-AA/TC
• (...) los principios de culpabilidad,
  legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen
  principios básicos del derecho sancionador, que
  no sólo se aplican en el ámbito del derecho
  penal, sino también en el del derecho
  administrativo sancionador (). (Fund. 8).

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Su diferencia con el principio de tipicidad

• El principio de legalidad no es igual al
  principio de tipicidad.
• El principio de legalidad se satisface cuando se
  cumple con la previsión de las infracciones y
  sanciones en la ley.
• El principio de tipicidad constituye la precisa
  definición de la conducta que la ley considera
  como falta.

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2. La motivación del acto administrativo
sancionador

• La motivación de las decisiones administrativas
  no tiene referente constitucional directo.
• Es un principio constitucional implícito en la
  organización del Estado Democrático (arts. 3º y
  43º Const.), como un tipo de Estado contrario al
  poder absoluto o arbitrario.
• Estado Constitucional Democrático el poder
  público está sometido al Derecho y por ello, la
  actuación de la Administración deberá dar cuenta
  de esta sujeción a fin de erradicar la
  arbitrariedad.

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En consecuencia...

• Para lograr la eficacia del Estado Constitucional
  Democrático
• Las decisiones de la Administración deben
  contener una adecuada motivación.
• La motivación está en
• Los hechos.
• La interpretación de las normas.
• El razonamiento realizado por el funcionario o
  colegiado, de ser el caso.

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Jurisprudencia TC

• Exp. Nº 090-2004-AA/TC
• () la motivación debe otorgar seguridad
  jurídica al administrado y permitir al revisor
  apreciar la certeza jurídica de la autoridad que
  decide el procedimiento para ello no se debe
  utilizar las citas legales abiertas, que sólo
  hacen referencia a normas en conjunto como
  reglamentos o leyes, pero sin concretar qué
  disposición ampara la argumentación o análisis de
  la autoridad ().

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Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General

• Art. 6º.3
• (...) no son admisibles como motivación, la
  exposición de fórmulas generales o vacías de
  fundamentación para el caso concreto o aquellas
  fórmulas que por su oscuridad, vaguedad,
  contradicción o insuficiencia no resulten
  específicamente esclarecedoras para la motivación
  del acto.

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• Art. IV del Título Preliminar, Ley 27444ç
• 1.2) forma parte del debido procedimiento
  administrativo el derecho del administrado a
  obtener una decisión motivada y fundada en
  derecho. Dicha motivación debe efectuarse en
  proporción al contenido y conforme al
  ordenamiento jurídico.

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La importancia de motivar en la sanción
administrativa

• La sanción administrativa supone la afectación de
  derechos.
• Entonces, su motivación es una obligación legal
  impuesta a la Administración y un derecho del
  administrado.
• Con ello, el administrado podrá hacer valer los
  recursos de impugnación que la legislación
  prevea.
• La motivación permite a la Administración
• Saber que su actuación no es arbitraria.
• Saber que ha hecho una aplicación racional y
  razonable del derecho y su sistema de fuentes.

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3. El principio de proporcionalidad en el derecho
administrativo sancionador

• El principio de razonabilidad o proporcionalidad
  es consustancial al Estado Social y Democrático
  de Derecho.
• Base Const. Arts. 3º, 43º, 200, último párrafo.
  
• El principio de razonabilidad valoración
  respecto del resultado del razonamiento del
  juzgador expresado en su decisión.
• El procedimiento para llegar a dicho resultado es
  la aplicación del principio de proporcionalidad
  con sus tres subprincipios
• de adecuación.
• de necesidad y
• de proporcionalidad en sentido estricto o
  ponderación.

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El principio de proporcionalidad aplicado al
control de la potestad sancionadora de la
Administración

• - En la actuación de la Administración, el
  principio de proporcionalidad cobra importancia
  márgenes de discreción con que actúa.
• - También, debido a la presencia de cláusulas
  generales e indeterminadas como el interés
  general o el bien común.
• - Ellas deben ser compatibilizados con otras
  cláusulas o principios igualmente abiertos a la
  interpretación derechos fundamentales, dignidad
  de las personas.

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Doctrina

• En la tensión permanente entre Poder y Libertad
  que protagoniza el desenvolvimiento del Derecho
  Público y por ello también el del Derecho
  Administrativo, el Estado de Derecho a través de
  la consagración que formula el principio de
  legalidad y de la garantía y protección de los
  derechos fundamentales, exige un USO JURÍDICO
  PROPORCIONADO DEL PODER, a fin de satisfacer los
  intereses generales con la menos e indispensable
  restricción de las libertades. (López González,
  José Ignacio. El principio general de
  proporcionalidad en derecho administrativo,
  Universidad de Sevilla, 1998, p. 108).