Sin t

1
DERECHO PROCESAL I 1 Semestre. 2003
LA JURISDICCIÓN
2

• BIBILIOGRAFÍA

Juan ColomboCampbell, LA JURISDICCIÓN EN EL
DERECHO CHILENO, Editorial Jurídica de Chile,
1991, pags. 1 a 63
CURSO DE DERECHO PROCESAL, DERECHO PROCESAL
ORGÁNICO Hugo Pereira Anabalón Editorial
Jurídica Conosur 1996
Paginas 79 a 157
3
Evolución en la solución de los conflictos entre
los seres humanos
Ya hemos señalado, reiteradamente, cómo se ha
evolucionado, en el desarrollo de las comunidades
humanas desde el PATER al ESTADO. La fórmula
actual de solución de conflictos por este último
es lo que nos lleva a analizar el tema bajo el
nombre de JURISDICCIÓN.
4
Concepto etimológico
Deriva del latín JURISDICERE o JURISDICTIONE. JUR
IS - DERECHO DICERE o DICTIO
- DECIR Es decir ESTABLECER EL DERECHO
APLICABLE
5
En el fondo, el ejercer la jurisdicción
es DECIR EL DERECHO DEL CASO CONCRETO Esta
conceptualización nos permite más que una primera
aproximación a una idea de lo que es la
jurisdicción.
6
En efecto a) Deja fuera la equidad. b) No
señala si es poder o deber. c) Deja fuera el
imperium Estas deficiencias hicieron que la
doctrina fuera elaborando conceptos y se llega a
un extremo en que cada autor se siente obligado a
tener su concepto propio.
7
DEFINICIONES DOCTRINALES DE JURISDICCIÓN
8
DEFINICIÓN DE CHIOVENDA

• La jurisdicción puede ser definida como la
  función del Estado que tiene por fin la actuación
  de la voluntad concreta de la Ley mediante la
  sustitución, por la actividad de los órganos
  públicos, sea al afirmar la existencia de la
  voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente
  efectiva.

(Giuseppe Chiovenda. Instituciones de Derecho
Procesal Civil, Editorial Revista de Derecho
Privado. 1954. Vol. 2 Pág. 2 y,
sustancialmente idéntica en Principios de
Derecho Procesal Civil. Editorial Reus S.A.,
1922. Tomo I)
9
DEFINICIÓN DE LEONARDO PRIETO-CASTRO

• La función con la que el Estado, por medio de
  órganos especialmente instituidos (esto es, los
  tribunales) realiza su poder y cumple su deber de
  otorgar justicia, en un proceso o procedimiento
  que esos órganos dirigen, aplicando las normas de
  derecho objetivo a los casos suscitados por una
  petición de justicia, es decir, por el ejercicio
  de una acción.

(Leonardo Prieto-Castro Fernandiz. Derecho
Procesal Civil. Editorial Revista de Derecho
Privado. 1968. Tomo I. Vol. I. Pág. 14)
10
DEFINICIÓN DE LEO ROSENBERG

• Jurisdicción, llamada también función de
  justicia, es la actividad del Estado dirigida a
  la realización del ordenamiento jurídico

(Leo Rosenberg. Tratado de Derecho Procesal
Civil. Editorial Jurídica Europa-América.
1955. Tomo I. Pág. 45).
11
DEFINICIÓN DE UGO ROCCO

• La actividad con la que el Estado, a través de
  los órganos jurisdiccionales, interviniendo a
  solicitud de parte, sujeto de intereses
  jurídicamente protegidos, se sustituyen a ella
  procurando la realización, por la fuerza-coactiva
  si es necesario, de los intereses tutelados por
  el Derecho que han quedado insatisfechos por la
  falta de actuación de la norma jurídica que los
  ampara.

(Ugo Rocco. Trattato di Diritto Processuale
Civile. Unione Tipográfico-Editrece. Torinese.
1957 Tomo I. Pág. 51).
12
DEFINICIONES DE DOCTRINA NACIONAL
13
FERNANDO ALESSANDRI

• Expresa que la jurisdicción es simplemente la
  facultad de administrar justicia.

14
CARLOS ANABALON

• Señala que en sentido estricto, la jurisdicción
  importa y significa el acto de administrar
  justicia (dar a cada uno lo que es suyo), función
  ésta que corresponde a los jueces esencialmente y
  cuyo ejercicio permite aplicar la ley en forma
  imperativa, por la fuerza, en los casos de
  controversia por motivo de violación de la ley, o
  más propiamente del derecho.

15
MARIO CASARINO

• Estudia diversas facetas de la jurisdicción con
  cluyendo que en sentido restringido es la
  facultad que tiene el poder judicial de
  administrar justicia.

16
HUGO PEREIRA

• La facultad de ciertos órganos del Estado, los
  tribunales de justicia, de dirimir los litigios
  surgidos entre particulares y sancionar los
  delitos jurisdicción es por lo tanto, aquella
  facultad abstracta que el Estado delega en los
  tribunales para solucionar en forma definitiva y
  obligatoria los litigios que se susciten entre
  los particulares mediante la sentencia, como
  asimismo para hacer cumplir lo resuelto en ella.

17
MANUEL URRUTIA

• La actividad del Estado tendiente a resolver,
  entre partes, los conflictos de intereses
  jurídicos contrapuestos, que se promuevan en el
  orden temporal dentro del territorio de la
  República y en forma definitiva y para siempre.

18
AVSOLOMOVICH, LUHRS Y NOQUERA

• En su obra Nociones de Derecho Procesal, la
  definen como la satisfacción de las pretensiones
  procesales por el Estado.

19
COLOMBO

• La jurisdicción es el poder que tienen los
  Tribunales de Justicia para resolver, por medio
  del proceso y con efectos de cosa juzgada, los
  conflictos de relevancia jurídica en cuya
  solución les corresponde intervenir.

20
OTROS AUTORES

• COUTURE Función pública realizada por órganos
  competentes del Estado, con las formas requeridas
  por la ley, en virtud del cual, por acto de
  juicio, se determina el derecho de las partes con
  el objeto de dirimir sus conflictos y
  controversias de relevancia jurídica, mediante
  decisiones con autoridad de cosa juzgada.
  Eventualmente factibles de ejecución.

21

• CHIOVENDA Consiste en la actuación de la ley
  mediante la sustitución de la actividad de
  órganos públicos a la actividad ajena, ya sea
  afirmando la existencia de una voluntad de ley,
  ya sea poniéndola posteriormente en práctica.

GUASP Función específica estatal que tiende a
la satisfacción de pretensiones.
22
DEFINICIÓN JURISPRUDENCIAL

• 1. La facultad de conocer de las causas, de
  juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado, es lo
  que en esencia constituye la jurisdicción, la
  facultad jurisdiccional y los organismos en los
  cuales ella radica son los tribunales, tanto los
  de fuero común , que conocen de la generalidad de
  los asuntos que se promuevan en el orden temporal
  dentro del territorio de la República, como los
  del fuero especial, que ejercen jurisdicción en
  determinadas materias.
• C. Suprema, 27 de Julio de 1960. R., t. 57 secc.
  3 pg. 57.

23

• 2. Las facultades que establece el art. 1 del
  C.O.T. son exclusivas de los tribunales de
  justicia, cualquiera sea la calidad de las
  personas que intervengan.
• Consejo de Estado, 9 de Diciembre de 1903, R.t.1
  p. 389

24

• 3. Por disposición expresa de la Constitución
  Política del Estado, el Poder Judicial ejerce una
  parte de la soberanía mediante la facultad
  exclusiva para juzgar las causas civiles y
  criminales.
• Esta delegación de soberanía es lo que
  constituye, esencialmente, la jurisdicción de los
  tribunales. El juez obra actuando la ley y esta
  actuación de la ley a través del tribunal
  correspondiente el de todo proceso la resolución
  judicial que se dicta en este proceso contiene el
  reconocimiento o reintegración de un derecho,
  esto es, restablece al que es titular en su
  ejercicio.
• sigue

25

• La ejecución de una resolución equivale a la
  conversión de esta en actos. El derecho existía,
  pero sólo se transforma en realidad mediante el
  mandato contenido en la sentencia y este mandato
  no puede dejar de llevarse a cabo, porque de otro
  modo sería ilusorio o únicamente teórico es por
  ello que es inherente a la jurisdicción el poder
  de coerción este es el presupuesto ineludible de
  la eficacia del derecho, porque la medida
  coercitiva impone la restauración del orden
  jurídico violado.
• Por consiguiente, a la jurisdicción va anexo el
  imperio, que es la facultad que tienen los jueces
  de usar la fuerza para hacer ejecutar lo juzgado
  y decretado.
• C. Suprema 3 de mayo de 1965. RE., t.62 sec.1
  p.57

26

• LA JURISDICCIÓN ES EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE
  RESOLVER CONTIENDAS EN DERECHO POR PARTE DE UN
  JUEZ.
• (Carlos Cerda Fernández)

27
La definición de jurisdicción de autores
nacionales- que hacemos nuestra y sus elementos
normativos

• Mario Mosquera
• El poder-deber del Estado, que se radica
  preferentemente en los tribunales de justicia
  para que estos, como órganos imparciales,
  resuelvan de manera definitiva e inalterable y
  con posibilidad de ejecución los conflictos de
  relevancia jurídica suscitados entre las partes,
  o que surjan de una violación del ordenamiento
  jurídico o social.

28
Analicemos los elementos normativos de esta
definición

• a) Es un poder-deber art. 73 inc. 1º CPE 5º,
  7º, 6º, 73 inc. 2º CPE 10º inc. 2º COT 76 inc.
  1º CPE 224 y 225 C.P.

b) Que se radica preferentemente en los
tribunales 48 Nº 2 CPE 49 Nº 1 CPE 115 inc,
1º C.P. 87, inc. 1º CPR.
c) Para que estos como órganos imparciales 109
CPP 194, 195, 196 y 197 COT 223, 224 y 225 CP.
sigue
29

• d) Resuelvan de manera definitiva e inalterable
  73 inc. 1º CPE.

e) Con posibilidad de ejecución 1º COT.
f) Los conflictos de intereses de relevancia
jurídica suscitados entre las partes o que surjan
de una violación del ordenamiento jurídico o
social.
g) En el orden temporal 5º inc. 1º y final COT.
h) Dentro del territorio de la República 14621
CC. 1º CPP y 5º CP.
30
Vamos al detalle

• a) Es un PODER-DEBER
• Es un Poder ya que es una manifestación de la
  soberanía estatal y en su virtud interviene
  COMPULSIVAMENTE para la solución en los
  conflictos.

31
El art. 73, inc. 1º CPE lo consagra.

• Art. 73. La facultad de conocer de las causas
  civiles y criminales, de resolverlas y de hacer
  ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a
  los tribunales establecidos por la ley. Ni el
  Presidente de la República ni el Congreso pueden,
  en caso alguno, ejercer funciones judiciales,
  avocarse causas pendientes, revisar los
  fundamentos o contenido de sus resoluciones o
  hacer revivir procesos fenecidos.

32
Esto no es sino consecuencia del juego de dos
disposiciones constitucionales.

• Art. 5º. La soberanía reside esencialmente en la
  Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a
  través del plebiscito y de elecciones periódicas
  y, también, por las autoridades que esta
  Constitución establece. Ningún sector del pueblo
  ni individuo alguno puede atribuirse su
  ejercicio.
• El ejercicio de la soberanía reconoce como
  limitación el respeto a los derechos esenciales
  que emanan de la naturaleza humana. Es deber de
  los órganos del Estado respetar y promover tales
  derechos, garantizados por esta Constitución, así
  como por los tratados internacionales ratificados
  por Chile y que se encuentran vigentes.

33

• Art. 7º. Los órganos del Estado actúan
  válidamente previa investidura regular de sus
  integrantes, dentro de su competencia y en la
  forma que prescriba la ley.
• Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo
  de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto
  de circunstancias extraordinarias, otra autoridad
  o derechos que los que expresamente se les hayan
  conferido en virtud de la Constitución o las
  leyes.
• Todo acto en contravención a este artículo es
  nulo y originará las responsabilidades y
  sanciones que la ley señale.

34
Es un DEBER, porque el Estado no solo puede
solucionar los conflictos, sino que debe hacerlo
(Analicemos brevemente -a propósito de esto- la
evolución de la justicia desde la época del
PATER).

• Art. 6º. Los órganos del Estado deben someter su
  acción a la Constitución y a las normas dictadas
  conforme a ella.
• Los preceptos de esta Constitución obligan tanto
  a los titulares o integrantes de dichos órganos
  como a toda persona, institución o grupo.
• La infracción de esta norma generará las
  responsabilidades y sanciones que determine la
  ley.

35
CPE

• Art. 73. La facultad de conocer de las causas
  civiles y criminales, de resolverlas y de hacer
  ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a
  los tribunales establecidos por la ley. Ni el
  Presidente de la República ni el Congreso pueden,
  en caso alguno, ejercer funciones judiciales,
  avocarse causas pendientes, revisar los
  fundamentos o contenido de sus resoluciones o
  hacer revivir procesos fenecidos.
• Reclamada su intervención en forma legal y en
  negocios de su competencia, no podrán excusarse
  de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley
  que resuelva la contienda o asunto sometidos a su
  decisión.

36
COT

• Art. 10. Los tribunales no podrán ejercer su
  ministerio sino a petición de parte, salvo los
  casos en que la ley los faculte para proceder de
  oficio.
• Reclamada su intervención en forma legal y en
  negocios de su competencia, no podrán excusarse
  de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley
  que resuelva la contienda sometida a su decisión.

37
CPR

• Art. 76. Los jueces son personalmente
  responsables por los delitos de cohecho, falta de
  observancia en materia sustancial de las leyes
  que reglan el procedimiento, denegación y torcida
  administración de justicia y, en general, de toda
  prevaricación en que incurran en el desempeño de
  sus funciones.
• Tratándose de los miembros de la Corte Suprema,
  la ley determinará los casos y el modo de hacer
  efectiva esta responsabilidad.

38
CP

• Art. 224. Sufrirán las penas de inhabilitación
  absoluta temporal para cargos y oficios públicos
  en cualquiera de sus grados mínimos a medios
• 1º. Cuando por negligencia o ignorancia
  inexcusables dictaren sentencia manifiestamente
  injusta en causa criminal.
• 2º. Cuando a sabiendas contravinieren a las
  leyes que reglan la sustanciación de los juicios,
  en términos de producir nulidad en todo o en
  parte sustancial.
• sigue

39

• 3º. Cuando maliciosamente nieguen o retarden la
  administración de justicia y el auxilio o
  protección que legalmente se les pida.
• 4º. Cuando maliciosamente omitan decretar la
  prisión de alguna persona, habiendo motivo legal
  para ello, o no lleven a efecto la decretada,
  pudiendo hacerlo.
• 5º. Cuando maliciosamente retuvieren en calidad
  de preso a un individuo que debiera ser puesto en
  libertad con arreglo a la ley.
• sigue

40

• 6º. Cuando revelen los secretos del juicio o den
  auxilio o consejo a cualquiera de las partes
  interesadas en él, en perjuicio de la contraria.
• 7º. Cuando con manifiesta implicancia, que les
  sea conocida y sin haberla hecho saber
  previamente a las partes, fallaren en causa
  criminal o civil.

41
CP

• Art. 225. Incurrirán en las penas de suspensión
  de cargo o empleo en cualquiera de sus grados y
  multa de once a veinte sueldos vitales o sólo en
  esta última, cuando por negligencia o ignorancia
  inexcusables
• 1º. Dictaren sentencia manifiestamente injusta
  en causa civil.
• 2º. Contravinieren a las leyes que reglan la
  sustanciación de los juicios en términos de
  producir nulidad en todo o en parte sustancial.
• sigue

42

• 3º. Negaren o retardaren la administración de
  justicia y el auxilio o protección que legalmente
  se les pida.
• 4º. Omitieren decretar la prisión de alguna
  persona, habiendo motivo legal para ello, o no
  llevaren a efecto la decretada, pudiendo hacerlo.
• 5º. Retuvieren preso por más de cuarenta y ocho
  horas a un individuo que debiera ser puesto en
  libertad con arreglo a la ley.

43

• b) Que se radica PREFERENTEMENTE en los
  Tribunales
• Al inicio se hablaba de SEPARACIÓN DE PODERES,
  la moderna ciencia política prefiere referirse a
  la SUPREMACÍA DE FUNCIONES.
• Por ello, no sólo los tribunales ejercen la
  jurisdicción.
• Hay otros órganos que ejercen jurisdicción.

44
Poder legislativo.

• Art. 48. Son atribuciones exclusivas de la
  Cámara de Diputados
• 2) Declarar si han o no lugar las acusaciones
  que no menos de diez ni más de veinte de sus
  miembros formulen en contra de las siguientes
  personas
• a) Del Presidente de la República, por actos de
  su administración que hayan comprometido
  gravemente el honor o la seguridad de la Nación,
  o infringido abiertamente la Constitución o las
  leyes.
• sigue

45

• Esta acusación podrá interponerse mientras el
  Presidente esté en funciones y en los seis meses
  siguientes a su expiración en el cargo. Durante
  este último tiempo no podrá ausentarse de la
  República sin acuerdo de la Cámara
• b) De los Ministros de Estado, por haber
  comprometido gravemente el honor el honor o la
  seguridad de la Nación, por infringir la
  Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin
  ejecución, y por los delitos de traición,
  concusión, malversación de fondos públicos y
  soborno
• sigue

46

• c) De los magistrados de los tribunales
  superiores de justicia y del Contralor General de
  la República, por notable abandono de sus
  deberes
• d) De los generales o almirantes de las
  instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la
  Defensa Nacional, por haber comprometido
  gravemente el honor o la seguridad de la Nación,
  y
• e) De los intendentes y gobernadores, por
  infracción de la Constitución y por los delitos
  de traición, sedición, malversación de fondos
  públicos y concusión.
• sigue

47

• La acusación se tramitará en conformidad a la
  ley orgánica constitucional relativa al Congreso.
• Las acusaciones referidas en las letras b), c),
  d) y e) podrán interponerse mientras el afectado
  esté en funciones o en los tres meses siguientes
  a la expiración en su cargo. Interpuesta la
  acusación, el afectado no podrá ausentarse del
  país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo
  en caso alguno si la acusación ya estuviere
  aprobada por ella.
• sigue

48

• Para declarar que ha lugar la acusación en
  contra del Presidente de la República se
  necesitará el voto de la mayoría de los diputados
  en ejercicio.
• En los demás casos se requerirá el de la mayoría
  de los diputados presentes y el acusado quedará
  suspendido en sus funciones desde el momento en
  que la Cámara declare que ha lugar la acusación.
  La suspensión cesará si el Senado desestimare la
  acusación o si no se pronunciare dentro de los
  treinta días siguientes.

49
CPC

• Atribuciones exclusivas del Senado
• Art. 49. Son atribuciones exclusivas del Senado
• 1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de
  Diputados entable con arreglo al artículo
  anterior.
• El Senado resolverá como jurado y se limitará a
  declarar si el acusado es o no culpable del
  delito, infracción o abuso de poder que se le
  imputa.
• sigue

50

• La declaración de culpabilidad deberá ser
  pronunciada por los dos tercios de los senadores
  en ejercicio cuando se trate de una acusación en
  contra del Presidente de la República y por la
  mayoría de los senadores en ejercicio en los
  demás casos.
• Por la declaración de culpabilidad queda el
  acusado destituido de su cargo, y no podrá
  desempeñar ninguna función pública, sea o no de
  elección popular, por el término de cinco años.
• sigue

51

• El funcionario declarado culpable será juzgado
  de acuerdo a las leyes por el tribunal
  competente, tanto para la aplicación de la pena
  señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para
  hacer efectiva la responsabilidad civil por los
  daños y perjuicios causados al Estado o a
  particulares

52
Servicio de Impuestos Internos (el Director
Regional) art. 6º Libro B Nº 6 y 115 inc. 1º C.T.

• Artículo 115º. El Director Regional conocerá en
  primera o en única instancia, según proceda, de
  las reclamaciones deducidas por los
  contribuyentes y de las denuncias por infracción
  a las disposiciones tributarias, salvo que
  expresamente se haya establecido una regla
  diversa.

53
Estatuto Administrativo faculta a Jefes de
Servicio para seguir sumarios. Contraloría
General de la República juicios de cuentas.
54
CPR

• Art. 87. Un organismo autónomo con el nombre de
  Contraloría General de la República ejercerá el
  control de la legalidad de los actos de la
  Administración, fiscalizará el ingreso y la
  inversión de los fondos del Fisco, de las
  municipalidades y de los demás organismos y
  servicios que determinen las leyes examinará y
  juzgará las cuentas de las personas que tengan a
  su cargo bienes de esas entidades llevará la
  contabilidad general de la Nación, y desempeñará
  las demás funciones que le encomiende la ley
  orgánica, constitucional respectiva.

55

• c) Para que estos, como órganos IMPARCIALES.
• Son imparciales porque no son PARTES en el
  conflicto. Para salvaguardar esta imparcialidad
  existen innumerables normas
• Por ejemplo
• En materia penal -donde podría discutirse la
  imparcialidad, por el interés de la sociedad en
  sancionar- se consagra la siguiente regla
• (Art. 109 CPP)

56

• Art. 109. (130) El juez debe investigar, con
  igual celo, no sólo los hechos y circunstancias
  que establecen y agravan la responsabilidad de
  los inculpados, sino también los que les eximan
  de ella o la extingan o atenúen.

57

• Art. 194. Los jueces pueden perder su
  competencia para conocer determinados negocios
  por implicancia o por recusación declaradas, en
  caso necesario, en virtud de causas legales.

58

• Art. 195. Son causas de implicancia
• 1º. Ser el juez parte en el pleito o tener en él
  interés personal, salvo lo dispuesto en el número
  18 del artículo siguiente
• 2º. Ser el juez consorte o pariente consanguíneo
  legítimo en cualquiera de los grados de la línea
  recta en la colateral hasta el segundo grado
  inclusive, o ser padre o hijo natural o adoptivo
  de alguna de las partes o de sus representantes
  legales
• sigue

59

• 3º. Ser el juez tutor o curador de alguna de las
  partes, o ser albacea de alguna sucesión, o
  síndico de alguna quiebra, o administrador de
  algún establecimiento, o representante de alguna
  persona jurídica que figure como parte en el
  juicio
• 4º. Ser el juez ascendiente o descendiente
  legítimo, padre o hijo natural o adoptivo del
  abogado de alguna de las partes
• 5º. Haber sido el juez abogado o apoderado de
  alguna de las partes en la causa actualmente
  sometida a su conocimiento
• sigue

60

• 6º. Tener el juez, su consorte, ascendientes o
  descendientes legítimos, padres o hijos naturales
  o adoptivos, causa pendiente en que deba fallar
  como juez alguna de las partes
• 7º. Tener el juez, su consorte, ascendientes o
  descendientes legítimos, padres o hijos naturales
  o adoptivos, causa pendiente en que se ventile la
  misma cuestión que el juez debe fallar
• 8º. Haber el juez manifestado su dictamen sobre
  la cuestión pendiente con conocimiento de los
  antecedentes necesarios para pronunciar
  sentencia, y
• sigue

61

• 9º. Ser el juez, su consorte, o alguno de sus
  ascendientes o descendientes legítimos, padres o
  hijos naturales o adoptivos, heredero instituido
  en testamento por alguna de las partes.
• Lo dicho en este artículo es sin perjuicio de lo
  dispuesto en el artículo 1324 y en los incisos
  tercero y cuarto del artículo 1325 del Código
  Civil.

62

• Art. 196. Son causas de recusación
• 1º. Ser el juez pariente consanguíneo
  simplemente ilegítimo en toda la línea recta y en
  la colateral hasta el cuarto grado inclusive, o
  consanguíneo legítimo en la línea colateral desde
  el tercero hasta el cuarto grado inclusive, o
  afin hasta el segundo grado también inclusive, de
  alguna de las partes o de sus representantes
  legales
• 2º. Ser el juez ascendiente o descendiente
  ilegítimo, hermano o cuñado legítimo o natural
  del abogado de alguna de las partes
• sigue

63

• 3º. Tener el juez superior alguno de los
  parentescos designados en el inciso precedente o
  en el número 4º del artículo 195, con el juez
  inferior que hubiere pronunciado la sentencia que
  se trata de confirmar o revocar
• 4º. Ser alguna de las partes sirviente,
  paniaguado o dependiente asalariado del juez, o
  viceversa
• 5º. Ser el juez deudor o acreedor de alguna de
  las partes o de su abogado o serlo su consorte o
  alguno de sus ascendientes, descendientes o
  parientes colaterales dentro del segundo grado.
• sigue

64

• Sin embargo, no tendrá aplicación la causal del
  presente número si una de las partes fuere alguna
  de las instituciones de previsión fiscalizadas
  por la Superintendencia de Seguridad Social, la
  Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, o uno
  de los Servicios de Vivienda y Urbanización, a
  menos que estas instituciones u organismos
  ejerciten actualmente cualquier acción judicial
  contra el juez o contra alguna otra de las
  personas señaladas o viceversa.
• sigue

65

• 6º. Tener alguno de los ascendientes o
  descendientes simplemente ilegítimos del juez o
  los parientes colaterales del mismo dentro del
  segundo grado, causa pendiente que deba fallar
  como juez alguna de las partes
• 7º. Tener alguno de los ascendientes o
  descendientes simplemente ilegítimos del juez o
  los parientes colaterales del mismo dentro del
  segundo grado, causa pendiente en que se ventile
  la misma cuestión que el juez deba fallar
• sigue

66

• 8º. Tener pendientes alguna de las partes pleito
  civil o criminal con el juez, con su consorte, o
  con alguno de sus ascendientes, descendientes o
  parientes colaterales dentro del segundo grado.
• Cuando el pleito haya sido promovido por alguna
  de las partes, deberá haberlo sido antes de la
  instancia en que se intenta la recusación
• 9º. Haber el juez declarado como testigo en la
  cuestión actualmente sometida a su conocimiento
• sigue

67

• 10. Haber el juez manifestado de cualquier modo
  su dictamen sobre la cuestión pendiente, siempre
  que lo hubiere hecho con conocimiento de ella
• 11. Ser alguno de los ascendientes o
  descendientes ilegítimos del juez o alguno de sus
  parientes colaterales dentro del segundo grado,
  instituido heredero en testamento por alguna de
  las partes
• 12. Ser alguna de las partes heredero instituido
  en testamento por el juez
• sigue

68

• 13. Ser el juez socio colectivo, comanditario o
  de hecho de alguna de las partes, serlo su
  consorte o alguno de los ascendientes o
  descendientes del mismo juez, o alguno de sus
  parientes colaterales dentro del segundo grado
• 14. Haber el juez recibido de alguna de las
  partes un beneficio de importancia, que haga
  presumir empeñada su gratitud
• 15. Tener el juez con alguna de las partes
  amistad que se manifieste por actos de estrecha
  familiaridad
• sigue

69

• 16. Tener el juez con alguna de las partes
  enemistad, odio o resentimiento que haga presumir
  que no se halla revestido de la debida
  imparcialidad 17. Haber el juez recibido,
  después de comenzado el pleito, dádivas o
  servicios de alguna de las partes, cualquiera que
  sea su valor o importancia, y
• 18. Ser parte o tener interés en el pleito una
  sociedad anónima de que el juez sea accionista.
• No obstante lo dispuesto en el inciso
  precedente, no constituirá causal de recusación
  la circunstancia de que una de las partes fuere
  una sociedad anónima abierta.
• sigue

70

• Lo prevenido en el inciso anterior no regirá
  cuando concurra la causal señalada en el Nº 8 de
  este artículo. Tampoco regirá cuando el juez,
  por sí solo o en conjunto con alguna de las
  personas indicadas en el numerando octavo, fuere
  dueño de más del diez por ciento del capital
  social. En estos dos casos existirá causal de
  recusación.

71
Pero no sólo se establece la imparcialidad sino
que se sanciona penalmente soluciones
jurisdiccionales de parcialidad.
72

• Art. 223. Los miembros de los tribunales de
  justicia colegiados o unipersonales y los
  funcionarios que desempeñan el ministerio
  público, sufrirán las penas de inhabilitación
  absoluta perpetua para cargos y oficios públicos,
  derechos políticos y profesiones titulares y la
  de presidio o reclusión menores en cualquiera de
  sus grados
• 1º. Cuando a sabiendas fallaren contra ley
  expresa y vigente en causa criminal o civil.
• 2º. Cuando por sí o por interpuesta persona
  admitan o convengan en admitir dádiva o regalo
  por hacer o dejar de hacer algún acto de su
  cargo.
• sigue

73

• 3º. Cuando ejerciendo las funciones de su empleo
  o valiéndose del poder que éste les da, seduzcan
  o soliciten a mujer procesada o que litigue ante
  ellos.

74

• Art. 224. Sufrirán las penas de inhabilitación
  absoluta temporal para cargos y oficios públicos
  en cualquiera de sus grados y la de presidio o
  reclusión menores en sus grados mínimos a medios
• 1º. Cuando por negligencia o ignorancia
  inexcusables dictaren sentencia manifiestamente
  injusta en causa criminal.
• 2º. Cuando a sabiendas contravinieren a las
  leyes que reglan la sustanciación de los juicios,
  en términos de producir nulidad en todo o en
  parte sustancial.
• sigue

75

• 3º. Cuando maliciosamente nieguen o retarden la
  administración de justicia y el auxilio o
  protección que legalmente se les pida.
• 4º. Cuando maliciosamente omitan decretar la
  prisión de alguna persona, habiendo motivo legal
  para ello, o no lleven a efecto la decretada,
  pudiendo hacerlo.
• 5º. Cuando maliciosamente retuvieren en calidad
  de preso a un individuo que debiera ser puesto en
  libertad con arreglo a la ley.
• sigue

76

• 6º. Cuando revelen los secretos del juicio o den
  auxilio o consejo a cualquiera de las partes
  interesadas en él, en perjuicio de la contraria.
• 7º. Cuando con manifiesta implicancia, que les
  sea conocida y sin haberla hecho saber
  previamente a las partes, fallaren en causa
  criminal o civil.

77

• Art. 225. Incurrirán en las penas de suspensión
  de cargo o empleo en cualquiera de sus grados y
  multa de once a veinte sueldos vitales o sólo en
  esta última, cuando por negligencia o ignorancia
  inexcusables
• 1º. Dictaren sentencia manifiestamente injusta
  en causa civil.
• 2º. Contravinieren a las leyes que reglan la
  sustanciación de los juicios en términos de
  producir nulidad en todo o en parte sustancial.
• sigue

78

• 3º. Negaren o retardaren la administración de
  justicia y el auxilio o protección que legalmente
  se les pida.
• 4º. Omitieren decretar la prisión de alguna
  persona, habiendo motivo legal para ello, o no
  llevaren a efecto la decretada, pudiendo hacerlo.
• 5º. Retuvieren preso por más de cuarenta y ocho
  horas a un individuo que debiera ser puesto en
  libertad con arreglo a la ley.

79

• d) Resuelvan de manera DEFINITIVA e INALTERABLE.
• Y de acá surge el concepto de COSA JUZGADA en el
  cual no nos detendremos ahora

80
CPR

• Artículo. 73. La facultad de conocer de las
  causas civiles y criminales, de resolverlas y de
  hacer ejecutar lo juzgado, pertenece
  exclusivamente a los tribunales establecidos por
  la ley. Ni el Presidente de la República ni el
  Congreso pueden, en caso alguno, ejercer
  funciones judiciales, avocarse causas pendientes,
  revisar los fundamentos o contenido de sus
  resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.

81

• e) Con posibilidad de ejecución.
• Con lo que vincularemos a la jurisdicción con el
  IMPERIUM, es decir, con lo facultad de hacer
  cumplir lo ordenado.
• SE DISCUTE si es propiamente jurisdiccional.
  Inc. 3º Art. 73 CPE.

82

• f) Los conflictos de intereses de RELEVANCIA
  JURÍDICA suscitados ENTRE LAS PARTES o que surjan
  de una VIOLACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO O
  SOCIAL.
• La ley prevé ciertos eventos, prohibe algunos y
  faculta otros.
• Puede ocurrir que el sujeto quebrante la norma y
  de ello surgirá un conflicto, el que puede nacer
  a) con la resistencia de una persona a la
  pretensión de otra b) por el sólo hecho de
  transgredir la ley.

83

• Quebrante la norma
• CONFLICTO CON RELEVANCIA JURÍDICA

Resistencia de una persona a la pretensión de
otra CONFLICTO ENTRE PARTES (CIVIL)
Por el sólo hecho de transgredir la
ley VIOLACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y SOCIAL
(PENAL)
84

• g) En el orden TEMPORAL.

Temporal SECULAR - PROFANO
85

• COT

Artículo 5º. A los tribunales mencionados en
este artículo corresponderá el conocimiento de
todos los asuntos judiciales que se promuevan en
el orden temporal dentro del territorio de la
República, cualquiera que sea su naturaleza o la
calidad de las personas que en ellos intervengan,
sin perjuicio de las excepciones que establezcan
la Constitución y las leyes. sigue
86

• Integran el Poder Judicial, como tribunales
  ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las
  Cortes de Apelaciones, los Presidentes y
  Ministros de Corte, y los juzgados de letras.
• Forman parte del Poder Judicial, como tribunales
  especiales, los Juzgados de Letras de Menores,
  los Juzgados de Letras del Trabajo y los
  Tribunales Militares en tiempo de paz, los cuales
  se regirán en su organización y atribuciones por
  las disposiciones orgánicas constitucionales
  contenidas en el ley Nº 16.618, en el Código del
  Trabajo y en el Código de Justicia
  Militar y sus leyes
• sigue

87

• complementarias, respectivamente, rigiendo para
  ellos las disposiciones de este Código sólo
  cuando los cuerpos legales citados se remitan en
  forma expresa a él.
• Los demás tribunales especiales se regirán por
  las leyes que los establecen y reglamentan, sin
  perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones
  generales de este Código.
• Los jueces arbitros se regirán por el Título IX
  de este Código.

88

• Las penas que la autoridad eclesiástica imponga
  en virtud de su jurisdicción espiritual no se
  entenderán que dejan de ser espirituales porque
  produzcan efectos temporales, como por ejemplo,
  la suspensión o privación de un beneficio
  eclesiástico, o de sus frutos.
• .

Esta distinción tiene su origen en los conflictos
que dieron lugar a la separación entre el Estado
y la Iglesia.
89

• h) Y dentro del TERRITORIO de la REPÚBLICA.
• Ya vimos el inc. 1º del Art. 5º del COT.
• Avancemos señalando que a UN territorio
  corresponde sólo UNA jurisdicción.

C.C. Art. 1462. Hay un objeto ilícito en todo
lo que contraviene al derecho público chileno.
Así la promesa de someterse en Chile a una
jurisdicción no reconocida por las leyes
chilenas, es nula por el vicio del objeto.
90

• En materia penal, la territorialidad está
  consagrada.

CPP Artículo 1º. Los tribunales de la
República ejercen jurisdicción sobre los chilenos
y sobre los extranjeros para el efecto de juzgar
los delitos que se cometan en su territorio,
salvo los casos exceptuados por leyes especiales,
tratados o convenciones internacionales en que
Chile es parte o por las reglas generalmente
reconocidas del Derecho Internacional.
91

• Artículo 2º. La ley penal chilena es
  obligatoria para todos los habitantes de la
  República, incluso los extranjeros. Los delitos
  cometidos dentro del mar territorial o adyacente
  quedan sometidos a las prescripciones de este
  Código.

92

• Excepcionalmente, situaciones cometidas u
  ocurridas en Chile no pueden ser juzgados por
  nuestros tribunales, lo que más adelante
  estudiaremos como
• INMUNIDADES DE JURISDICCIÓN

También excepcionalmente excede la
territorialidad, según lo que analizamos
sobre EXTRATERRITORIALIDAD
93

• CARACTERÍSTICAS
• DE LA JURISDICCIÓN

94

• a) Función pública su ejercicio corresponde a
  los tribunales que la ley establece y esta sujeta
  a la CPR, Art. 73 inc. 1º, 5º y 6º del COT.

95

• b) Es ejercida exclusivamente por los tribunales
  que establece la ley. No sólo los que componen el
  Poder Judicial, sino también otros tales como el
  Senado, los Tribunales Aduaneros, etc. todos los
  que ejercen funciones jurisdiccionales.

96

• c) Es reglada Se establecen no sólo los órganos
  que la ejercen, sino también la forma,
  atribuciones, etc. en forma previa a la actuación
  jurisdiccional.

97

• d) Irreversible Una vez resuelta la contienda no
  cabe una vuelta atrás. Se produce el efecto
  llamado cosa juzgada, propio de la Jurisdicción.

98

• e) Pasiva No actúa si no es requerida. (hay que
  golpear la puerta). Reacciona sólo para ordenar
  las situaciones real o presuntivamente
  desordenadas. Art. 10 COT.
• Exceptuando la materia penal, por crimen o simple
  delito de acción pública, en que puede actuar de
  oficio.

99

• f) Inexcusable Requerido el tribunal, está
  obligado a cumplir su función. (El toque de
  puerta no puede quedar sin respuesta, ni aún a
  pretexto de que no hay ley que resuelva el
  asunto). No cabe en nuestro sistema el non
  liquet de los romanos.
• Art. 10 inc. 2º COT y 73 inc. 2º de la CPR.

100

• g) Territorial Se ejerce dentro de los límites
  territoriales del Estado y la ley que el juez
  aplica es la del Estado.

101

• h) Improrrogable Las partes no pueden dar
  facultades jurisdiccionales a quién no las tiene.
  Sólo los jueces árbitros dependen en ocasiones
  del acuerdo de las partes, pero ello es posible
  porque son tribunales establecidos por la ley, la
  que ha contemplado esta facultad de las partes.

102

• i) Temporal No versa sobre materias espirituales
  o morales.

103

• DIFERENCIAS DE LA JURISDICCIÓN CON LA LEGISLACIÓN
  Y LA ADMINISTRACIÓN

104

• A) Legislación y Administración sus
  disposiciones son de carácter particular.

105

• B) La jurisdicción precede a la legislación no
  sólo históricamente (En Grecia Solón y Dracón
  ponen por escrito decisiones de jueces, o sea, lo
  que estos jueces dijeron, juris-dictio), sino
  también ontológicamente, el ser de la legislación
  supone el ser de la jurisdicción.

106

• C) La legislación produce normas jurídicas
  nuevas, en tanto la jurisdicción satisface
  pretensiones comparándolas con normas ya
  existentes. La administración por su parte debe
  conformar su actuar a la legislación vigente y
  someterse al imperio de la jurisdicción.

107

• D) La legislación norma hechos futuros, en cambio
  la jurisdicción regula conductas pasadas.

108

• E) La legislación es -generalmente- abstracta y
  la jurisdicción concreta.

109

• Relaciones entre Ley y sentencia.
• La definición del Art. 1º C.C. puede también ser
  aplicable al acto jurisdiccional.

C.C. Artículo 1º. La ley es una declaración de
la voluntad soberana que, manifestada en la forma
prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o
permite.
No obstante, los diferencia la generalidad y la
particularidad.
110

• La ley emana de órganos legisladores y la
  sentencia de órganos jurisdiccionales.
• La sentencia es inmutable, la ley es mutable.
• La sentencia se dicta en un solo acto, la ley se
  forma en una serie de actos complejos.
• La sentencia está supeditada a la ley y la ley
  sólo a la Constitución.

111

• Relaciones entre Acto administrativo y sentencia

La sentencia firme no puede ser revisada, el acto
administrativo que produzca perjuicio puede ser
reclamado ante las autoridades jurisdiccionales.
La sentencia es inmutable, el acto administrativo
es esencialmente revocable. La sentencia se
cumple recurriendo a la administración, el acto
administrativo lo cumple la propia administración.
112

• LIMITES DE LA JURISDICCIÓN

La actividad jurisdiccional, no obstante ser de
la esencia del Estado, tiene ciertos límites o
limitantes. El límite natural de la jurisdicción
lo constituye EL TERRITORIO y al respecto nos
remitimos a lo señalado sobre territorialidad y
extraterritorialidad cuando analizaremos los
efectos de la ley en el espacio y vimos como se
encontraba representada la materia por los arts.
5º y 6º del COT.
113

• En este momento queremos detenernos en un límite
  de la jurisdicción ya no natural sino legal,
  comúnmente conocido como Inmunidades
  jurisdiccionales también conocidas como
  INMUNIDADES SOBERANAS, que corresponde a
  situaciones en que, no obstante encontrarse
  determinadas personas o realizarse ciertos actos
  en territorio nacional, no rige a su respecto la
  potestad jurisdiccional chilena.

114

• Dos son los cuerpos legales que regulan esta
  inmunidad en nuestro país y de ellos podemos
  inferir que la inmunidad puede decir relación
  con
• 
  Particulares
• Actos
• D.L. 2349 (D.O. 28.10.78)
• 
  Sector Público
• 
  Estados extranjeros
• 
  Representantes del Estado y
• Potencias extranjeras sus agentes
  diplomáticos
• Convención sobre
• Revelaciones Diplomáticas FF.AA. extranjeras
• (Viena 18.04.61) Misiones
  especiales y O.I.

115

• En cuanto a ACTOS.
• Particulares.
• Recordemos que el 1462 CC que ya analizamos
  prohibe someterse en CHILE a una jurisdicción
  extranjera, pero no impide renunciar a la
  jurisdicción chilena y pactar que el ACTO queda
  entregado a una jurisdicción extranjera en el
  extranjero.
• Esto se hace normalmente fijando domicilio
  (Código Derecho Internacional Privado).

116

• Órganos públicos.
• La materia según lo expresamos está reglamentada
  por el DL 2349.

DECRETO LEY Nº 2.349 (Publicado en el Diario
Oficial Nº 30.201, de 28 de Octubre de
1978) MINISTERIO DE HACIENDA ESTABLECE NORMAS
SOBRE CONTRATOS INTERNACIONALES PARA EL SECTOR
PÚBLICO Num. 2.349.- Santiago, 13 de Octubre de
1978.- Visto lo dispuesto en los decretos leyes
Nº 1 y 128, de 1973 527, de 1974 991, de 1976,
y Considerando 1º.- Que constituye una
práctica comercial generalizada cuya aplicación
alcanza a nuestro país, que en los contratos
internacionales relativos a negocios y
operaciones de carácter sigue
117
patrimonial que el Estado o sus organismos,
instituciones, y empresas celebran con
organismos, instituciones o empresas
internacionales o extranjeras, cuyo centro
principal de negocios se encuentra en el
exterior, se inserten estipulaciones en virtud de
las cuales se les sujeta a determinada
legislación extranjera, se sometan las
controversias que de ellos pudieran derivarse al
conocimiento de los tribunales extranjeros, sean
ordinarios o arbitrales, se pacte dominio
especial fuera del país y se establezcan
mecanismos para configurar la relación
procesal. 2º.- Que, dentro del sistema jurídico
chileno, tales estipulaciones son lícitas y en
esta virtud tienen frecuente aplicación en los
contratos celebrados entre particulares, siendo
de advertir, además, que ellas están consagradas
en el Código de Derecho Internacional Privado
aprobado en la Sexta Conferencia Internacional
Americana, el que rige en nuestro país desde
1934. sigue
118
3º.- Que sin perjuicio de la plena vigencia de
las normas en cuya virtud los particulares pueden
ejercer la libertad de estipulación, resulta de
toda conveniencia regular en nuestro ordenamiento
legal, con respecto al sector público,
determinadas cuestiones de la índole
precedentemente considerada, precisando el ámbito
de aplicación de tales estipulaciones y sus
efectos. Asimismo, se hace necesario modificar
algunas normas existentes, a fin de armonizarlas
con dicha regulación. La Junta de Gobierno de la
República de Chile ha acordado dictar el
siguiente, Decreto Ley Artículo 1º.-
Decláranse válidos los pactos destinados a
sujetar al derecho extranjero los contratos
internacionales, cuyo objeto principal es diga
relación con negocios u operaciones de sigue
119
carácter económico o financiero, celebrados o que
se celebren por organismos, instituciones o
empresas internacionales o extranjeras que tengan
el centro principal de sus negocios en el
extranjero, con el Estado de Chile o sus
organismos, instituciones o empresas. Son
igualmente válidas las estipulaciones por las
cuales se haya sometido o se sometan diferendos
derivados de tales contratos a la jurisdicción de
tribunales extranjeros, incluyendo tribunales
arbitrales previstos en mecanismos de arbitraje
preestablecidos o en el respectivo contrato, como
también las estipulaciones por las que se haya
fijado o se fije domicilio especial y se haya
designado o se designe mandatario en el
extranjero para los efectos del contrato. Lo
dispuesto en los incisos anteriores igualmente es
aplicable a los actos y contratos por los cuales
el Estado de Chile o sus organismos,
instituciones y empresas, hayan otorgado u
otorguen, en cualquier forma, su garantía a
terceros en los sigue
120
contratos a que se refiere el inciso primero. En
virtud del sometimiento a la jurisdicción de un
tribunal extranjero, cesará el derecho a invocar
la inmunidad de jurisdicción, a menos de
estipulación expresa en contrario. Artículo 2º.-
Declárase que el Estado de Chile y sus
organismos, instituciones o empresas, podrán
renunciar a la inmunidad de ejecución en los
contratos referidos en el artículo anterior. Con
todo, tal renuncia se entenderá limitada al
cumplimiento de sentencias recaídas en litigios
derivados del contrato específico en que ella se
haya convenido. Tratándose de organismos,
instituciones y empresas con personalidad
jurídica distinta a la del Estado, la renuncia
afectará exclusivamente los bienes del dominio de
la entidad contratante. La renuncia pactada en
los contratos a que se refiere este artículo,
celebrados con anterioridad a la vigencia de este
decreto ley, se entenderá válida con las mismas
limitaciones señaladas en el inciso anterior.
sigue
121
Artículo 3º.- Para los efectos de este decreto
ley, se entenderá por organismos, instituciones y
empresas del Estado, todo servicio público,
institución fiscal o semifiscal, centralizada o
descentralizada, empresa del Estado y, en
general, todo organismo autónomo creado por ley
como, asimismo, toda empresa, sociedad o entidad
pública o privada en que el Estado o su empresa,
sociedades o instituciones, centralizadas o
descentralizadas, tengan aportes de capital,
representación o participación superiores al 50
del capital social, aun cuando se exija norma
expresa para aplicarles las disposiciones legales
del sector público..
122
Excepciones.
Artículo 6º.- No procederá renuncia alguna de
inmunidad de ejecución respecto de los bienes
inmuebles y del mobiliario destinados a mantener
una misión diplomática o consular o la residencia
del jefe de ellas. No valdrá renuncia alguna de
inmunidad de ejecución con respecto a bienes
destinados a fines militares, tanto aquellos que
sean propiamente de carácter militar como
aquellos que se encuentren bajo el control de una
autoridad militar o agencia de defensa.
123
Reciprocidad.
Artículo 9º.- Cualquier Estado extranjero y sus
organismos, instituciones y empresas, podrán
impetrar en Chile la inmunidad de jurisdicción y
de ejecución, según el caso, en los mismos
términos y con igual amplitud e idénticas
excepciones como la reconociere su propia
legislación en favor del Estado de Chile o de sus
organismos, instituciones y empresas.
124
POTENCIAS EXTRANJERAS. Las inmunidades de
jurisdicción que hemos señalado como referidas a
las potencias extranjeras se encuentran reguladas
por la CONVENCIÓN DE VIENA.
Artículo 30 Inmunidad de jurisdicción 1. El
jefe de misión y los miembros del personal
diplomático de la misión gozarán de inmunidad de
la jurisdicción penal del Estado huésped.
Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción
civil y administrativa del Estado huésped,
excepto si se trata de a) Una acción real sobre
bienes inmuebles particulares radicados en el
territorio del Estado huésped, a menos que la
persona de que se trate los posea por cuenta del
Estado que envía para los fines de la
misión sigue
125
b) Una acción sucesoria en que la persona de que
se trate figure, a título privado y no en nombre
del Estado que envía, como ejecutor
testamentario, administrador, heredero o
legatario c) Una acción referente a cualquier
actividad profesional o comercial ejercida por
la persona de que se trate en el Estado huésped,
fuera de sus funciones oficiales. 2. El jefe de
misión y los miembros del personal diplomático de
la misión no podrán ser objeto de ninguna medida
de ejecución, salvo en los casos previstos en los
apartados a), b) y c) del párrafo 1 del presente
artículo y con tal de que no sufra menoscabo la
inviolabilidad de su persona o de su
residencia. 3. El jefe de misión y los miembros
del personal diplomático de la misión no están
obligados a testificar. 4. La inmunidad de
jurisdicción del jefe de misión y de los miembros
del personal diplomático de la misión en el
Estado huésped no les exime de la jurisdicción
del Estado que envía.
126
Artículo 28 Inviolabilidad personal La persona
del jefe de misión, así como la de los miembros
del personal diplomático de la misión, es
inviolable. Ni el jefe de misión ni esos miembros
podrán ser objeto de ninguna forma de detención o
arresto. El Estado huésped los tratará con el
debido respeto y adoptará todas las medidas
adecuadas para impedir cualquier atentado contra
su persona, su libertad o su dignidad, así como
para procesar y castigar a las personas que hayan
cometido tales atentados.
127
Artículo 29 Inviolabilidad de la residencia y de
los bienes 1. La residencia particular del jefe
de misión, así como la de los miembros del
personal diplomático de la misión, gozará de la
misma inviolabilidad y protección que los
locales de la misión. 2. Los documentos, la
correspondencia y, salvo lo previsto en el
párrafo 2 del Artículo 30, los bienes del jefe de
misión o de los miembros del personal diplomático
de la misión gozarán igualmente de inviolabilidad.
128
Artículo 27 Libertad de comunicación 1. El
Estado huésped permitirá y protegerá la libre
comunicación de la misión para todos los fines
oficiales. Para comunicarse con el gobierno del
Estado que envía, así como con sus misiones
diplomáticas permanentes, oficinas consulares,
misiones permanentes, misiones permanentes de
observación, misiones especiales, delegaciones y
delegaciones de observación, dondequiera que se
encuentren, la misión podrá emplear todos los
medios de comunicación adecuados, entre ellos los
correos y los mensajes en clave o en cifra. Sin
embargo, la misión sólo podrá instalar y utilizar
una emisora de radio con el consentimiento del
Estado huésped. sigue
129
2. La correspondencia oficial de la misión es
inviolable. se entiende por correspondencia
oficial toda correspondencia concerniente a la
misión y a sus funciones. 3. La valija de la
misión no podrá ser abierta ni retenida. 4. Los
bultos que constituyan la valija de la misión
deberán ir provistos de signos exteriores
visibles indicadores de su carácter y sólo podrán
contener documentos u objetos destinados al uso
oficial de la misión. 5. El correo de la misión,
que deberá llevar consigo un documento oficial en
el que conste su condición de tal y el número de
bultos que constituyan la valija, estará
protegido, en el desempeño de sus funciones, por
el Estado huésped. Gozará de inviolabilidad
personal y no podrá ser objeto de ninguna forma
de detención o arresto. sigue
130
6. El Estado que envía o la misión podrán
designar correos ad hoc de la misión. En tales
casos se aplicarán también las disposiciones del
párrafo 5 del presente artículo, pero las
inmunidades en él mencionadas dejarán de ser
aplicables cuando el correo ad hoc haya entregado
al destinatario la valija de la misión que se le
haya encomendado. 7. La valija de la misión
podrá ser confiada al comandante de un buque o de
una aeronave comercial que debe llegar a un punto
de entrada autorizado. El comandante deberá
llevar consigo un documento oficial en el que
conste el número de bultos que constituyan la
valija, pero no podrá ser considerado como un
correo de la misión. Previo acuerdo con las
autoridades competentes del Estado huésped, la
misión podrá enviar a uno de sus miembros a tomar
posesión de la valija directa y libremente de
manos del comandante del buque o de la aeronave.
131
Artículo 36 Privilegios e inmunidades de que
gozan otras personas 1. Los miembros de la
familia de un jefe de misión que formen parte de
su casa y los miembros de la familia de un
miembro del personal diplomático de la misión que
formen parte de su casa, siempre que no sean
nacionales del Estado huésped ni tengan en él
residencia permanente, gozarán de los privilegios
e inmunidades especificados en los artículos 28,
29, 30, 32, 33, 34 y en los párrafos 1, apartado
b), y 2 del artículo 35. sigue
132
2. Los miembros del personal administrativo y
técnico de la misión, así como los miembros de
sus familias que formen parte de sus respectivas
casas que no sean nacionales del Estado huésped
ni tengan en él residencia permanente, gozarán de
los privilegios e inmunidad especificados en los
artículos 28, 29, 30, 32, 33, 34, salvo que la
inmunidad de la jurisdicción civil y
administrativa del estado huésped especificada en
el párrafo 1 del artículo 30 no se extenderá a
los actos realizados fuera del desempeño de sus
funciones. Gozarán también de los privilegios
especificados en el párrafo 1, apartado b), del
artículo 35, respecto de los objetos importados
al efectuar su primera instalación. 3. Los
miembros del personal de servicio de la misión
que no sean nacionales del Estado huésped ni
tengan en él residencia permanente gozarán de
inmunidad por los actos realizados en el
desempeño de sus funciones de exención de
impuestos y gravámenes sobre los salarios que
perciban por sus servicios y de la exención
especificada en el artículo 32. sigue
133
4. El personal al servicio privado de los
miembros de la misión estará, siempre que no sea
nacional del Estado huésped ni tenga en él
residencia permanente, exento de impuestos y
gravámenes sobre los salarios que perciba por sus
servicios. A otros respectos, sólo gozará de
privilegios e inmunidades en la medida en que lo
admita el Estado huésped. No obstante, el Estado
huésped habrá de ejercer su jurisdicción sobre
esas personas de modo que no perturbe
indebidamente el desempeño de las funciones de la
misión.
134
Renunciabilidad a la inmunidad de jurisdicción.
Artículo 31 Renuncia a la inmunidad 1. El
Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad
de jurisdicción del jefe de misión y de los
miembros del personal diplomático de la misión,
así como de las personas que gocen de inmunidad
conforme al artículo 36. 2. La renuncia habrá de
ser siempre expresa. 3. Si cualquiera de las
personas mencionadas en el párrafo 1 del presente
artículo entabla una acción judicial, no le será
permitido invocar la inmunidad de jurisdicción
respecto de cualquier reconvención directamente
ligada a la demanda principal. 4. La renuncia a
la inmunidad de jurisdicción respecto de las
acciones civiles o administrativas no habrá de
entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en
cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual
será necesaria una nueva renuncia. sigue
135
5. Si el Estado que envía no renuncia a la
inmunidad de cualquiera de las personas
mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo
con respecto a una acción civil, deberá
esforzarse por lograr una solución equitativa de
la cuestión..
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