UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

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• UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
• FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
• CURSO TEMAS DERECH0 PROCESAL PENAL I
• DOCENTE CESAR M. RAMIREZ LUNA

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• PRIMERA SEMANA
• GARANTIAS Y LIMITES EN EL PROCESO PENAL

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GENERALIDADES

• EL PROCESO PENAL SE ASIENTA SOBRE LA TRILOGIA

LA NORMA
EL PROCESO
LA SANCION
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

• Así como toda figura penal adquiere relevancia
  la descripción típica del comportamiento también
  el proceso penal adquiere importancia el
  principio
• de LEGALIDAD - Art. II del Título
• Preliminar del C.P. y literal d) inc. 24 Art. 2
  de la Constitución Política.

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PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL

• Es la constitución del órgano judicial competente
  para conocer de un litigio con anterioridad a los
  hechos que se enjuician por medio de una ley y de
  forma invariable y plena.El segundo párrafo del
  inciso 3) del artículo 139 de la Constitución,
  consagra el derecho al "juez natural"   

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EL DEBIDO PROCESO

• Es un principio jurídico procesal o sustantivo
  según el cual toda persona tiene derecho a
  ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar
  un resultado justo y equitativo dentro del
  proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser
  oído y hacer valer sus pretensiones frente al
  juez.
• El término procede del derecho anglosajón, en el
  cual se usa la expresión "due process of law"
  (traducible aproximadamente como "debido proceso
  legal").
• Este principio procura tanto el bien de las
  personas, como de la sociedad en su conjunto
• Las personas tienen interés en defender
  adecuadamente sus pretensiones dentro del
  proceso.
• La sociedad tiene interés en que el proceso sea
  llevado de la manera más adecuada posible, para
  satisfacer las pretensiones de justicia que
  permitan mantener el orden social.

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• Derecho al debido proceso
• En un estado de derecho, toda sentencia judicial
  debe basarse en un proceso previo legalmente
  tramitado. Quedan prohibidas, por tanto, las
  sentencias dictadas sin un proceso previo. Esto
  es especialmente importante en el área penal. La
  exigencia de legalidad del proceso también es una
  garantía de que el juez deberá ceñirse a un
  determinado esquema de juicio, sin poder inventar
  trámites a su gusto, con los cuales pudiera crear
  un juicio amañado que en definitiva sea una farsa
  judicial.

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• Imparcialidad
• No puede haber debido proceso si el juez es
  tendencioso o está cargado hacia una de las
  partes. El juez debe ser equidistante respecto de
  las mismas, lo que se concreta en la llamada
  "bilateralidad de la audiencia". Para evitar
  estas situaciones hay varios mecanismos el
  estado de derecho, es que el tribunal se
  encuentre establecido con anterioridad a los
  hechos que motivan el juicio, y además, atienda
  genéricamente una clase particular de casos, y no
  sea por tanto un tribunal ad hoc, creado
  especialmente para resolver una situación
  jurídica puntual.

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• Derecho a asesoría jurídica
• Toda persona tiene derecho a ser asesorado por un
  especialista que entienda de cuestiones jurídicas
  (típicamente, un abogado). En caso de que la
  persona no pueda procurarse defensa jurídica por
  sí misma, se contempla la institución del
  defensor o abogado de oficio, designado por el
  Estado, que le procura ayuda jurídica gratuita.

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• Legalidad de la sentencia judicial
• En el derecho civil, la sentencia judicial debe
  ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso,
  lo que se concreta en la proscripción de la
  institución de la ultra petita. En el área penal,
  la sentencia judicial sólo puede establecer penas
  establecidas por la ley, por delitos también
  contemplados por la misma.

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• Derecho al juez predeterminado por ley
• La esencia del derecho señala la prohibición de
  establecer un órgano jurisdiccional ad-hoc para
  el enjuiciamiento de un determinado tema, lo que
  la doctrina denomina "Tribunales de excepción".
  Como consecuencias adicionales se establece el
  requisito que todos los órganos jurisdiccionales
  sean creados y constituidos por ley, la que los
  inviste de jurisdicción y competencia. Esta
  constitución debe ser anterior al hecho que
  motiva el proceso y debe contar con los
  requisitos mínimos que garanticen su autonomía e
  independencia.
• Este derecho debe garantizar un sistema jurídico
  ya que los particulares deben estar en la
  concreta posibilidad saber y conocer cuáles son
  las leyes que los rigen y cuáles los órganismos
  jurisdiccionales que juzgaran los hechos y
  conductas.

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• Derecho a ser asistido por abogado
• Con la finalidad de garantizar la defensa del
  particular en un proceso judicial se consolida
  dentro del derecho al debido proceso el derecho a
  que toda persona debe contar con el
  asesoramiento de un letrado, una persona versada
  en leyes.
• Dentro de este derecho, se podría identificar dos
  caracteres
• El derecho a la defensa de carácter privado,
  concretado en el derecho a ser representadas
  libremente por profesionales del derecho.
• El derecho a la defensa de carácter público, o
  derecho del justiciable a que le sea
  proporcionado letrado de oficio cuando fuera
  necesario y se encontrase en uno de los supuestos
  que señala la Ley de Asistencia Jurídica
  Gratuita.

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• Derecho a usar la propia lengua y a ser
  auxiliado por
• un
  intérprete
• Basado en el reconocimiendo al derecho
  fundamental de la identidad cultural, se señala
  que toda persona tiene el derecho de ser
  escuchada por un Tribunal mediante el uso de su
  propia lengua materna. Asimismo, en el caso que
  una persona comparezca ante un Tribunal cuya
  lengua oficial no es la del particular, éste
  tiene el derecho a ser asistido por un intérprete
  calificado. Este derecho adquiere pecular
  significado en zonas geográficas donde la
  variedad lingüistica es amplia (principalmente
  Europa donde es recogido por el Convenio Europeo
  de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional
  de Derechos Civiles y Políticos). Sin embargo, su
  contenido no sólo se entiende a nivel
  internacional sino incluso nacional en el caso de
  que dentro de un país exista más de una lengua
  oficial o la constitución del mismo reconozca del
  derecho de las personas de usar su lengua
  materna.

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• PRINCIPIO DE DEFENSA
• Con la finalidad de garantizar la defensa del
  particular en un proceso judicial se consolida
  dentro del derecho al debido proceso el derecho a
  que toda persona debe contar con el
  asesoramiento de un letrado, una persona versada
  en leyes.
• Dentro de este derecho, se podría identificar dos
  caracteres
• El derecho a la defensa de carácter privado,
  concretado en el derecho a ser representadas
  libremente por profesionales del derecho.
• El derecho a la defensa de carácter público, o
  derecho del justiciable a que le sea
  proporcionado letrado de oficio cuando fuera
  necesario y se encontrase en uno de los supuestos
  que señala la Ley de Asistencia Jurídica
  Gratuita.

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• La Presunción de inocencia
• El principio de inocencia o presunción de
  inocencia es un principio jurídico penal que
  establece la inocencia de la persona como regla.
  Solamente a través de un proceso o juicio en el
  que se demuestre la culpabilidad de la persona,
  podrá el Estado aplicarle una pena o sanción.

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• El indubio pro reo
• Es una locución latina, que expresa el principio
  jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, por
  insuficiencia probatoria, se favorecerá al
  imputado o acusado (reo). Es uno de los pilares
  del Derecho penal, que va íntimamente ligado al
  principio de legalidad, y podría traducirse como
  "ante la duda, a favor del reo".
• Su aplicación práctica está basada en el
  principio de que toda persona es inocente hasta
  que se demuestre su culpabilidad. En caso de que
  el juez no esté seguro de ésta, y así lo
  argumente en la sentencia, deberá entonces dictar
  un fallo absolutorio.

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• Principio de pluralidad de instancias
• Es una garantía consustancial del derecho al
  debido proceso jurisdiccional.
• Mediante dicho derecho se persigue que lo
  resuelto por un juez de primera instancia pueda
  ser revisado por un órgano funcionalmente
  superior, y de esa manera permitir que lo
  resuelto por aquél, cuando menos, sea objeto de
  un doble pronunciamiento jurisdiccional.
• La exigencia constitucional de establecerse
  funcional y orgánicamente una doble instancia de
  resolución de conflictos jurisdiccionales está
  directamente conectada con los alcances que el
  pronunciamiento emitido por la última instancia
  legalmente establecida es capaz de adquirir la
  inmutabilidad de la cosa juzgada.
•  

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• Principio Non bis in idem
• (Latín No dos veces por lo mismo) también
  conocido como Autrefois acquit (Francés ya
  perdonado) o double jeopardy (Inglés doble
  peligro) es una defensa en procedimientos
  legales.
• Supone, en definitiva, la prohibición de un
  ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado,
  que impide castigar doblemente tanto en el ámbito
  de las sanciones penales como en el de las
  administrativas, y proscribe la compatibilidad
  entre penas y sanciones administrativas en
  aquellos casos en los que adecuadamente se
  constate que concurre "...la identidad de sujeto,
  hecho y fundamento..." que según reiterada
  jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige
  este principio para ser apreciado.

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• Principio del juicio previo
• El principio del debido proceso o de juicio
  previo se encuentra establecido en el artículo
  139º inc 10 de la constitución política del
  Estado, que prevé que son principios y garantías
  de la función jurisdiccional al de no ser penado
  sin proceso judicial.
• Pero el juicio previo debe ser debido, es decir,
  efectuado con plena observancia de las garantías
  constitucionales de las leyes así como de la
  dignidad humana.
• La garantía del juicio previo garantiza el Estado
  como único titular del poder represivo frente al
  delito y de otro lado la garantía del ciudadano
  de que no puede sufrir pena sin un juicio previo.

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• Principio acusatorio adversativo
• La principal característica del sistema reside en
  la división de los poderes que se ejercen en el
  proceso. Por un lado el acusador, quien persigue
  penalmente y ejerce el poder requiriente, por
  otro lado el imputado, quien puede resistir la
  imputación, ejerciendo el derecho de defensa y,
  finalmente el Tribunal que es el órgano
  dirimente.
• Todos estos poderes se vinculan y condicionan
  unos a otros.
• El Juez ya no investiga ni persigue, porque se
  convierte en parte y peligra la objetividad del
  juicio. El Ministerio Público cumple la función
  investigadora.

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• Esta separación de funciones deviene del proyecto
  de reglas mínimas de las naciones Unidas para el
  procedimiento penal de 1992, conocido como
  Reglas de Mayorca, apartado A), 2º 1. propone
  que las funciones investigadora y de
  persecución estarán estrictamente separadas de la
  función juzgadora.
• Como característica de este modelo tenemos
• Un proceso con enfrentamiento entre la defensa y
  el acusador. Hay igualdad de armas.
• El Fiscal no sólo investiga el delito sino
  también brinda protección al inculpado, tiene una
  posición cuasi - judicial.
• El Juez lleva el control de la investigación,
  revisión de las disposiciones del Fiscal y
  control judicial en juicio.
• Se incorpora a la víctima como un sujeto
  procesal principal, manteniendo límites en su
  intervención.

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• Se incorporan salidas al proceso formulas
  resarcitorias, conciliación, pretensiones civiles
  oponibles en el ámbito penal, etc.
• Se introducen mecanismos de control del tiempo.

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• SEGUNDA SEMANA
• LA ACCION PENAL

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LA ACCION PENAL

• El derecho de la acción penal es un derecho
  fundamental, que les asiste a todos los sujetos
  del derecho, y que se ejercita mediante la puesta
  en conocimiento del Juez Penal de una notitia
  criminis haciendo surgir en el órgano
  jurisdiccional la obligación de dictar una
  resolución motivada y fundada sobre su inadmisión
  o sobre la finalización del proceso penal.

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• La acción penal como un derecho
• El derecho de acción penal es un auténtico
  derecho fundamental previsto en el derecho a la
  tutela judicial efectiva (consagrado en el
  artículo 139º inciso 3. del art. 139º de la
  Constitución Política).
• Es el acceso libre a los órganos de jurisdicción
  penal a fin de obtener de ellos una resolución
  motivada, fundada en derecho, congruente con la
  pretensión penal e incluso de ser posible el
  archivo del proceso por ausencia de alguno de los
  presupuestos que condicionan la apertura del
  propio procedimiento.

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• Titularidad de la acción penal
• La acción penal asiste a todos los sujetos de
  derecho que cumplan los requisitos de capacidad.
• Se distinguen los siguientes supuestos
• El Ministerio Fiscal El Ministerio Público
  tiene el deber de ejercitar la acción penal ante
  la sospecha de la comisión de un delito público.
• Las personas jurídicas La capacidad de las
  personas jurídicas en el ejercicio de la acción
  penal, es discutida, pero en España el Tribunal
  Constitucional ya se pronunció al respecto,
  señalando que las personas jurídicas pueden ser
  acusadoras populares.

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• Las personas físicas La capacidad de las
  personas físicas es amplísima, pueden dividirse
  en públicas (acciones populares) y privadas
  (acciones de querellas por ofensa y otras que
  señale la ley).
• Contenido
• La acción penal se ejercita mediante la puesta en
  conocimiento de un órgano jurisdiccional de una
  notitia crimins, quiere decir que sólo serán
  denunciados hechos con relevancia penal.

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• Objeto
• El objeto de la acción penal, no consiste en
  obtener la actuación del derecho de penar del
  Estado sino tan sólo de provocar la incoación
  del proceso penal en orden a obtener una
  resolución motivada y fundada que ponga fin al
  procedimiento.

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EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL

• El numeral 1) del Artículo 2º del nuevo Código
  Procesal Penal que El Ministerio Público, de
  oficio o a pedido del imputado y con su
  consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la
  acción penal (...)
• no todo consentimiento del imputado implica el
  reconocimiento de culpabilidad. Pues, a lo
  expuesto, añadimos que el asentimiento del
  investigado para la aplicación del Principio de
  Oportunidad puede obedecer a diversas causas,
  como por ejemplo para evitarse un engorroso
  trámite judicial. Sin embargo, tomemos esto con
  pinzas, este criterio no es genérico, puesto que
  por ejemplo en los casos de lesiones derivadas
  de un accidente de tránsito por colisión de dos
  vehículos, en los que la responsabilidad de los
  involucrados resulta siempre discutida, no
  podemos pretender para la procedencia del trámite
  de la Oportunidad el reconocimiento de

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• culpa por parte de aquéllos, bastará aquí la
  intención de tratar de llegar a un acuerdo
  respecto a los gastos de atención médica,
  curación, rehabilitación, etc. En cambio, en
  otros supuestos, como en los delitos de
  conducción de estado de ebriedad, donde la
  responsabilidad se encuentra acreditada
  fehacientemente (con el resultado del Certificado
  de Dosaje Etílico), el reconocimiento de culpa es
  requisito esencial, ya que de lo contrario, el
  Principio de Oportunidad no sería más que una
  puerta abierta para la impunidad, vulnerándose
  los fines del Derecho Penal. A lo que debe
  añadirse, la tutela de los derechos de defensa y
  presunción de inocencia del imputado.
• Ahora bien, en cuanto a la abstención del
  ejercicio de la acción penal , ésta consiste en
  una disposición emitida por el Fiscal que conoce
  el caso, por la cual decide la no formulación de
  denuncia penal ante el Juez competente o el
  pedido del sobreseimiento de la causa, cuando el
  hecho ya

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• se encontrara ventilando en instancia judicial,
  pero
• sólo hasta antes de formularse acusación.
• PRESUPUESTOS LEGALES
• Seguidamente, se enuncian los presupuestos o
• criterios de oportunidad, doctrinalmente
  distinguidos
• en la Falta de Necesidad de Pena y Falta de
• Merecimiento de Pena. El Principio de Oportunidad
• operará, pues, sólo en los siguientes casos
• Afectación Grave del Agente
• Cuando el agente haya sido afectado gravemente
  por
• las consecuencias de su delito (culposo o doloso)
• sancionado con pena privativa de libertad no
  mayor
• de 4 años, y la pena resulte innecesaria.
• Este es el supuesto de Falta de Necesidad de Pena
  

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• ya que la imposición de una sanción al autor de
  un hecho ilícito deviene en innecesaria por
  razones de humanidad y proporción, en vista que
  aquél ha sufrido de un daño físico o espiritual
  de consideración como consecuencia de su propio
  accionar delictivo.
• Delitos de Mínima Afectación al Interés Público
• Cuando se trate de delitos que no afecten
  gravemente el interés público, que se encuentren
  sancionados con una pena privativa de la libertad
  mínima no mayor de 2 años.
• El Delito de Bagatela es aquél que por su poca
  frecuencia o insignificancia no constituye una
  seria afectación al interés público, no
  repercutiendo trascendentemente sus efectos, por
  ende, en la Sociedad.
• Mínima Culpabilidad del Agente
• Cuando conforme a las circunstancias del hecho y
  las

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• condiciones personales del denunciado, el Fiscal
  aprecie la concurrencia de atenuantes como el
  Error de Tipo, el Error de Comprensión
  Culturalmente condicionado, la Tentativa, la
  Atenuación de la Pena, la Responsabilidad
  Restringida, la Complicidad y advierta que no
  existe ningún interés público gravemente
  comprometido en su persecución, teniendo en
  cuenta, además, que el hecho no se encuentre
  sancionado con más de 4 años de pena privativa de
  libertad.
• Tanto el supuesto de los Delitos de Mínima
  afectación al Interés Público como el de Mínima
  Culpabilidad del Agente corresponden al Criterio
  de Falta de Merecimiento de Pena, exigiéndose
  para la procedencia del Principio de Oportunidad
  que el agente haya reparado los daños y
  perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el
  agraviado en tal sentido.
• Se exige que el delito no haya sido cometido por
  funcionario público en el ejercicio de su cargo.

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• PROCEDIMIENTO
• En adelante el nuevo Código Procesal Penal nos
  acerca al PROCEDIMIENTO del Principio de
  Oportunidad, tanto a nivel Fiscal como Judicial.
  Marcándose claramente los Criterios de
  Oportunidad que nuestra legislación adopta,
  sumándose a los tres supuestos previamente
  explicados (Afectación Grave del Agente, Delitos
  de Bagatela y Mínima Culpabilidad del Agente) una
  taxativa relación de delitos, para los cuales se
  exige condiciones especiales, a fin de
  ubicárseles dentro de los alcances para al
  aplicación de la oportunidad.
• El Trámite del Principio de Oportunidad se inicia
  de la siguiente manera
• El Fiscal al tomar conocimiento de un hecho
  ilícito (sea por sí mismo, por denuncia de parte
  o informe policial) y apreciando suficientes
  medios probatorios

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• que acrediten su existencia, así como la
  vinculación del imputado con su comisión, y los
  supuestos previstos en el Artículo 2º del Código
  Procesal Penal, de oficio o a solicitud del
  imputado
• 1. Dispondrá la pertinencia para el inicio del
  trámite del Principio de Oportunidad, citando al
  investigado y al agraviado con el fin de realizar
  una DILIGENCIA DE ACUERDO, cuyo desarrollo
  constará en acta.
• Si el agraviado no asiste a la diligencia el
  Fiscal podrá determinar el monto de la reparación
  civil que corresponda.
• Si el imputado y la víctima no llegan a un
  acuerdo sobre el plazo para el pago de la
  reparación civil el Fiscal fijará el plazo, que
  no podrá exceder de 9 meses.
• Si los involucrados arriban a un acuerdo y éste
  consta en instrumento público o documento privado
  legalizado notarialmente No será necesario
  llevar a

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• cabo la diligencia de Acuerdo.
• 2. Una vez arribado el acuerdo y satisfecha la
  reparación civil el Fiscal expedirá una
  DISPOSICIÓN DE ABSTENCIÓN.
• La Disposición de Abstención impide (bajo
  sanción de nulidad) que otro Fiscal pueda
  promover u ordenar que se promueva acción penal
  por una denuncia que contenga los mismos hechos.
• Si se hubiera fijado un plazo para el pago de la
  reparación civil se suspenderán los efectos de
  la Disposición de Abstención hasta su efectivo
  cumplimiento.
• Si el obligado no cumpliera con el pago de la
  reparación civil se dictará Disposición para la
  Promoción de la acción penal, la cual no será
  impugnable.
• Si el imputado cumpliera con cancelar el total
  del monto de la reparación civil o el acuerdo al
  que haya

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• arribado con las víctimas.
• Facultad Adicional del Fiscal
• Aquí debemos de hacer un alto, pues el numeral 5)
  del artículo segundo bajo tratamiento, nos
  presenta una singular innovación, que consiste en
  la facultad que se otorga al Fiscal para que (en
  la Disposición de Abstención) imponga una sanción
  adicional al imputado, independientemente de la
  reparación civil a la que éste se hubiere
  comprometido, solicitando su aprobación al Juez
  competente. Medida que encuentra su justificación
  en el grado de responsabilidad del agente y en la
  tutela del interés público.
• De tal manera que, señala el código, si el Fiscal
  considera imprescindible, para suprimir el
  interés público en la persecución, sin oponerse
  a la gravedad de la responsabilidad, imponer
  adicionalmente (1) el pago de un importe a favor
  de una institución de interés social o del Estado
  y (2) la aplicación de las reglas de conducta,
  como la prohibición de

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• frecuentar determinados lugares prohibición de
  ausentarse del lugar donde reside sin
  autorización del Juez, comparencia mensual, entre
  otras previstas en el artículo 64º del Código
  Penal, solicitará la aprobación de la abstención
  al Juez de la Investigación Preparatoria, el que
  la resolverá previa audiencia de los interesados.
  
• Criterios de Oportunidad Adicionales
• Como lo hicimos notar, líneas adelante, el
  legislador ha optado por especificar los tipos
  penales a los cuales el Fiscal puede aplicar el
  Principio de Oportunidad, independientes a los
  tres supuestos tratados anteriormente.
  Estableciendo, asimismo, las condiciones
  especiales que deben de presentar para su
  procedencia.
• Es así que, el numeral 6) del artículo segundo
  del nuevo código adjetivo penal señala que
  procederá un acuerdo reparatorio en los delitos
  previstos y

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• y sancionados en los artículos 122º (Lesiones
  Leves), 185º (Hurto Simple), 187º (Hurto de Uso),
  189-Aº primer párrafo (Hurto de Ganado), 190º
  (Apropiación Ilícita), 191º (Sustracción de Bien
  Propio), 192º (Apropiación Ilícita - Formas
  Atenuadas), 193º (Apropiación de Prenda), 196º
  (Estafa), 197º (Defraudación), 198º (Fraude de la
  Gestión de Persona Jurídica), 205º (Daños), 215º
  (Libramiento Indebido), y Delitos Culposos.
  Excepto, cuando haya pluralidad importante de
  víctimas o concurso con otro delito que sea de
  igual o mayor gravedad, o afecte bienes jurídicos
  indisponibles.
• En estos casos
• El Fiscal (de Oficio o a pedido del imputado o de
  la víctima) propondrá un ACUERDO REPARATORIO.
• Si ambos convienen el mismo el Fiscal se
  abstendrá de ejercitar la acción penal.
• Si el imputado no concurre a la segunda citación
  o se ignora su domicilio o paradero el fiscal
  promoverá

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• la acción penal.
• Procedimiento a Nivel Judicial
• Cómo proceder si la acción penal ya hubiera sido
  promovida?
• El Juez de la Investigación Preparatoria, previa
  AUDIENCIA, podrá (a petición del Ministerio
  Público, con la aprobación del imputado y
  citación del agraviado) dictar Auto de
  Sobreseimiento -con o sin las reglas fijadas en
  el numeral 5) Imposición de Penas Adicionales-
  hasta antes de formularse la acusación, bajo los
  supuestos ya establecidos.
• El auto de sobreseimiento no será impugnable.
  Excepto
• (1) En cuanto al monto de la reparación civil
  si ésta es fijada por el Juez ante la
  inexistencia de acuerdo entre el imputado y la
  víctima, o

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• (2) Respecto a las reglas impuestas si éstas son
  desproporcionadas y afectan irrazonablemente la
  situación jurídica del imputado.
• Tratándose de los delitos previstos y sancionados
  en los artículos 122º (Lesiones Leves), 185º
  (Hurto Simple), 187º (Hurto de Uso), 189-Aº
  primer párrafo (Hurto de Ganado), 190º
  (Apropiación Ilícita), 191º (Sustracción de Bien
  Propio), 192º (Apropiación Ilícita - Formas
  Atenuadas), 193º (Apropiación de Prenda), 196º
  (Estafa), 197º (Defraudación), 198º (Fraude de la
  Gestión de Persona Jurídica), 205º (Daños), 215º
  (Libramiento Indebido), y Delitos Culposos, en
  los que no haya pluralidad importante de víctimas
  o concurso con otro delito que sea de igual o
  mayor gravedad, o que afecte bienes jurídicos
  indisponibles, basta la presentación del acuerdo
  reparatorio en un instrumento público o documento
  privado legalizado notarialmente, para que el
  Juez dicte auto de sobreseimiento.

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• TERCERA SEMANA
• JURISDICCION y COMPETENCIA

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JURISDICCION

• El Estado a través de los Tribunales
  especialmente adscritos, realiza su misión de
  dirigir el proceso penal, manteniendo la
  integridad del ordenamiento punitivo mediante la
  aplicación de sus normas, declarando en el caso
  concreto la existencia de delitos y faltas e
  imponiendo las penas o medidas de seguridad,
  siempre que se haya ejercitado la acción.
• La Constitución califica a la Jurisdicción como
  Poder. El Poder Judicial tiene el monopolio de la
  justicia ordinaria (Art. 139º y 149º de la Const.
  Política.) e incluso le corresponde la revisión
  de los actos del Poder Ejecutivo a través de la
  acción contenciosa administrativa (Art. 148º de
  la Const. Política).

44
JURISDICCION

• LA JURISDICCION PENAL
• Es la Jurisdicción por la cual el Estado a través
  de los tribunales especialmente adscritos,
  realiza su misión de dirigir el proceso penal,
  manteniendo en integridad del ordenamiento
  punitivo mediante la aplicación de sus normas,
  declarando en el caso concreto la existencia de
  los delitos y faltas e imponiendo penas o medidas
  de seguridad siempre y cuando se haya ejercitado
  la acción.
• La Constitución califica a esta jurisdicción como
  Poder Judicial quien tiene el monopolio de
  administrar justicia ordinaria, que incluye la
  revisión de los actos del Poder Ejecutivo a
  través de la acción contenciosa administrativa
  (Art. 148º de la Constitución).

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• EXTENSION Y LIMITES DE LA JURISDICCION PENAL
• La justicia se administra a nombre de la Nación y
  por los órganos jurisdiccionales competentes.
• Se le atribuye el conocimiento de los procesos
  por delitos y faltas y se extiende su poder a
  todas las personas que dentro del Territorio
  nacional se les impute la comisión de un delito.
• A esta regla le alcanza una excepción que es la
  teoría del pabellón (Art. 1º del Código Penal).
• LIMITES OBJETIVOS
• La Jurisdicción penal abarca el conocimiento de
  los delitos y faltas, tipificados como tales en
  el Código Penal o las leyes penales especiales
  (Art. V del Título Preliminar y 11º del
  C.P.)además le compete conocer

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• en sede penal el conocimiento de las acciones
  civiles derivadas del delito, de conformidad con
  el artículo 92º del C.P.
• Hay excepciones que constituyen jurisdicciones
  especiales
• Jurisdicción tutelar encargada del conocimiento
  de las conductas tipificadas como delito o falta
  en la ley penal dirigida a los niños y
  adolescentes.
• Jurisdicción militar Encargada de sancionar los
  delitos de función cometido por los miembros de
  la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
• Jurisdicción tradicional dedicada a la
  aplicación del derecho penal consuetudinario para
  las conductas penales que determina la

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• Ley, cometidos por los integrantes de las
  comunidades campesinas y nativas en su ámbito
  territorial.
• Límites territoriales
• El ejercicio de la jurisdicción penal es una
  manifestación de la soberanía del Estado, por lo
  que todos los delitos cometidos en territorio
  peruano deben ser objeto de procesamiento en el
  país, sin importar la nacionalidad del autor de
  los partícipes (Art. 1º del C.P.).
• En algunos casos prima el principio del
  pabellón para reprimir por los Tribunales
  peruanos hechos punibles cometidos en las naves y
  aeronaves peruanas públicas y privadas que se
  encuentren en alta mar o en espacio aéreo donde
  ningún Estado ejerza soberanía.

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• Límites subjetivos
• La regla general es que todas las personas que
  delinquen en el Perú sean sometidos a los
  Tribunales nacionales.
• Sin embargo, la ley y tratados reconocen ciertas
  excepciones en lo concerniente a los peruano,
  algunas personas gozan de inmunidad material
  (Congresistas, Defensor del Pueblo y los
  Magistrados del Tribunal Constitucional)
  solamente en los llamados delitos de expresión,
  de conformidad con los artículos 93º, 161º y
  201º de la Const. Política.
• En cuanto a los extranjeros, están exceptuados de
  someterse a la justicia peruana los que se
  encuentren con inmunidad

49

• del derecho internacional público (Jefes de
  Estado, Diplomáticos debidamente acreditados sus
  funcionarios y familia si viven bajo el mismo
  techo, y de los miembros de la Fuerzas Armadas
  extranjeras.
• Así consta en el Código de Bustamante de 1928
  realizado en Cuba (Tratado de Derecho
  Internacional Privado de La Habana) en el
  Tratado de Derecho Penal Internacional de
  Montevideo de 1889, en la Convención de la Habana
  sobre Funcionarios Diplomáticos de 1928 y en la
  Convención de Viena de 1961.

50

• JURISDICCION MILITAR
• El artículo 139º inc. 1) refiere que no existe ni
  puede ejercerse jurisdicción alguna
  independiente, c0n excepción de la militar y
  arbitral.
• Sin embargo pese al mandato constitucional no
  existe una ley que delimite con claridad la
  competencia de los tribunales militares, los
  cuales deben conocer sólo los delitos de función
  tipificados en el Código de Justicia Militar,
  pero no delitos comunes tipificados en el Código
  Penal y leyes especiales.
• El fuero militar sólo es competente para conocer
  delitos de abandono de destino, insulto al
  superior, insubordinación, etc. Pero de ninguna
  manera delitos como por ejemplo homicidio
  cometido por un militar.

51
SUJETOS DE FUNCION DECISORIA Y ACTIVA

• EL JUEZ PENAL
• Es la persona que ejerce la jurisdicción penal,
  la constitución le confiere la facultad
  decisoria, la facultad de fallo, la facultad de
  resolver, por ello el C. de P.P. establece que es
  competencia exclusiva del órgano jurisdiccional,
  dirigir la etapa procesal del juzgamiento.
• En el Código adjetivo actual el juez penal sigue
  dirigiendo la etapa de instrucción o del sumario,
  teniendo además la facultad de fallo en el
  proceso sumario.
• En la materia penal se produce una mayor tensión
  entre los roles del órgano jurisdiccional, puesto
  que su función principal es el de represión del
  delito.
• Tutela también los derechos y libertades
  fundamentales, tanto de la víctima como de los

52

• imputados.
• El juez penal conoce el sistema penal, la
  criminología y demás ciencias auxiliares.
• El juez penal en el ejercicio de su función tiene
  amplias facultades sobre las personas
  procesadas, sobre terceros no inculpados y sobre
  las cosas, por ello debe actuar con ponderación,
  con elevado criterio, con rectitud, tomando
  conciencia, que sus decisiones dependen valores
  fundamentales como la vida, el honor, la
  libertad, el patrimonio, etc.
• El Juez debe preservar el derecho de las personas
  en el curso de la investigación, sólo él puede
  decidir la detención de una persona, efectuar
  embargos, allanar una vivienda, etc.
• ORGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA PENAL
• Las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia
• Las Salas Penales Superiores de las Cortes
  Superiores

53

• Los Juzgados Especializados en lo Penal
• Los Juzgados de Paz Letrados.
• A los Juzgados Penales les corresponde conocer
• Los procesos penales de su competencia, con las
  facultades y los trámites señalados en la Ley.
• En grado de apelación los asuntos que resuelven
  los Juzgados de Paz Letrados.
• Los demás asuntos que les corresponde conforme a
  Ley.
• A la Sala Penal Superior le corresponde conocer
• Los recursos de apelación de su competencia.
• El juzgamiento oral de los procesos establecidos
  por la ley.
• Las quejas de derecho y contiendas de competencia
  promovidas en materia penal que les corresponde.
• En primera instancia, los procesos por delitos

54

• cometidos en el ejercicio de sus funciones, por
  los Jueces y Fiscales Especializados o Mixtos,
  Jueces de Paz Letrados, Jueces de Paz y otros
  funcionarios señalados por la ley aunque hayan
  cesado en el cargo.
• Los demás asuntos que corresponden conforme a
  ley.

55

• CUARTA SEMANA
• JURISDICCION Y COMPETENCIA (II PARTE)

56

• LA COMPETENCIA
• El artículo 143º de la Const. Política concibe al
  Poder Judicial como una organización integrada
  por una pluralidad de órganos jurisdiccionales.
• En atención a esa configuración pluriorgánica,
  resulta imprescindible establecer criterios para
  la distribución de las causas.
• Estos criterios son los llamados criterios
  competenciales, al señalar que para un supuesto
  determinado un órgano jurisdiccional con
  exclusión de los demás produce a la vez un
  derecho y un deber en el Tribunal de impartir
  justicia y de las partes a solicitarla en cada
  caso concreto.

57

• Tres son los criterios que rigen la competencia
  penal
• La improrrogabilidad La función jurisdiccional
  no puede cederse a ningún otro.
• La extensión Un Juez que conoce una causa,
  también conoce de todas sus incidencias.
• La exclusividad Le corresponde a la
  jurisdicción ordinaria de todas las causas y
  juicios penales.

58

• COMPETENCIA PENAL
• El fin practico de la competencia penal consiste,
  por tanto, en distribuir las causas entre los
  diversos jueces instituidos por la Ley, entre
  ellos ha de repartirse la tarea judicial,
  dividiendo el conjunto de asuntos en distintos
  grupos para asignarlos a unos u otros jueces.
• Salas Penales de la Corte Suprema que tiene
  competencia nacional.
• Salas Penales Superiores que tienen competencia
  en el ámbito de un distrito judicial.
• Los Juzgados Especializados en lo Penal que
  tienen competencia dentro del distrito judicial
  (A la fecha se vienen descentralizando por
  módulos básicos de justicia en los conos
  distritales)

59

• Juzgados de Paz Letrados donde existen donde
  señale la Ley.
• Los Juzgados de Paz en los centros poblados
  menores.
• DETERMINACION DE LA COMPETENCIA
• Por el Territorio Se delimita la competencia de
  un juez, en relación con un ámbito geográfico
  determinado. El territorio nacional se ha
  dividido en distritos judiciales.
• El art. 19º del C.de P.P. establece lsa reglas o
  criterios para determinar la competencia por el
  territorio

60

• Por el lugar donde se ha cometido el delito.
• Por el lugar donde se hayan descubierto las
  pruebas materiales de la comisión del delito.
• Por el lugar donde ha sido arrestado el
  inculpado.
• Por el lugar en que tienen su domicilio el
  inculpado.
• b. Por conexión La competencia por conexión se
• basa en la necesidad de reunir en una sola causa,
• varios procesos que tengan relación con los
  delitos o
• con los inculpados, esto se hace para tener un
• Conocimiento más amplio de los hechos y para
  evitar
• que se dicten sentencias contradictorias.
• El art. 21º del C. de P.P. establece las causales
  de
• conexión

61

• Cuando se imputa a una persona la comisión de
  varios delitos aunque cometidos en ocasión y
  lugares diferentes.
• Cuando varios individuos aparecen responsables
  del mismo hecho punible como autores y cómplices.
• Cuando varios individuos han cometido diversos
  delitos aunque sea en tiempo y lugares distintos,
  si es que precedió concierto entre los culpables.
• Cuando unos delitos han sido cometidos para
  procurarse los medios de cometer los otros o para
  facilitar o consumar su ejecución o para asegurar
  la impunidad.
• C) Por el grado Juez de Paz Letrado, Juez
  Especializado en lo Penal, Sala Penal Superior y
  Sala Penal de la Corte Suprema de la República.

62

• d) Por el turno Bajo este criterio se pretende
  racionalizar la carga procesal entre diferentes
  jueces de un mismo distrito judicial, quienes
  conocerán los asuntos penales que se produzcan en
  un lapso de tiempo en se encontraron avocados en
  un turno. En Lima existe el Juzgado Penal de
  Turno Permanente, donde los Jueces Especializados
  en lo Penal de Lima hacen un turno cada 24 horas
  (sólo conocen asuntos con detenidos), las
  denuncias con reos libres van directamente a la
  Mesa de Partes Única de los Juzgados Penales de
  Lima, donde son distribuidos en forma aleatoria a
  los diversos Juzgados Penales de Lima (a
  excepción de los Juzgados Penales de los Módulos
  Básico de Justicia que tienen su propio turno).

63

• QUINTA SEMANA
• SUJETOS PROCESALES

64

• El Ministerio Público
• El Ministerio Fiscal es un órgano del estado que
  tiene asignadas constitucionalmente las funciones
  de promover la acción de la justicia en defensa
  de la legalidad, de los derechos de los
  ciudadanos y del interés público tutelado por la
  Ley, de oficio o a petición de los interesados,
  así como velar por la independencia de los
  Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción
  del interés social tales funciones se ejercen
  por medio de órganos propios, conforme a los
  principios de unidad de actuación y dependencia
  jerárquica, y con sujeción en todo caso a los de
  legalidad e imparcialidad.

65
LA INVESTIGACION PREPARATORIA
Art. 321º del Código Procesal Penal

• Persigue reunir los elementos de convicción de
  cargo y
• descargo que permitan al Fiscal decidir si
  formula o no
• acusación contra el imputado así como el imputado
  a
• preparar su defensa.

• Los que prestan apoyo al Fiscal son La Policía y
  sus
• órganos especializados en criminalística, el
  Instituto de
• Medicina Legal, el Sistema Nacional de Control y
  demás
• organismos técnicos del Estado pueden colaborar
  entidades
• privadas previo convenio con el Ministerio
  Público.

Finalidad

• Previa directiva de la Fiscalía de la Nación, el
  Fiscal puede
• contar con asesoría de expertos de entidades
  públicas y
• Privadas para formar un grupo interdisciplinario
  de
• investigación científica para casos específicos,
  el mismo
• Que actuará bajo su dirección.

66
LA INVESTIGACION PREPARATORIA
Art. 322º del Código Procesal Penal

• El Fiscal dirige la Investigación Preparatoria.
  La realiza
• por sí mismo o la encomienda a la Policía las
  diligencias
• que considere convenientes para el
  esclarecimiento de
• los hechos, siempre que estas no requieran
  autorización
• judicial.

Dirección de la Investigación

• Para los actos de la investigación puede requerir
  la
• colaboración de autoridades y funcionarios
  públicos, quienes lo harán en el ámbito de su
  competencia.

• El Fiscal dispondrá de las medidas razonables y
• necesarias para proteger y aislar los indicios
  materiales
• en los lugares donde se investigue un delito, a
  fin de
• evitar la desaparación o destrucción de los
  mismos.

67
LA INVESTIGACION PREPARATORIA
Art. 323º del Código Procesal Penal

• El Juez en esta etapa puede realizar a solicitud
  del
• Fiscal o de las partes lo siguiente
• Autorizar la constitución de las partes.
• Pronunciarse sobre las medidas limitativas de
  derechos
• que requieran orden judicial y cuando corresponda
  las
• medidas de protección.
• Resolver excepciones, cuestiones previas y
  prejudiciales.
• Realizar los actos de prueba anticipada.
• Controlar el cumplimiento del plazo en las
  condiciones
• fijadas en el Código.

Función del Juez
68
LA INVESTIGACION PREPARATORIA
Art. 325º del Código Procesal Penal

• Las actuaciones de la investigación sólo sirven
  para
• emitir las resoluciones propias de la
  investigación y de
• la etapa intermedia. Para los efectos de la
  sentencia
• tienen carácter de acto de prueba las pruebas
• anticipadas recibidas de conformidad con el
  artículo 242º
• y siguientes, y las actuaciones objetivas e
• irreproducibles cuya lectura en el juicio oral
  autoriza
• este Código.
• P.D. Art. 242º En los supuestos de prueba
  anticipada a
• solicitud del Fiscal o de los demás sujetos
  procesales
• podrá instarse al Juez de la Investigación
  Preparatoria,
• la declaración testimonial, examen de perito,
  careo
• entre personas que han declarado,
  reconocimientos,
• inspecciones o reconstrucciones e incluso las
  mismas
• diligencias Pueden solicitarse en la etapa
  intermedia.

Carácter de la Investigación
69
LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE LA
INVESTIGACION
Art. 326º del Código Procesal Penal

• Cualquier persona puede denunciar los hechos
• delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre
  y
• cuando el ejercicio de la acción penal para
  perseguirlos
• sea público.
• También presentarán denuncia quienes estén
• obligados para hacerlo por expreso mandato de la
  ley
• en especial los profesionales de la salud y los
  educadores.
• Los funcionarios que en el ejercicio de sus
  atribuciones
• o por razón del cargo, tomen conocimiento de la
• realización de algún hecho punible.

Facultad y Obligación
de denunciar
70
LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE LA
INVESTIGACION
Art. 327º del Código Procesal Penal

• Nadie está obligado a formular denuncia contra su
  cónyuge o parientes comprendidos dentro del
  cuarto grado de consaguinidad o segundo de
  afinidad.
• Tampoco existe esta obligación cuando el
  conocimiento de los hechos está amparado en el
  secreto profesional.

No obligados a denunciar
71
LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE LA
INVESTIGACION
Art. 328º del Código Procesal Penal

• La denuncia debe contener la identidad del
  denunciante, la narración detallada de los hechos
  y de ser posible la individualización del
  presunto responsable.
• La denuncia podrá formularse por cualquier medio.
  Si es escrita será firmada por el denunciante y
  colocará su impresión digital si es verbal se
  levantará el acta correspondiente.
• En ambos casos si el denunciante no puede firmar,
  colocará su impresión digital, dejándose
  constancia en el acta de impedimento.

Contenido y forma de la denuncia
72
ACTOS INICIALES DE LA INVESTIGACION
Art. 329º del Código Procesal Penal

• El Fiscal inicia los actos de investigación
  cuando tenga conocimiento de la sospecha de la
  comisión de un hecho que reviste los caracteres
  de delito. Promueve la investigación de oficio o
  a petición de los denunciantes.
• La inicia de oficio cuando llega a su
  conocimiento la comisión de un delito de
  persecución pública.

Formas de Iniciar la Investigación
73
ACTOS INICIALES DE LA INVESTIGACION
Art. 331º y 332º del Código Procesal Penal

• Si la Policía tiene conocimiento de un delito
  pondrá a conocimiento del Fiscal por la vía más
  rápida y también por escrito, indicando los
  elementos esenciales del hecho y demás elementos
  recogidos, así como la actividad realizada sin
  perjuicio de informar en su totalidad.
• La Policía en todos los casos que intervenga
  emitirá un informe policial.
• El informe contiene los antecedentes que
  motivaron su intervención, no los califica
  jurídicamente ni emite responsabilidades.
• En el informe se adjuntará las actas levantadas,
  manifestaciones, pericias y todo aquello que
  considere indispensable para el esclarecimiento
  del hecho así como la comprobación del domicilio
  y demás datos del imputado.

Actuación Policial e Informe Policial
74
LA INVESTIGACION PREPARATORIA
Art. 334º del Código Procesal Penal

• El Fiscal después de la investigación preliminar
  considera que el hecho denunciado no constituye
  delito, presenta causas de extinción o no es
  justiciable penalmente, declarará que no procede
  formalizar y continuar con la investigación
  preparatoria, archivará lo actuado dando cuenta a
  as partes.
• El plazo de las diligencias preliminares es de 20
  días. El Fiscal podrá fijar un plazo distinto
  según las características complejidad de los
  hechos. El que se considere afectado por la
  excesiva duración de las investigaciones
  preliminares solicitará al Fiscal el termino del
  mismo y que dicte la resolución que corresponda.
  Si el Fiscal no lo acepta el afectado podrá
  acudir al Juez de la Investigación preparatoria
  en el plazo de 5 días para su pronunciamiento. El
  Juez resolverá con la participación de los
  sujetos procesales.

Calificación
75
LA INVESTIGACION PREPARATORIA
Art. 335º del Código Procesal Penal

• La disposición de archivo, impide que otro Fiscal
  pueda promover u ordenar que el inferior
  jerárquico promueva una investigación
  preparatoria por los mismos hechos.
• Se exceptúa ésta regla, si se aportan nuevos
  elementos de convicción, en cuyo caso deberá
  reexaminar los actuados el Fiscal que previno. En
  el supuesto que se demuestre que la denuncia
  anterior no fue debidamente investigada, el
  Fiscal Superior que previno designará a otro
  Fiscal Provincial.

Prohibición de nueva denuncia
76

• El imputado
• El imputado es la parte pasiva necesaria del
  proceso penal , que se ve sometido al proceso y
  se encuentra amenazado en su derecho a la
  libertad, o en el ejercicio o disfrute de otros
  derechos cuando la pena sea de naturaleza
  diferente, al atribuírsele la comisión de hechos
  delictivos por la posible imposición de una
  sanción penal en el momento de la sentencia.
• La condición de imputado en un proceso penal se
  adquiere desde el momento en que la autoridad
  judicial comunica a una persona que se están
  siguiendo actuaciones por la comisión de
  determinados hechos delictivos y que se le
  atribuye la participación en los

77

• mismos, la condición de imputado finaliza cuando
  termina el proceso.
• Capacidad y legitimación
• La capacidad para ser parte e intervenir en el
  procedimiento como imputado la ostentan sólo las
  personas físicas y vivas, que tengan la aptitud
  necesaria para participar de modo consciente en
  el juicio, comprender la acusación formulada
  contra él y ejercer su derecho de defensa.
• Si se llegara a formularse la imputación contra
  un ininputable (menor de edad), podrá el sujeto
  actuar válidamente en el proceso para alegar esta
  circunstancia y lograr la resolución judicial de
  inhibición a favor de los Juzgados de Familia, si
  no hubiese sido apreciada de oficio por el Juez
  Penal.

78

• Hay otras dos causas de ininputabilidad que
  derivan de enfermedades mentales (la enajenación
  o el trastorno mental y la grave alteración de la
  conciencia de la realidad), generan la
  incapacidad procesal del imputado, porque carecen
  de la aptitud necesaria para intervenir en el
  proceso y naturalmente es imposible suplir la
  incapacidad de la parte pasiva.
• Cuando la demencia sobreviniera después de
  cometido el delito el Juzgador archivará el
  proceso hasta que el imputado recobre la salud y
  dispondrá alguna medida de seguridad.

79

• Situación del imputado durante el procedimiento
• A través del proceso el imputado puede pasar por
  varios status jurídico procesal.
• Se denomina imputado cuando se le atribuye la
  participación en un hecho delictivo, sin llegar a
  la autoridad judicial.
• Se le denomina procesado cuando la autoridad
  judicial le apertura proceso penal, inculpándole
  formalmente los ilícitos denunciados por el
  Ministerio Público.
• Durante el proceso estando con dictamen
  acusatorio del Ministerio Público, se le denomina
  acusado.

80

• DERECHO Y DEBERES
• Derechos
• Constitucionalmente tiene derecho a la tutela
  judicial, por tanto de acceso al órgano
  jurisdiccional y de ser oído (Art. 139º 3.
  Const.), al punto de no haber juicio o proceso en
  su ausencia.
• Según la Ley ordinaria tiene derecho a i)
  Elección a su abogado defensor ii) Presencia en
  la practica de los actos de investigación iii)
  Requerir actos de investigación y de prueba iv)
  Recusar al personal judicial v) Promover e
  intervenir en las cuestiones de competencia vi)
  Estar presente en el juicio oral vii) Solicitar
  la suspensión de la audiencia viii) interponer
  recursos.

81

• DERECHO Y DEBERES
• Deberes
• Moralidad procesal o disciplina procesal.
• Presencia en el proceso penal, la no
  concurrencia al proceso penal del imputado
  acarrea situaciones como la declaración de
  ausencia o contumacia en su perjuicio y con las
  medidas que personales que de ella deriven.

82

• EL ACTOR CIVIL
• Concepto
• Es aquella persona, que puede ser el agraviado o
  sujeto pasivo del delito, es decir quien
  directamente ha sufrido un daño criminal y, en
  defecto de él, el perjudicado, es decir el sujeto
  pasivo del daño indemnizable o el titular del
  interés directa o inmediatamente lesionado por el
  delito, que deduce expresamente en el proceso
  penal una pretensión patrimonial que trae a causa
  de la comisión de un delito.

83

• Para ser considerado el actor civil el agraviado
  o perjudicado debe constituirse expresamente como
  tal.
• Se le reconocen una serie de derechos procesales,
  tales como
• Intervenir en el proceso previo apersonamiento.
• Ser informado de los resultados del proceso
• Formular solicitudes probatorias.
• Ser escuchado antes de cada decisión.
• Participar en el juicio y presentar alegaciones
  orales y escritas.
• Presentar los recursos a que hubiere lugar.

84

• EL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE
• Equivale a una responsabilidad indirecta cuando
  la reparación civil recae sobre persona ajena al
  hecho, que no ha tenido participación en el
  delito, pero que tiene una especial vinculación
  con el autor.
• El tercero civilmente responsable es la persona
  natural o jurídica que sin haber participado en
  la realización del delito tiene que asumir sus
  consecuencias económicas. Sobre él recae la
  pretensión de resarcimiento en forma solidaria
  con el condenado.
• La calidad de tercero civil debe ser declarada
  formalmente por el Juez.
• Frente a la víctima la responsabilidad es
  solidaria. En cambio entre los obligados es
  subsidiaria, es decir, el tercero es citado por
  una posible insolvencia del responsable directo.