Estructuras supradiocesanas

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Estructuras supradiocesanas
P. Juan María Gallardo www.oracionesydevociones.in
fo

• Manual de Derecho Canónico
• Capítulo VII
• José Luis Gutiérrez

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A. La Provincia eclesiástica

• Es el conjunto de varias Iglesias particulares
  que manteniendo su individualidad territorial (c.
  431 1) quedan bajo la autoridad del Arzobispo
  Metropolitano y del Concilio provincial.
• Como norma general, todas las diócesis deben
  integrar-

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• integrarse dentro de la provincia en cuyo
  territorio se encuentren localizadas (c. 431 2).
  (Tienen el carácter de necesarias).
• Corresponde exclusivamente a la autoridad suprema
  de la Iglesia, oídos los Obispos interesados,
  constituir, suprimir o cambiar las provincias (c.
  431 3).

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• Toda provincia goza de personalidad jurídica (c.
  432 2).
• Gozan de autoridad en la provincia el
  Metropolitano y el Concilio provincial.
• El oficio de Metropolitano va anejo a una sede
  determinada, de la que es Arzobispo (c. 435).

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• El distintivo de su potestad sobre la provincia,
  en comunión con la Iglesia Romana, es el palio
  que el Metropolitano debe pedir al Papa (c. 437
  1).
• En las demás diócesis de su provincia, llamadas
  sufragáneas, compete al Metropolitano

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• 1. Vigilar para que se conserven diligentemente
  la fe y la disciplina eclesiástica, e informar al
  Romano Pontífice de posibles abusos.
• 2. Hacer la visita canónica, con aprobación de la
  Santa Sede, si el sufragáneo la hubiese
  descuidado.

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• 3. Designar al Administrador diocesano, si no lo
  hace a su tiempo el colegio de consultores o no
  lo hace del modo debido (c. 436 1).
• Fuera de estas funciones, no compete al
  Metropolitano ninguna otra potestad de régimen
  sobre las diócesis sufragáneas, a no ser que se
  le haya atribuido expresamente por la Santa Sede
  (c. 436 2-3).

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• B. La región eclesiástica
• Es la compuesta por varias provincias
  eclesiásticas cercanas. Puede ser constituida
  por la Santa Sede a propuesta de la Conferencia
  Episcopal, sobre todo en las naciones donde son
  más numerosas las Iglesias particulares (c. 433
  1).

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• La región eclesiástica puede ser erigida en
  persona jurídica (c. 433 2). A los Obispos de
  una región eclesiástica corresponde fomentar la
  cooperación y la acción pastoral común en la
  región, pero sin que se les atribuyan las
  funciones y poderes que el CIC adjudica a la
  Conferencia Episcopal, a no ser que la Sede
  Apostólica disponga otra cosa (c. 434).

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• Aparte de la prerrogativa honorífica, el título
  de Patriarca o el de Primado no lleva consigo en
  la Iglesia latina ninguna potestad de régimen, a
  no ser que en algún caso conste otra cosa por
  privilegio apostólico o por costumbre aprobada
  (c. 438).

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• C. Los concilios part.
• Pueden ser provinciales (para una provincia
  eclesiástica) o plenarios (para todo el
  territorio de una Conferencia Episcopal).
• El concilio particular cuida que se provea en su
  territorio a las necesidades pastorales del
  pueblo de Dios, y tiene potestad de régimen,
  sobre todo legislativa, de manera

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• que, quedando siempre a salvo el derecho
  universal de la Iglesia, pueda establecer cuanto
  parezca oportuno para el incremento de la fe, la
  organización de la actividad pastoral común, las
  buenas costumbres y la observancia,
  establecimiento o tutela de la disciplina
  eclesiástica común (c. 445).

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• El CIC se limita a enunciar de modo genérico la
  posibilidad de celebrar concilios plenarios,
  siempre que a la Conferencia Episcopal le parezca
  necesario o útil, con aprobación de la Sede
  Apostólica (c. 439 1) o concilios provinciales,
  cuando parezca oportuno a los Obispos diocesanos
  de la provincia eclesiástica (c. 440 1).

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• La celebración del concilio provincial de una
  provincia eclesiástica que comprenda toda una
  nación necesita la aprobación previa de la Santa
  Sede, lo mismo que el concilio plenario (c. 439
  2).
• Convocatoria
• Corresponde a la Conferencia Episcopal, con
  aprobación de la Santa Sede, para los concilios
  plenarios.

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• Igualmente ha de ser aprobado por la Santa Sede
  el presidente del concilio.
• La convocatoria del concilio provincial pertenece
  al Metropolitano, con el consentimiento de la
  mayoría de los Obispos sufragáneos.
• Es también el Metropolitano el que lo preside, a
  no ser que se encuentre impedido.

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• Miembros con voto deliberativo (c. 443
  1-2)
• Todos los Obispos diocesanos de la
  circunscripción, los coadjutores y los
  auxiliares, así como también aquellos Obispos
  titulares que desempeñen una función peculiar en
  el territorio, por encargo de la Sede Apostólica
  o de la Conferencia Episcopal.

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• Los demás Obispos residentes en el territorio
  pueden ser llamados al concilio y, en ese caso,
  gozan de voto deliberativo.
• Convocados, pero con voto consultivo (c. 443
  2)
• Todos los Vicarios generales y Vicarios
  episcopales.

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• Algunos Superiores mayores de institutos
  religiosos y sociedades de vida apostólica, tanto
  varones como mujeres.
• Los rectores de universidades eclesiásticas y de
  universidades católicas y los decanos de las
  facultades de teología y de derecho canónico que
  haya en el territorio.
• Algunos rectores de seminarios mayores.

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• Pueden ser convocados, igualmente con voto
  consultivo (c. 443 4-6)
• Otros presbíteros y fieles laicos, pero siempre
  que su número no sea superior a la mitad de los
  que deben ser convocados.

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• A los concilios provinciales se invitará, además,
  a dos miembros, elegidos por los demás, de los
  cabildos catedrales, consejos presbiterales y
  consejos pastorales.
• Promulgación de los decretos conciliares
• Al concluirse el concilio particular, el
  presidente del

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• mismo debe enviar las actas completas a la Santa
  Sede los decretos del concilio no se promulgarán
  hasta que hayan sido revisados por la Sede
  Apostólica el mismo concilio determinará el modo
  de promulgación de esos decretos así como también
  el momento a partir del cual adquieran fuerza
  obligatoria (c. 446)

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D. Las Conferencias Episcopales

• Es una institución de carácter permanente, es la
  asamblea de los Obispos de una nación o
  territorio determinado, que ejercen unidos
  algunas funciones pastorales respecto de los
  fieles de su territorio (c. 447).

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• Aunque la Conferencia Episcopal goza de
  atribuciones de carácter legislativo, no son
  éstas las que dan razón de su existencia.
• Su función principal reside en ser manifestación
  de la communio, que producirá alguna vez como
  fruto unas normas comunes para todo el
  territorio, pero redundará

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• sobre todo en la unidad de todos los Obispos al
  regir la propia diócesis precisamente como
  porción o parte de la Iglesia universal, unida
  también a las demás diócesis.
• Ámbito de la conferencia
• Comprende como norma general a los Obispos de
  todas las diócesis de una nación, aunque puede
  establecerse también para

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• el territorio de varias naciones o bien de
  manera que comprenda sólo a los Obispos de
  algunas diócesis existentes en un territorio
  determinado (cfr. c. 448).
• Erección y estatutos
• Por la erección, que compete a la Autoridad
  suprema, la Conferencia Episcopal goza
  automáticamente de personalidad jurídica.

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• Los estatutos, elaborados por la misma
  Conferencia y sometidos al refrendo de la Santa
  Sede, deben determinar su estructura y modo de
  proceder (cfr. cc. 449 y 451).
• Las Conferencias Episcopales dependen de la
  Congregación para los Obispos o de la
  Congregación para la Evan-

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• gelización de los Pueblos o también de la
  Congregación para las Iglesias Orientales.
• Miembros de la Conferencia pertenecen con voto
  deliberativo todos los Obispos diocesanos del
  territorio y quienes se equiparan a éstos en
  Derecho, así como también los Obispos
  coadjutores son asimismo miembros por de-

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• recho los Obispos auxiliares y los demás Obispos
  titulares que desempeñen una tarea peculiar en el
  territorio por encargo de la Santa Sede o de la
  Conferencia Episcopal, pero debe determinarse en
  los estatutos si les compete voto deliberativo o
  sólo consultivo pueden ser invitados los
  Ordinarios de otro rito distinto del latino, pero
  sólo con voto consulti-

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• vo, a no ser que los estatutos de la Conferencia
  Episcopal determinen otra cosa.
• Los demás Obispos titulares y el Legado del
  Romano Pontífice no son de derecho miembros de la
  Conferencia Episcopal (cc. 450 y 454).
• Órganos de la Conferencia

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• En toda Conferencia ha de haber
• - un presidente, legítimamente elegido,
• - uno que haga sus veces cuando éste se encuentre
  impedido y
• - un secretario general.

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• Debe determinarse también en los estatutos la
  composición de la comisión permanente de la
  Conferencia y de las distintas comisiones que se
  constituyan dentro de ella.
• Las asambleas plenarias deben celebrarse por lo
  menos una vez al año (c. 453).

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• Al concluirse, el presidente enviará a la Santa
  Sede una relación de las actas de la Conferencia,
  tanto para que esas actas lleguen a conocimiento
  de la Sede Apostólica como para que ésta pueda
  refrendar sus decretos, si los hubiera (c. 456).

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• Decisiones de carácter normativo
• La Conferencia Episcopal puede también adoptar
  decisiones jurídicamente obligatorias.
• Esto se da exclusivamente en dos casos

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• Cuando lo prescriba el derecho universal, al
  establecer, por ejemplo, que una determinada
  norma entrará en vigor con las especificaciones
  concretas que establezca para su territorio la
  Conferencia Episcopal respectiva (c. 455 1).

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• Cuando lo establezca un mandato especial de la
  Sede Apostólica, otorgado motu proprio o a
  petición de la misma Conferencia (c. 455 1).
• En ambos casos, para la validez de esos decretos
  es necesario que hayan sido dados por la asamblea
  plenaria, al me-

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• nos con dos tercios de los votos de los Prelados
  que pertenecen a la Conferencia con voto
  deliberativo, y no tienen fuerza obligatoria
  hasta que, habiendo sido refrendados por la Sede
  Apostólica, sean legítimamente promulgados (c.
  455 2).

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• Otras decisiones de la Conferencia
• La unanimidad (cfr. c. 455 4) basta para
  justificar actuaciones colectivas de los Obispos,
  sin embargo, ésta no basta para que la
  Conferencia pueda emanar decretos generales (cfr.
  c. 455 1).